La respuesta del ministro de Justicia holandés, Ivo Opstelten, a los 25 alcaldes que habían solicitado permiso para experimentar con el suministro regulado de cannabis a los coffeshops fue un claro NO. En carta al Parlamento el ministro dijo que “ya basta de insistir porque eso no va a suceder”. El ministro, quien no se ha caracterizado precisamente por su espíritu tolerante, ha hecho caso omiso de los argumentos que demuestran el fracaso de los esfuerzos del Gobierno para poner en cintura las políticas para el cannabis.

Para los alcaldes la actitud del ministro es una negación insultante de su lucha con los dilemas de políticas orientadas al beneficio de la salud pública local y la seguridad. Unos de los alcaldes declaró en un discurso: “La persistencia del ministro de Justicia en no regular pone a los delincuentes en el mapa, es una amenaza para la salud pública, y representa un grave riesgo para la seguridad”. Otro alcalde dijo que el “ministro parece sordo y ciego a … los argumentos de los expertos, a la actitud de los electores y los acontecimiento de otros países. En esta materia 2014 deberá ser el año en el que lo imposible se haga posible. Si no hay cambio en la Haya, nos toca a nosotros tomar la iniciativa, comenzando nosotros mismos, por ejemplo, plantaciones de marihuana con el apoyo de expertos y empresas…”.

Los alcaldes cuentan con el apoyo de los resultados de las encuestas de opinión. Una encuesta de  diciembre, poco después de la adopción de la ley uruguaya que permite el cultivo y la distribución regulada legalmente en ese país, reveló que el 65 por ciento de los holandeses apoya la regulación incluyendo el 65 por ciento de los que votaron por el VVD el partido mayoritario del Gobierno del cual hace parte el ministro Opstelten. Si los partidos tomaran en cuenta a sus electores, habría en el Parlamento una mayoría a favor de la regulación del cannabis.

¿Por qué se opone a la regulación?

El ministro insiste en que “la regulación no es una solución”. Su principal argumento es que el 80 por ciento de la producción nacional de cannabis es para la exportación, de modo que la regulación local no haría desaparecer la criminalidad. El ministro fundamenta esta cifra en un informe de la Policía que reconoce claramente que no se conoce la verdadera extensión de la producción holandesa de cannabis, la cual podría estar entre 187 y 1.196 toneladas, lo que en términos estadísticos quiere decir que “no tenemos ni idea”.

Respecto a las ventajas fiscales de la regulación, el ministro dice que “esto es un malentendido” pues la legislación europea no permite el cobro de impuestos sobre productos prohibidos, pero no se refiere a cómo este “malentendido” ha sido tenido en cuenta por el Ministerio de Finanzas, según el cual una descriminalización de las drogas suaves produciría unos 260 millones  de euros al año en impuestos.

Otro argumento importante que esgrimen los alcaldes – y que el ministro desecha –  es el de que la regulación del cultivo permitiría controlar la calidad y niveles de THC y CBD en beneficio de la salud pública. Lo cierto es que el argumento de la protección de la salud pública sobre el cual se basa la política holandesa para el cannabis quedó bastante desprestigiada después de la decisión política tomada hace unos años por el gabinete ministerial que puso el cannabis bajo el control del ministerio de Seguridad y Justicia y ya no más bajo el ministerio de Salud, dejándole a este último solamente los temas relacionados con adicción. ¡Cómo pudo producirse un cambio tan fundamental en la política de drogas sin la participación del Parlamento! Esto es un misterio.

Aspectos jurídicos

Según el ministro los experimentos que proponen los municipios no son posibles debido a las obligaciones de los Países Bajos con los tratados de drogas de la ONU. Pero después de los casos de Uruguay y de Colorado y Washington en los EE.UU., este argumento es insostenible jurídicamente. Nosotros en el TNI siempre hemos pensado que éste es precisamente el momento de impulsar una revisión de los tratados cuya base se estableció hace más de 50 años con la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, hoy irremediablemente obsoleta.

Puesto que una revisión de los tratados no es tarea fácil, es importante valerse de todos los medios para maniobrar e interpretar el texto de los tratados al máximo. En concordancia con los tratados, los Países Bajos han tipificado como delito el cultivo, venta, posesión, etc. del cannabis, pero han utilizado también el principio de oportunidad para no aplicar una persecución activa de las personas involucradas en esos delitos. Esto creó en el país una práctica tolerada dentro de la cual se desarrolló el sistema de los coffeshops.

La imperfección de este sistema que creció dentro de los limitados márgenes legales del sistema de tratados de la ONU estuvo clara desde el principio, y hoy día la hipocresía de la puerta de atrás ya ha llegado a su límite. Pero el país puede optar por varias salidas: 1) la ampliación de la tolerancia al cultivo, como propone la mayoría de los alcaldes; 2) los clubes sociales de cannabis al estilo de los que funcionan en España. Con esta intención la municipalidad de Utrecht ha solicitado al ministerio de Salud una exención de la Ley del Opio; 3) la regulación legal completa de la producción y distribución al estilo de Uruguay y de los estados de Colorado y Washington. Esta opción está en conflicto con las normas de los tratados internacionales y por lo tanto requiere de una iniciativa en el ámbito del derecho internacional para resolver este conflicto legal; y 4) la ampliación del “uso médico”, hoy extendido en algunos estados de Estados Unidos. Esta última opción introduciría una nueva forma de hipocresía que afectaría seriamente la integridad de los programas médicos existentes.

Una mayor flexibilidad del régimen de los tratados con respecto a la posesión y cultivo para uso personal es fundamental para la argumentación jurídica de la propuesta de Utrecht de un experimento basado en el modelo español de los clubes sociales de cannabis con cultivos colectivos para consumo personal. La ONU no contradice el fundamento legal de los clubes sociales gracias a la flexibilidad prevista en el artículo 3 párrafo 2 de la Convención de 1988. Obviamente el ministro de Justicia se ha pronunciado reiteradamente contra esta propuesta.

Continuar con la hipocresía

Aunque el ministro Opstelten dice que “… el marco legal en el ámbito de la droga que han suscrito los Países Bajos no permite el suministro a los coffeshops, tampoco como experimento…”,  al mismo tiempo suaviza su posición al respecto añadiendo que de todos modos  “no se va a comprometer el suministro  a los coffeshops”.  Así que mientras por un lado el ministro pide un endurecimiento de las medidas contra los cultivos ilegales de cannabis, por el otro promete que éstas no van a ser tan eficaces como para poner en peligro el suministro a los coffeshops.

Algunos parlamentarios le preguntaron al ministro si no sería mejor regular y poner bajo control estatal la parte de cultivo de cannabis necesaria para los coffeshops, quitándole así al menos esa parte a los criminales. Como respuesta el ministro echó mano una vez más del argumento de las supuestas restricciones de los tratados de la ONU, ello precisamente en momentos en que Estados Unidos y América Latina ya habían dado de hecho ese paso. Un país como Holanda que ha sido vanguardia en estos temas desde hace décadas se sitúa ahora detrás de estos avances e iniciativas internacionales, en vez de apoyar a esos países y ver la manera de tratar de resolver juntos los problemas.

La manera como un solo ministro, con su obstinación, ha monopolizado la política para el cannabis en Holanda, oponiéndose frontalmente a las autoridades locales y a las recomendaciones de expertos en la materia, yendo contra la corriente de las tendencias internacionales,  es inaceptable. Ya es hora de que el Partido Socialista, que hace parte de la actual coalición de Gobierno y es por tanto co-responsable de la política de este ministro, y también todos los que en el Parlamento piensan diferente al ministro tiren la señal de alarma.

La desobediencia de los alcaldes puede ayudar a hacer avances importantes y cuenta con un amplio apoyo público y político en el país y en el extranjero.

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*Versión resumida y traducida al español por Amira Armenta del artículo "Minister Opstelten en de burgemeesterlijke ongehoorzaamheid" de Martin Jelsma.