Los 'mitos' del Procurador en política de drogas

Crítica al libro ‘8 mitos de la legalización de las drogas’, presentado por la Procuraduría.

Juan Carlos Garzón Vergara *
17 de septiembre de 2014 - 03:42 a. m.
Crítica al libro ‘8 mitos de la legalización de las drogas’, presentado por la Procuraduría.
Crítica al libro ‘8 mitos de la legalización de las drogas’, presentado por la Procuraduría.

La semana pasada la Procuraduría realizó el Foro “Internacional” sobre Política de Drogas, evento que sirvió para presentar el libro 8 mitos de la legalización de las drogas, un texto de más de 250 páginas —hecho con recursos públicos— con el cual se pretende “derribar” los “mitos” en los cuales se basa la reforma a la política de drogas.

Desmentir cada una de las afirmaciones que contiene el libro requeriría un esfuerzo proporcional al cúmulo de falsedades y distorsiones que plantea la publicación, por lo que este artículo se detendrá en cinco “mitos” que el procurador ha señalado de manera más vehemente.

El libro es sobre todo una colección de citas de decenas de estudios sobre la materia, con los cuales pretende respaldar sus afirmaciones. El problema es que esta evidencia ha sido intencionalmente seleccionada para respaldar un prejuicio. El sesgo se nota y no hay indicios de que el autor haga nada por evitarlo.

Para comenzar, el libro basa su título en una falsa premisa: que quienes impulsan la reforma buscan la “legalización” de todas las drogas (primer mito). La mayoría de quienes reclaman un cambio en la política de drogas abogan por la “regulación”, es decir, la aplicación de diversos controles que tengan en cuenta el nivel de riesgo de cada droga.

La regulación no busca promover mercados legales libres, con acceso irrestricto y una oferta sin controles, sino mercados regulados; no en las manos de las organizaciones criminales o empresas comerciales, sino del Estado. Bajo este marco, la figura de la cocaína al lado de las chocolatinas en el supermercado no es más que un eufemismo para respaldar los llamados de alerta de quienes se oponen al cambio.

El segundo gran error (segundo mito) es asumir que quienes impulsan el cambio lo hacen porque piensan que las drogas son inofensivas. Está claro, ninguna droga es inocua; su uso puede tener efectos colaterales y producir daños. Tal como lo afirma la Comisión Global de Drogas: “Se debe buscar la regulación de las drogas porque son riesgosas, no porque son seguras”. Aquí el asunto importante es que no todas las drogas tienen el mismo nivel de riesgo ni producen los mismos daños.

En este sentido, uno de los principales problemas de la publicación es que crea los “mitos” que pretende desmontar. De esta manera sucede con el presunto carácter inofensivo de la marihuana que, según el autor, promueven quienes abogan por su regulación (tercer mito). Será difícil encontrar un experto que afirme que bajo ninguna circunstancia el cannabis puede tener consecuencias negativas. Lo que la literatura disponible demuestra es que sus consecuencias perjudiciales son mayores cuando se consume durante la adolescencia y cuando su uso es intenso y frecuente; en otras palabras, descontrolado. Pero justamente estas son las situaciones que busca evitar la regulación y que no ha podido evitar la prohibición.

Un cuarto mito que pretende desmontar la publicación se encuentra en la idea de que “despenalizar o legalizar” las drogas no aumentará el consumo. En el caso de Colombia, el procurador Ordóñez identifica las dos sentencias de la Corte Constitucional en las que se despenalizó el porte y uso de la dosis mínima (1994 y 2012) como gatillos que dispararon el consumo.

Esta hipótesis no sólo resulta insostenible, sino que es una afirmación temeraria. Tal como lo señala el informe de la Comisión Asesora para la Política de Drogas Lineamientos para una política pública frente al consumo de drogas, un seguimiento cuidadoso de los datos disponibles de 1992 hasta 2012 muestra que la sentencia de 1994 no tuvo ningún impacto en el uso de drogas.

En todo caso, no hay evidencias para afirmar que la despenalización ha tenido un efecto en el crecimiento del consumo. Las evaluaciones disponibles en Portugal muestran que, si bien hubo un pequeño aumento del consumo local, el problemático cayó notoriamente. En Holanda, estudios muestran que el factor más relevante para predecir el consumo es el número de lugares de venta de droga y no la libertad para usarla. En Estados Unidos, la evidencia muestra que la tendencia en el consumo en los estados que han permitido el uso medicinal de la marihuana sigue los mismos patrones que en aquellos que prohíben cualquier forma de uso.

El libro además contiene un error grave de cálculo y apreciación (quinto mito). De acuerdo con el procurador, “si no se hubiera bajado el ritmo de erradicaciones (incluyendo la aspersión), los cultivos estarían casi erradicados”. Para comenzar, es importante releer el estudio realizado por Daniel Mejía, en el cual demuestran que el mayor impacto en la producción se dio a partir del año 2007, con el cambio a más interdicción y menos erradicación. Adicionalmente, en 2013, el Ministerio de Justicia y del Derecho generó un modelo para simular qué pasaría si se continuara con el esfuerzo actual con más erradicación y fumigación —sin afectar las otras variables—, el resultado: la producción permanecería estable o se incrementaría.

En todo caso, habría que recordar que la aspersión y la erradicación forzada se han detenido en algunos territorios, no por una conspiración entre el Gobierno y la guerrilla para obtener ganancias que luego se “lavarán” tras la firma de los acuerdos —como sostiene el procurador—, sino por la confluencia de varios factores: riesgos de seguridad para los pilotos y los erradicadores, difíciles condiciones climáticas, la tensión social en comunidades que ven cómo el Estado fumiga pero no llega y los altos costos que implica esta estrategia.

Como afirma Daniel P. Moynihan, “cada uno tiene derecho a tener su propia opinión, pero no sus propios hechos”. Pues bien, la Procuraduría ha construido sus propios “mitos” y “hechos”, dando una valiosa lección de cómo no se debe escribir un informe en contra de la reforma a la política de drogas. Esperemos que quienes se oponen al cambio no sigan el mal ejemplo, y den esta discusión de manera balanceada y con seriedad.

 

 

 

@JCGarzonVergara

 

* Politólogo de la U. Javeriana, con maestría en Estudios Latinoamericanos de Georgetown University, Global Fellow del Woodrow Wilson Center y codirector del proyecto “Crimen organizado y economías criminales” del Centro de Estudios Latinoamericanos de Georgetown University.

Por Juan Carlos Garzón Vergara *

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