Este informe presenta un resumen de buenas prácticas en reformas legislativas de drogas de todo el mundo, que representan un alejamiento del modelo represivo de la tolerancia cero y un avance hacia políticas de drogas más humanas y fundamentadas en pruebas empíricas. Los ejemplos reflejan las lecciones aprendidas en la práctica con la aplicación de enfoques menos punitivos y su impacto en los niveles de consumo de drogas y los daños asociados sobre los individuos y la sociedad.

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El informe confronta las temas siguientes:

• Descriminalización de los consumidores de drogas
• Alternativas a las penas de prisión 
• Proporcionalidad de las penas
• Reducción de los daños y reforma de las leyes en materia de drogas
• Reclasificación de sustancias

La supresión de las sanciones penales por la tenencia de drogas no conduce a un aumento significativo del consumo de drogas ni de los daños asociados con éste. La criminalización de los consumidores los aleja de los servicios sanitarios por temor a ser arrestados, los aboca a las sombras y los encierra en prisiones que funcionan como escuelas de delincuencia. Este círculo desbarata vidas enteras con mayor crudeza que la farmacodependencia en sí y disminuye las posibilidades de recuperación. Lo mismo puede decirse de la forma en que son tratados los consumidores de drogas cuando cometen delitos no violentos contra la propiedad para financiar su hábito.

En lo que se refiere a los delitos de tráfico ilícito, los pocos ejemplos que existen en que se hayan bajado notablemente la severidad de las penas para los eslabones más bajos de la cadena merecen toda la consideración y el debate internacional para compartir y perfeccionar el pensamiento actual sobre la delimitación de los niveles de comercio y la proporcionalidad de las sentencias. Hay numerosos argumentos para defender la conveniencia de revisar sustancialmente las directrices de enjuiciamiento, reduciendo las penas de las personas implicadas en los niveles más bajos, sin responsabilidad organizativa, de escasas ganancias y vinculadas al mercado ilícito por necesidades económicas. Las pruebas existentes indican que las sanciones más severas no sirven como medida de disuasión y que no tienen ningún impacto perceptible en la forma en que funciona el mercado ilícito. De hecho, las pruebas disponibles vinculan las sentencias severas con una mayor reincidencia. Rechazar este enfoque punitivo y que suele tener motivaciones políticas permitiría además ahorrar una enorme cantidad de recursos.

Por otro lado, no hay pruebas de que los enfoques más flexibles en la política sobre cannabis se hayan traducido en un mayor nivel de consumo. Si las políticas se hubieran basado en pruebas fehacientes, en lugar de verse legalmente maniatadas por las convenciones de la ONU, la legislación de fiscalización del cannabis habría experimentado, sin duda, cambios más radicales. La necesidad urgente de activar experimentos con modelos para organizar un mercado de cannabis legal y regulado se hace evidente cuando se tiene en cuenta que el mercado del cannabis representa, aproximadamente, la mitad del comercio mundial de drogas ilícitas, dentro del que entrarían todas las ganancias delictivas, la violencia y la corrupción, así como los recursos de la aplicación de la ley destinados – infructuosamente – a eliminarlo. Los países que deseen que este mercado deje de estar en manos delictivas deberían invertir tiempo y esfuerzos en experimentar. Los que prefieran mantener el statu quo de estricta prohibición del cannabis pueden seguir haciéndolo, de la misma forma que muchos países islámicos mantienen una estricta prohibición del alcohol.

A pesar de la imagen de estricta prohibición en el ámbito federal en los Estados Unidos, lo cierto es que algunas de las buenas prácticas de descriminalización del cannabis y de reducción de los daños se han puesto en marcha en este país a escala local y estatal. Aunque los Estados Unidos han exportado con gran éxito su modelo punitivo de tolerancia cero al resto del mundo, el Gobierno federal la ha tenido muy difícil para aplicar su propia política en su propio territorio. A pesar de las importantes diferencias entre distintos condados y ciudades, el “modelo californiano”, que exime de sanciones penales el consumo de cannabis con fines medicinales y permite a los usuarios “poseer, cultivar y transportar” cannabis siempre que se emplee con fines  terapéuticos y cuente con receta médica, se ha convertido en algo cercano a la legalización de facto.

El cambio de paradigma de la tolerancia cero a la reducción de los daños se ha traducido en una mayor diversidad de opciones de tratamiento, una menor estigmatización de los consumidores de drogas, una mejor prevención de enfermedades y casos de sobredosis, y una disminución de la delincuencia. Pero este modelo, concebido originalmente como una respuesta al consumo de heroína inyectada y al contagio del VIH, no se puede extrapolar sin más a América Latina, donde el consumo de drogas por vía intravenosa sólo es motivo importante de preocupación en México (heroína) y Brasil y Argentina (cocaína).

En el escenario latinoamericano, un cambio de paradigma de este tipo se debería centrar en la reducción de los daños para estimulantes inhalados o fumados (crack/paco y pasta base de coca) y no tanto con opiáceos inyectados. La clase de experimentos desplegados en Brasil, Canadá y los Estados Unidos se merece una seria consideración sobre su posible expansión al resto de América Latina. La reducción de los daños también se debería aplicar a otros problemas sociales, especialmente a la reducción de los niveles de violencia relacionada con las drogas, que es una de las principales preocupaciones en América Latina. En este sentido, cabría también sopesar una aplicación más generalizada de las lecciones aprendidas con la operación Alto al fuego implementada en Boston.

Una lista más racional de sustancias psicoactivas según sus riesgos sanitarios, una mejor interpretación de la diversidad de los submercados de las drogas y la diferencia entre uso recreativo y patrones más problemáticos de consumo deberían servir como pilares para desarrollar una respuesta normativa más adecuada. Últimamente, dos equipos científicos han intentado desarrollar una escala racional para evaluar la nocividad de distintas drogas, estudiando su toxicidad (daño físico agudo o crónico), su potencial de dependencia y los daños sociales a escala individual, familiar y del conjunto de la sociedad.

Los cambios en las prácticas legislativas que hemos repasado en estas páginas son una prueba indiscutible de que un nuevo paradigma del control de drogas está empezando a consolidarse en reformas legislativas de todo el mundo. El consumo de drogas se ve cada vez más como una cuestión que atañe fundamentalmente a la salud pública y los objetivos normativos están alejándose de la meta utópica de una sociedad sin drogas hacia metas más alcanzables de reducción de los daños y disminución de la violencia relacionada con las drogas. El respeto de los derechos humanos y la proporcionalidad de las sentencias al aplicar la legislación sobre drogas se están convirtiendo en elementos básicos de un creciente número de países.

Las tendencias actuales están generando contradicciones legales con respecto a las obligaciones estipuladas en los tratados de la ONU. Las tensiones y puntos de discordia resultantes sólo se intensificarán si no se da un nuevo giroal modelo de tolerancia cero consagrado en las tres convenciones. Y para poder seguir desarrollando estas prometedoras reformas legislativas, es imprescindible contar con un mayor margen de maniobra.