Finalmente el Gobierno y las FARC llegaron a un acuerdo en el punto tres, sobre solución al problema de las drogas. Hasta ahora este ha sido criticado por parecer oportunista. Para algunos analistas este sería un salvavidas del grupo guerrillero para la campaña del candidato presidente.

Sin embargo, más allá de cómo pueda o no ser usado políticamente, el acuerdo tiene una gran importancia para el país y para la construcción de la paz, pues logra avanzar en aspectos sustantivos que son claves para Colombia. Hay al menos tres elementos que vale la pena resaltar.

En primer lugar, las partes reconocen algunas de las principales falencias de las políticas de drogas que el país ha adoptado en los últimos 50 años. Por ejemplo, aceptan que dichas políticas han tenido impactos desproporcionados en los eslabones débiles de la cadena de las drogas, y de manera particular en los campesinos que se han dedicado al cultivo y producción por no encontrar alternativas económicas; y en los usuarios, que en la práctica siguen siendo perseguidos y criminalizados de manera severa por el simple hecho de portar para consumir.

El segundo elemento clave del acuerdo es que va más allá de reconocer algunos de los problemas de las políticas actuales, y apunta hacia la adopción de enfoques alternativos a partir de los cuales dichas políticas deberían ser modificadas.

Así, frente a los cultivadores, el acuerdo le apuesta a una sustitución de cultivos estructurada, participativa y voluntaria, en la que el actor clave sería el campesinado y tendría por tanto una base fuertemente comunitaria. Esto constituye un nuevo enfoque en la política frente al cultivo y producción, que implicaría pasar de enfatizar en la represión y la erradicación forzosa, a hacerlo en el desarrollo alternativo y la concertación.

Su resultado más relevante a corto plazo debería ser la eliminación de la fumigación aérea que tanto ha perjudicado el medio ambiente y la salud de las poblaciones de las zonas asperjadas, lo cual sería en sí mismo un gran avance en la política nacional frente a las drogas.

En relación con los consumidores, el acuerdo le apuesta a desarrollar políticas de Estado que permitan garantizar prevención, atención integral e inclusión social. Esto implicaría dos avances significativos. Convertir los esfuerzos frente al consumo en un asunto del Estado que recibiría respaldo institucional y buena financiación. En la actualidad, la reducción de la demanda solo recibe cerca del 4 % del presupuesto nacional antidroga, y por eso el componente que se ocupa de la salud de los usuarios sigue siendo la cenicienta de las políticas de drogas. Y además, enfatizar que el consumo de drogas de uso ilícito es un asunto de salud pública. Esto debería llevar a reducir el componente represivo de la respuesta del Estado a los usuarios y mejorar la oferta en salud y reducción de daños.

En tercer lugar, las partes reconocen que la producción y tráfico de drogas de uso ilícito, sin ser una causa del conflicto armado interno, ha jugado un papel importante en el mismo en los últimos años. De manera particular, las FARC reconocen que han usado las ganancias derivadas de esta economía ilegal para financiar su lucha política, y se compromete a que en el post conflicto pondrá fin a cualquier relación que pudiera haber tenido con el narcotráfico. Aunque es claro que esta guerrilla no es el único grupo armado al margen de la ley que está involucrado con el narcotráfico, este reconocimiento y el compromiso adquirido son elementos importantes para avanzar en políticas que permitan al Estado enfrentar mejor el tráfico de drogas en el país.

Teniendo en cuenta estos elementos, el acuerdo, de llegar a cumplirse, constituye una oportunidad única para que Colombia avance en la adopción de políticas frente a las drogas de uso ilícito que sean más democráticas, participativas y respetuosas de los derechos humanos.

Y aunque seguirían enmarcadas en el prohibicionismo, estas nuevas políticas podrían ser el punto de partida para una respuesta más humana y adecuada a la producción y tráfico de drogas, al enfatizar el componente de derechos sobre el de la represión. E incluso el acuerdo puede impulsar un mayor liderazgo del país en el debate global sobre el régimen internacional de fiscalización de drogas, pues el gobierno se compromete a impulsar una conferencia internacional en el tema.