Hoy está más claro que nunca que la llamada “guerra contra las drogas” ha fracasado. En los Estados Unidos el consumo reciente se ha mantenido estable, mientras que en otras partes del mundo, incluyendo a América Latina, ha aumentado de modo significativo. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la producción potencial de cocaína no ha variado mucho en los últimos años. Mientras tanto, la amenaza del crimen organizado y la violencia asociada se incrementan incesantemente en toda la región.

Aun así, hay ciertos sectores que continúan fuertemente vinculados al presente enfoque y buscan evitar cualquier discusión sobre otras alternativas, temerosos de abrir una “caja de Pandora” que pudiera resultar en la terminación del apoyo de los Estados Unidos a la “guerra contra las drogas”. En el Perú, la sola advertencia de que la política de erradicación forzada necesita ser reconsiderada generó un torrente de críticas, no obstante la evidencia clara de que el cultivo de coca se ha incrementado sostenidamente a pesar de la erradicación sostenida.

El Gobierno de Ollanta Humala ha propuesto promover el desarrollo medioambientalmente sostenible en las regiones donde se cultiva la hoja de coca. Este enfoque está, de hecho, en línea con una creciente cantidad de evidencia que señala que la erradicación forzosa es contraproducente y que mejores resultados se pueden obtener por el camino del desarrollo económico.

Un nuevo enfoque

Una vasta mayoría de quienes cultivan hoja de coca son agricultores pobres y a pequeña escala, de modo que la rápida destrucción de una de sus principales fuentes de ingreso exacerba su pobreza y refuerza antes que disminuir su dependencia de este cultivo. Las regiones donde prospera el cultivo de la coca se caracterizan por la extrema pobreza, la falta de presencia del Estado, una limitada infraestructura física y escaso acceso a servicios básicos, a lo cual  se suman a menudo diversos conflictos.

Los cultivos de coca complementan una actividad agrícola de subsistencia, y con frecuencia el ingreso proveniente de tales cultivos es la única fuente de dinero en efectivo para las familias. Si su cultivo comercial clave es destruido sin contar con otras alternativas económicas viables y establecidas, lo más probable es que vuelvan a cultivar coca o amapola. En estas circunstancias, la erradicación forzada impulsa el retorno a los cultivos ilícitos y la dispersión de éstos.

Estudios de Naciones Unidas han cuestionado directamente la efectividad de la erradicación forzosa. Una evaluación de la ONUDD concluyó que “hay escasa evidencia de que la erradicación reduzca el volumen de drogas [sic] cultivadas en el largo plazo —los cultivos de drogas se mudan, las tecnologías de producción evolucionan, y la producción total disminuye muy lentamente, si acaso decrece”—. Otro informe encontró “escasa evidencia de que la erradicación reduzca los cultivos ilícitos en el largo plazo”. Según el ex Director de la ONUDD: “La erradicación es muy costosa. Se gasta una ingente cantidad de dinero y se consigue muy poco”. Asimismo, el Banco Mundial señaló que, a menos que mecanismos de subsistencia alternativos “ya estén establecidos, la erradicación prematura puede alienar a las poblaciones afectadas y dañar el medio ambiente para el desarrollo rural”. Y la Unión Europea (UE) considera que “a menos que se cuente con medios de vida alternativos, [la erradicación forzada] podría socavar las soluciones sostenibles y de este modo frustrar el logro de sus metas”.