“Yo no soy narcotraficante. En mi poder encontraron 400 gramos de cocaína y eso fue porque alguien me ofreció pagar $100 si llevaba el pequeño paquete desde la terminal de Tulcán hasta Quito. Yo sabía que era droga pero necesitaba dinero para comprar medicinas. Ahora pago una pena como si hubiera matado a alguien”.

Es el testimonio de Colver, un orense de 35 años, quien desde hace uno cumple una condena de seis años en el penal García Moreno, de Quito, por transporte de sustancias ilícitas.

El orense cree que la pena que le dieron es exagerada porque él jamás había caído preso y peor aún había estado relacionado con drogas.

Para el Ministerio de Justicia la actual Ley 108 que trata sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, vigente desde 1990 en Ecuador, impone penas a los acusados que no guardan relación con la magnitud del crimen cometido.

Por ello, esta cartera de Estado busca la derogatoria de esa Ley de Drogas y trabaja en la construcción de un cuerpo legal que vea al tema como un problema de salud pública, como señala el artículo 364 de la Constitución. Para el Ministerio de Justicia este problema debe ser tratado de forma integral y no solo desde la parte legal como hasta el momento ha venido manejándose.

Jorge Paladines, asesor del Ministerio de Justicia, quien colabora en la elaboración del nuevo documento, sostiene que el diagnóstico actual del tema de drogas en el país inspira una reforma urgente e integral.

Explica que cerca del 50% de la Ley de Drogas vigente está dedicada a la parte sancionadora o punitiva del comportamiento y deja de lado aspectos como la prevención, educación y rehabilitación. Además, cree que las penas por este delito son desproporcionadas y no diferencian al traficante menor o mula del narcotraficante.

“En la Ley de Drogas la pena por tráfico ilícito, tenencia o transporte de drogas es de 12 a 16 años, mientras que en el Código Penal se castiga a un acto de terrorismo con una pena de 4 a 8 años, al secuestro express de 3 a 6 años y al homicidio simple con una pena de 8 a 16 años”, dice el asesor.

“En el país se asume que es más grave llevar un paquete de cocaína que matar a un ser humano”, aclara Paladines.

Según el asesor del Ministerio de Justicia, el 40% del total de internos que se encuentran en los 34 centros de rehabilitación social del país (17.425 personas privadas de su libertad hasta julio del 2010) corresponde a individuos que han cometido delitos ligados al tráfico ilegal de drogas. Colver pertenece a ese porcentaje.

Explica que la reforma legal que impulsa la cartera de Justicia maneja tres ejes: la administración y gestión de los bienes comisados, la prevención y el control; y la parte punitiva o de sanción.

El primer punto busca que exista la diferencia entre bienes que son parte de un proceso de drogas y aquellos que son producto de una sentencia para un mejor manejo. A través del segundo eje pretenden educar, tratar y rehabilitar a las personas que incurren en el tema de drogas; además, proyectan controlar a todos los institutos de tratamiento para drogadictos, entre otros.

El último eje apunta a incorporar con proporcionalidad los temas legales de la Ley de Drogas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y al Código de Penas, ya que hoy en día las normas por droga están fuera de estos cuerpos legales.

Para la ex directora del penal García Moreno, Itania Villarreal, el planteamiento de proporcionalidad en las penas tiene lógica, pero critica que el Ministerio de Justicia tenga la política de solamente hacer saber a la sociedad de sus propuestas y no de convocar para aportar en los temas.

Villarreal señala que es importante ubicar en la realidad las penas, aunque dice que de nada sirve si no hay cárceles apropiadas en donde se rehabiliten, si no hay planes de inserción a largo plazo o no existen funcionarios judiciales preparados para aplicar las leyes.

La presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, María Paula Romo (PAIS), destaca que la única reforma importante a la Ley de Drogas es la eliminación de la caducidad de la prisión preventiva.

En esa medida cree que es necesario un cambio para ajustar la desproporcionalidad de las penas en el tema de drogas, ya que lo que existe lo califica como violación constitucional.

Recuerda que en el 2008 la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi identificó esa deficiencia en el sistema y aprobó un indulto que benefició a 2.221 personas que estaban recluidas por el transporte de hasta 2 kilos de estupefacientes.

“En ese momento encontramos casos de personas detenidas con 15 gramos de marihuana y que tenían 16 años de cárcel. Lastimosamente eso aún existe, ya que nuestro sistema judicial no detiene a los grandes traficantes, sino que es más sencillo poner en la cárcel a quien se le encontró con drogas en el bolsillo, en la maleta. Ahí no hay ninguna investigación que hacer; desmantelar una banda dedicada al narcotráfico requiere un trabajo fiscal y judicial mucho más importante”, señaló.

Tanto Paladines como Romo coinciden en que el sistema actual ha criminalizado la pobreza. Ambos indican que el 99% de los reos por delitos de droga son de escasos recursos económicos y que tan solo el 1%, individuos fuertes en tráfico.

Romo insiste en que no es que se está proponiendo que el pequeño tráfico de drogas ya no sea un delito, sino que exista proporcionalidad de la pena con la participación de la persona en el hecho.



Detalles: Delito

En la región
El peruano Ricardo Soberón, del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos (Ciddh), afirma que el camino que sigue el Ecuador en materia de drogas puede ser un hito en los hechos que suceden en la región. Acota que es imprescindible darle un criterio de proporcionalidad al sistema penal en el tema de drogas.

Proporcionalidad
El penalista Hugo Oña dice que sin perder la perspectiva de lo peligroso que es traficar con drogas, hay también que considerar que hay un alto porcentaje de involucrados en este delito que son de nivel económico bajo. Por ello, sostiene, hay que buscar la proporcionalidad en las penas.

Proteccionista
Oña señala que una visión proteccionista de los derechos humanos jamás será mala, “pero ojo con dejar de sancionar un acto, que con o sin voluntad, puede afectar a la sociedad o dejar que los narcotraficantes inventen estrategias para seguir utilizando a gente pobre en sus actividades”.