Drogas, seguridad y cooperación
¿Qué hay de nuevo en el caso colombiano?
Diciembre de 2009
La política antidroga del Gobierno del presidente Uribe desconoce las condiciones socioeconómicas que están en la base de la participación de comunidades campesinas en la producción de materia prima para elaborar sustancias psicoactivas ilegalizadas. Este informe analiza también la problemática colombiana de la producción y tráfico de drogas en el contexto de la estrategia de seguridad que aplica Washington en Latinoamérica.
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El problema de las drogas en Colombia se entrelaza con factores estructurales de orden social, económico, institucional y cultural que han propiciado su consolidación a lo largo de los últimos treinta años. Así mismo, ha adquirido connotaciones aún más complejas en su interrelación con el conflicto armado, sobre todo en las últimas dos décadas. No obstante, la política antidrogas, especialmente bajo las administraciones de Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010), se ha incorporado como parte integral de una solución de fuerza para el conflicto interno, con consecuencias graves frente a las condiciones socioeconómicas que están en la base del involucramiento de comunidades campesinas e indígenas en la producción de materia prima para elaborar sustancias psicoactivas ilegalizadas.
De otro lado, el narcotráfico y diversas economías ilegales se han ido consolidando a través de un proceso de reconfiguración del Estado y de cooptación de su institucionalidad, dentro de una dinámica de legitimación de elites provenientes de actividades criminales, situación que se puede constatar en varias regiones del país. Las actuales políticas estadounidenses de cooperación para Colombia desconocen esa dimensión estructural del problema de las drogas.
Finalmente, en el actual marco de seguridad global y de las estrategias para la región latinoamericana, las drogas siguen siendo un punto relevante dentro de las amenazas identificadas por Washington. En consecuencia, sigue prevaleciendo un enfoque de seguridad frente a las drogas, detrás del cual se agazapan otras pretensiones como el acceso a recursos naturales estratégicos. Bajo ese contexto, el territorio colombiano se reitera como plataforma para un escenario de control de la seguridad regional.
Conclusiones & Recomendaciones
- La cooperación debería auscultar más a fondolos factores estructurales que contribuyen areproducir los mapas de la economía de las drogas. Si el acceso a la tierra es uno de esos factores, se debería exigir que la extinción de dominio de los bienes incautados al narcotráfico se canalice en defensa y fortalecimiento de las economías campesinas y los territorios colectivos de las comunidades afro colombianas e indígenas.
- El Gobierno colombiano debería revisar los alcances estratégicos del actual modelo de regionalización que se basa en los resultados de la ofensiva de las fuerzas del Estado y su consolidación. Una acción más contundente contra el narcotráfico parte del reconocimiento de la existencia de elites regionales ilegales que han cooptado una gran parte del Estado si no toda la institucionalidad local.
- La producción y tráfico de drogas podría enfrentarse más eficazmente si se impidiera el afianzamiento de órdenes y arreglos locales dominados por elites regionales ilegales y poderes tradicionales cercanos al narcotráfico. Para ello, se deberían crear veedurías que observen la vigencia del Estado social de derecho, la defensa de la justicia y el fortalecimiento del control ciudadano.
- Un afianzamiento de las bases militares como parte de la cooperación de EEUU contra el narcotráfico se ha revelado como una medida contraproducente en términos de la estabilidad regional. Una acción mancomunada de los países de la región, coordinados por una entidad regional como UNASUR podría desempeñar un papel más constructivo.
