Negociación de votos en la ONU

Las elecciones a la JIFE comprometen su independencia
Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC)
Comunicado de prensa
19 de mayo, 2009

Un grupo de ONG que trabaja en el ámbito de las políticas de drogas critica el resultado de las recientes elecciones a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU porque el proceso de negociación de votos entre los Estados miembro ha desembocado en la exclusión de algunos de los candidatos mejor preparados y en la reelección de al menos una candidata que no cumple con los criterios exigidos, Tatyana Dmitrieva.

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La sociedad civil se pronuncia

Mike Trace, presidente del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas y ex alto cargo del organismo de lucha contra las drogas en el Reino Unido, señala: ‘Tatyana Dmitrieva ocupa cargos consultivos en el Ministerio de Sanidad ruso y ha utilizado reiteradamente su cargo en la JIFE para apoyar la postura del Gobierno ruso contra el suministro de tratamiento de sustitución de opioides para los consumidores de heroína. Esta postura contradice a los organismos internacionales de sanidad y de fiscalización de estupefacientes –como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Mundial de la Salud– e incluso la postura oficial de la propia JIFE. Nuestros miembros han llamado la atención sobre este hecho a los Estados miembro y a la JIFE pero, a pesar de estas inquietudes, la han vuelto a elegir durante cinco años y, al mismo tiempo, ha sido designada durante un año como vicepresidenta de la Junta.

Martin Jelsma, coordinador del programa Drogas y Democracia del Transnational Institute (TNI), una de las organizaciones miembro del IDPC, señala: 'Estamos consternados por que los países, incluso algunos de los que defienden un enfoque más humano en el ámbito de la fiscalización de drogas, se hayan tomado estas elecciones como parte de un juego de poder en la ONU en lugar de centrarse en los problemas que están realmente en juego en la política mundial sobre las drogas. Se trata de una oportunidad perdida en el intento de acercar a la JIFE a unos principios básicos de derechos humanos y de coherencia con el resto del sistema de la ONU. Los países que han negociado sus votos son responsables de politizar un organismo de la ONU que, en teoría, está formado por un grupo de expertos independientes'.

Contexto

La JIFE es un poderoso comité de la ONU, establecido en virtud de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, que se encarga de evaluar la actuación de los distintos países en la fiscalización de estupefacientes ilegales y el suministro de fármacos con fines médicos. Por lo tanto, su competencia e imparcialidad son fundamentales en el marco de las iniciativas mundiales para desarrollar una política de drogas eficaz y para garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales para el alivio del dolor y el tratamiento de adicciones.

La proximidad de Dmitrieva con el Gobierno ruso socava, sin duda, la independencia y la imparcialidad de la JIFE. Además, su oposición a la prescripción de metadona en Rusia, a pesar de las demostradas pruebas de su eficacia, ponen de manifiesto lo poco idóneo que resulta que sirva en la JIFE.

De hecho, las investigaciones realizadas en muchos países han demostrado, sistemáticamente, la seguridad y la eficacia de la metadona y han establecido que es una de las opciones terapéuticas más eficaces para el tratamiento de la dependencia de los opiáceos. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y ONUSIDA han recomendado, de forma conjunta, que la terapia de mantenimiento –incluida con metadona y con buprenorfina– se integre en los programas nacionales de lucha contra el VIH/SIDA, tanto como medida de prevención contra la epidemia como para apoyar el seguimiento de los tratamientos con antirretrovirales y el seguimiento médico de los consumidores dependientes de opiáceos.

Los principios fundacionales de la JIFE estipulan que los miembros de la Junta son ‘personas que gozan de la confianza general por su competencia, imparcialidad e independencia’. Así, no deberían estar sujetas a lealtades ni a vínculos con ningún Gobierno nacional y, durante su pertenencia a la Junta, no ocupar ningún cargo gubernamental oficial.

Para más información:
Claudia Rubin
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Teléfono: +44 207 749 4037

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