La ley de drogas de Argentina cumple 30 años este fin de semana, y a pesar de que la Corte Suprema de Justicia recomendó hace una década dejar de perseguir a los usuarios de sustancias psicoactivas con el trascendental fallo Arriola, las estadísticas muestran que hay casi tantos detenidos por tenencia de sustancias o cultivo de cannabis que por comercialización. El ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich es sólo un eslabón más del mecanismo de fondos públicos que en los últimos tres años gastó 122 millones de dólares en perseguir a usuarios de drogas y cultivadores de marihuana, según un informe realizado por RESET, una organización compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, politólogos, licenciados en comunicación y estudiantes.