Las elecciones colombianas del domingo 15 de junio que terminaron con una victoria del presidente Santos fueron sobre todo un referendo por la paz. El temor de que un Gobierno de ‘línea dura’ volviera al poder tirando por la borda los pasos avanzados en la mesa de La Habana entre la actual administración de Santos y las FARC, quedó superado con el resultado de las elecciones.

Según los últimos datos oficiales: un 50,95% de los votos fueron para Santos contra un 45,01% para el candidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga.

El tema de la paz terminó así, por sobradas razones, convirtiéndose en la principal bandera de la campaña santista, opacando aparentemente otros aspectos clave de las políticas que su Gobierno ha venido impulsando en los últimos años. Uno de ellos es la política de drogas.

En Colombia el tema de las drogas está intrínsecamente ligado al de la paz. De ahí que las drogas constituyan uno de los puntos grandes de la agenda de negociaciones en La Habana. Un mes antes de las elecciones los negociadores de Santos y las FARC presentaron públicamente el acuerdo alcanzado en esta materia, que denominaron “Solución al problema de las drogas ilícitas”. [El TNI publicará próximamente un análisis de este acuerdo] A pesar de los cuestionamientos que algunos expertos le han hecho a este documento, también reconocen que este representa claramente un paso importante de cambio en el enfoque para las drogas por parte del Gobierno colombiano.

Si bien durante su primer periodo presidencial Santos –al igual que otros presidentes de la región como Otto Pérez Molina de Guatemala– se caracterizó por expresar en foros internacionales opiniones críticas contra la estrategia fracasada de la guerra a las drogas y la necesidad de optar por políticas alternativas, esta actitud no llegó a reflejarse verdaderamente en cambios concretos de las políticas en el nivel nacional. Aunque la creación de una Comisión Asesora de Políticas de Drogas –que se pronunció por la descriminalización del usuario- o el anuncio de un nuevo Estatuto de Estupefacientes que podría modernizar la Ley 30 de 1986 son medidas importantes de la administración de Santos I, no se han movido aún lo suficientemente como para producir resultados visibles.

Ahora que Santos tiene asegurado un segundo mandato, tendrá la oportunidad de materializar las propuestas de cambio que viene anunciando desde hace tiempo, especialmente ahora que las reformas propuestas para las drogas están cobijadas en el marco más amplio de los programas para la paz. La actual estrategia para la drogas está orientada a perseguir y castigar a los eslabones más débiles de la cadena. Por el lado de la producción castiga a campesinos, raspachines, y a todos los vinculados de alguna manera a los cultivos de coca y a las primeras fases de la elaboración del clorhidrato de cocaína. Por el lado del tráfico la ley se concentra en las ‘mulas’, y pequeños traficantes. Además, en la ‘guerra al narcotráfico’ las víctimas suelen ser los habitantes de las zonas de expendio, generalmente barrios pobres en medio del fuego por el control del territorio por parte de las bandas que manejan el negocio. Por el lado del consumo, el más susceptible de terminar tras las rejas es el usuario pobre y marginal.

El acuerdo “Solución al problema de las drogas ilícitas” propone cambios significativos al menos en dos de estos ámbitos, producción y consumo. En el marco del primero, se deja de percibir al cultivador como narco y se les reconoce a las comunidades el derecho a participar en las decisiones sobre planes de sustitución. En cuanto a las fumigaciones –quizás la estrategia más controvertida de la lucha contra la oferta de drogas– estas no desaparecerán completamente del panorama pero tendrían un rol mucho menos prominente del que han tenido hasta ahora. En el ámbito del consumo, el acento se desplazará de lo penal a la salud pública.

No es mucho, pero es algo. En todo caso es mejor que un regreso a la línea dura que se hubiera impuesto de haber ganado el candidato del uribismo con su abierta oposición a la dosis personal y la continuación de la respuesta punitiva que no ha dado resultado durante tantas décadas.

En la arena internacional, Santos II seguirá probablemente manteniendo en los eventos internacionales una posición crítica a la guerra a las drogas, demandando una revisión de la estrategia prohibicionista, ofreciendo apoyo verbal a Gobiernos que se atrevan a ir más lejos en sus reformas, etc., todo lo cual es bastante relevante en estos momentos en que la comunidad internacional prepara una Sesión Especial sobre drogas de la Asamblea General de la ONU (UNGASS) en 2016.