“Si Uruguay avanza en esta iniciativa [la del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para producir y distribuir marihuana], puede ser un modelo para el resto del mundo”. La frase es de la abogada estadounidense Tamar Todd, que ayer disertó en el ciclo “Políticas sobre drogas y regulación de mercados”, organizada por la Junta Nacional de Drogas. Integrante de la Alianza para una Política de Drogas (DPA por sus siglas en inglés) -una organización neoyorquina que impulsa “políticas y actitudes que reduzcan al mínimo los daños tanto del uso como de la prohibición de drogas y promover la soberanía de los individuos sobre sus cuerpos y sus mentes”-, Todd fue invitada a Montevideo para participar en cuatro conferencias en torno al mismo tema.

Temprano, Todd y Hannah
Hetzer -investigadora y coordinadora de proyectos para Latinoamérica de la DPA- se reunieron con el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, y en la tarde estuvieron con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, y los subsecretarios Leonel Briozzo (Salud Pública) y Jorge Vázquez (Interior). También intercambiaron ideas con un grupo de abogados -entre ellos Diego Silva y Leonardo Costa-, y hoy continuarán con la agenda: temprano estarán con organizaciones de la sociedad civil, luego disertarán en el Paraninfo de la Universidad de la República y cierran la jornada con legisladores de la Comisión Especial de Adicciones y su Impacto en la Sociedad Uruguaya.

Para Todd, una de las ventajas de Uruguay en comparación con Estados Unidos es la complejidad del sistema de gobierno federal: la ley nacional estadounidense prohíbe bajo largas penas de prisión el cultivo, consumo y comercialización de marihuana, pero cada estado puede legislar, por su lado, enmiendas que lo permitan en circunstancias especiales.

En 15 estados, por ejemplo, están permitidos el uso y distribución del cannabis para fines terapéuticos, pero los detalles (cantidad mínima que un ciudadano puede portar, sistema de comercialización, posibilidad o no de lucro, otorgamiento de licencias a los privados que pretenden cultivar la planta, control de la publicidad en espacios públicos) varían según cada ley estatal. “Ésta es no sólo una chance de reducir el mercado ilegal, sino también de establecer un liderazgo en el área de seguridad [en el consumo], control de calidad, cultivo amigable con el ambiente y más”. Opinó que los modelos no son extrapolables de un país a otro, y que es importante “adaptar el sistema a las necesidades de la comunidad”, “garantizar el acceso por igual tanto en áreas rurales como urbanas” y complementar las medidas con campañas públicas de información.

“El gobierno federal de Estados Unidos no está directamente vinculado con la producción y comercialización de marihuana”, contó la abogada, y ésa es otra de las diferencias entre el modelo de su país y el que prevé la ley enviada por el Poder Ejecutivo uruguayo. Por fuera de las regulaciones para el uso médico, los estados de Washington, Colorado y Oregon están considerando legalizar la tenencia y el consumo para uso recreativo, y en el caso de los dos últimos, también el autocultivo. Todd detalló además que la nueva legislación prohibirá el consumo a menores de 21 años; los usos médicos, sin embargo, están permitidos para niños de cualquier edad si hay autorización expresa de los padres. La regulación, en la mayoría de los casos, recae sobre las agencias estatales que regulan hoy el tabaco y el alcohol.

Tanto las reuniones con miembros del gobierno como la de hoy en el Paraninfo son parte de un ciclo de cinco instancias, en el que expertos de Holanda, Reino Unido y España abordarán la problemática del modelo actual de regulación y las posibles alternativas.