Cómo los bancos se volvieron un gran obstáculo para la legalización de la marihuana en Uruguay y el resto de América

Los impulsores del proyecto lo vivieron como un gran triunfo: después de una larga serie de obstáculos, Uruguay se convirtió en julio pasado en el primer país del mundo en cultivar, producir y vender marihuana legal para uso recreativo.

El cannabis empezó a venderse en 16 farmacias, marcando un exitoso hito en un proyecto que tardó más de tres años en concretarse, desde que se hizo ley.

Pero solo un mes después, el comercio legal de marihuana corre riesgo de llegar a su fin.

Y no es porque fracasaron las ventas: de hecho se agotó el stock en pocos días y en menos de un mes se vendieron unos 70 kilos de la droga, equivalentes a cerca de US$90.000, según informó la Junta Nacional de Drogas del país.

La amenaza que se cierne sobre este negocio viene de otro lado: de los bancos, que han advertido que no podrán mantener como clientes a quienes se dediquen a la venta de esta droga.

Una farmacia ya anunció que dejará de vender marihuana legal por este motivo.

Pero el problema no es solo de Uruguay. En igual situación se encuentran todos los países donde se aprobaron o se estudian proyectos para legalizar la venta de cannabis y que tampoco pueden bancarizar el negocio.

En Colombia y Argentina, ya se legalizó la comercialización de marihuana para uso medicinal, al igual que en varias partes de Estados Unidos.

Y en ese país, estados como Colorado, Washington, Oregón, Alaska, California, Massachusetts y Nevada también aprobaron el consumo de marihuana para uso recreativo.

Por ello, el dilema que enfrenta ahora Uruguay es visto con interés por muchos.

Qué dicen los bancos

El primer banco que cerró una cuenta corriente de una de las farmacias que vende marihuana legal en la capital uruguaya, Montevideo, fue el Santander.

La institución financiera tomó esa iniciativa cumpliendo con las disposiciones internacionales que previenen el lavado de activos del narcotráfico.

Según los medios locales, el Scotiabank siguió los pasos del Santander y otros bancos evalúan tomar medidas similares.

El problema que tienen estas instituciones es que si bien la actividad es legal en Uruguay, ellos interactúan con otras corresponsalías basadas en países en donde la venta de marihuana es restringida o incluso perseguida.

Tal es el caso de EE.UU., donde el cannabis está catalogado como droga ilegal, en la misma categoría que la heroína, el LSD y el éxtasis.

Incluso el estatal Banco República (BROU) avisó que cerrará todas las cuentas de las farmacias relacionadas a la venta de marihuana e impedirá nuevas aperturas de cuentas vinculadas con este comercio.

El presidente del BROU, Jorge Polgar, explicó que mantener abiertas esas cuentas "provocaría el aislamiento financiero del BROU, y de sus clientes, impidiéndole realizar cualquier tipo de operación con contraparte internacional".

"Quedarían inhabilitadas, por ejemplo, la realización de transferencias, operaciones de comercio exterior, y la compra y venta de valores en el exterior", señaló Polgar.

La decisión de los bancos indignó al actual senador y expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica, autor del proyecto que legalizó la marihuana.

Mujica criticó que se usen normas para combatir el narcotráfico para frenar su iniciativa pionera, que justamente se creó con la intención de competir contra el narcotráfico.

"Yo no quiero creer que el sistema financiero trabaja para el narcotráfico, para las bocas de venta", dijo el exmandatario durante una conferencia de prensa el pasado viernes.

También pidió a la "alta burocracia financiera" que respete "la democracia", ya que la ley que regula el mercado de la marihuana fue aprobada por el Parlamento.

El líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), el sector mayoritario del oficialista Frente Amplio, amenazó con "trancar" el Parlamento si el gobierno no encuentra "una solución".

Por su parte, el presidente Tabaré Vázquez aseguró comprender el malestar de su antecesor y dijo que su gobierno dará "todos los pasos necesarios para que se pueda instrumentar correctamente la ley sin que dañe aspectos comerciales o de inversiones del país".

Encrucijada

Las autoridades prometieron brindar una solución esta misma semana pero su tarea no es sencilla.

Por un lado está el problema del GAFI -o Grupo de Acción Financiera Internacional- que marca los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos.

El organismo exige a las instituciones financieras que verifiquen la identidad de sus clientes y de su actividad comercial.

Uruguay es miembro del GAFI y por ende está obligado a acatar sus directrices.

Después está la disyuntiva de las farmacias que venden el cannabis.

Una ley de inclusión financiera en Uruguay obliga a todos los comercios a bancarizarse para operar y pagar salarios.

Eso limitaría la solución más obvia al problema: usar únicamente dinero en efectivo.

Es el recurso al que apelan muchos en varios estados en EE.UU. que permiten la venta legal de marihuana con fines recreativos, incluyendo a Colorado, el primer estado en todo el mundo que inició el comercio en 2014.

Existe también otro motivo que complica la búsqueda de una solución a la bancarización de este nuevo comercio.

Por lo bajo, algunos admiten que el problema es que es un negocio poco rentable ya que por el momento la producción es escasa, por problemas de distribución.

Las empresas y los comercios vinculados a la marihuana estatal son clientes pequeños y por eso algunos creen que los bancos internacionales no tienen los incentivos necesarios para mantener esos vínculos, arriesgando posibles cuestionamientos legales.

A esto se suma que tampoco es un negocio popular: una reciente encuesta de la consultora Cifra reveló que siete de cada diez uruguayos no está de acuerdo con la venta de marihuana en farmacias.

¿La solución?

Aún no se conoce la propuesta que presentará el Ejecutivo, pero el diario El Observador aseguró que "una de las alternativas que maneja el gobierno consiste en generar un sistema de pagos que sea independiente del sistema financiero".

El especialista en prevención de lavado de activos Ricardo Sabella, autor de la propuesta, explicó que el sistema contempla usar parte del dinero cobrado por la marihuana para convertirlo "en otro tipo de servicios y bienes utilizados dentro de la economía del país".

Es decir, una especie de canje o trueque.

También existe una "iniciativa ciudadana" que se presentó formalmente este lunes y que pide a las autoridades del sistema bancario y del gobierno que negocien con instituciones financieras de EE.UU. que ya trabajan con vendedores de marihuana legal.

Se basan en el último informe del Financial Crimes Enforcement Network, la red contra crímenes financieros (FinCEN), que señala que hay 368 instituciones de depósito que trabajan con negocios relacionados con la marihuana en EE.UU.

No obstante, los críticos señalan que esas instituciones son muy pequeñas y no operan a nivel internacional, por lo que no podrían solucionar el problema de los bancos uruguayos.

Cambiar la ley

Muchos creen que la única solución es que EE.UU. cambie su ley federal y elimine a la marihuana de la lista de sustancias controladas, algo que apoya el gobierno de Uruguay y también muchos en EE.UU. mismo.

Un grupo de legisladores, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, anunció formalmente que buscará aprobar leyes que faciliten el comercio de la marihuana en aquellos estados donde es legal.

No obstante, todas estas iniciativas enfrentarán la oposición del gobierno de Donald Trump, quien ya sostuvo que mantendrá las duras restricciones federales contra el cannabis.

En ese escenario, algunos creen que la mejor alternativa es crear nuevos bancos estatales para manejar el dinero que se genera por la venta de la marihuana legal.

Esta propuesta viene ganando fuerza en California (EE.UU.), donde el cannabis para uso recreativo comenzará a venderse en 2018.

Sin embargo, también esta solución presenta sus problemas, ya que en EE.UU. los bancos -incluso los estatales- son regidos por leyes federales que podrían dejar a cualquier institución que tenga como clientes a vendedores de marihuana legal fuera del sistema de la Reserva Federal.