La cultura del cultivo
Parlamentarios buscan acuerdo para que se pueda acceder a marihuana sin mediacion de narcotraficantes
Viernes, 25 de febrero, 2011
Las historias de Alicia Castilla y Mauricio B que publicó la diaria hace una semana no son casos aislados o fallas del sistema penal. Una investigación de la socióloga Giorgina Garibotto demuestra que la mayoría de las acciones policiales en materia de drogas culmina con incautaciones insignificantes, mientras que legisladores del oficialismo estiman que hay unas 350 personas en las cárceles uruguayas acusadas por autocultivo. Para el director de la Junta Nacional de Drogas (JND), Milton Romani, las sentencias por autocultivo son absurdas.
El señor X tiene 21 años. Está en el Penal de Libertad hace un año y tres meses, y todavía le faltan 13 meses para completar su pena. Lo procesaron porque la Policía allanó su casa y encontró un poco menos de diez gramos de marihuana, plantas y semillas. X era primario hasta que lo encarcelaron por presunción de producción y su padre estuvo ocho meses en prisión por encubrimiento. Su hermana emigró y la casa fue robada cuando ambos estaban entre rejas.
“Yo no me considero un delincuente; estoy acá por gil, por haber dicho la verdad, y soy un banana por haberme expuesto tanto con el tema. Ya cuando me procesaron no lo podía creer. Pensé que me iban a mandar trabajo comunitario, prisión domiciliaria [...] Y cuando me procesan me mandan al Penal de Libertad. Creí que me iban a poner en el Centro Nacional de Rehabilitación (CNR)”, testimonió X, quien admitió haberle vendido marihuana de su quinta a conocidos para “irse de vacaciones a la playa”.
Las palabras de X, y de otros similares, están incluidas en el artículo “Cárceles y drogas en Uruguay”, que Garibotto publicó en un libro Sistemas sobrecargados. Leyes de drogas y cárceles en América Latina, de las organizaciones Washington Office on Latin America (WOLA) y el Transnational Institute (TNI).
Además de los relatos, los datos que compiló la socióloga en base a estadísticas de la JND y del Ministerio del Interior resultan llamativos. En el período 2006-2009 se efectuaron 3.371 procedimientos policiales relacionados con drogas y en casi la mitad de ellos (1.574) se encontró marihuana.
En el 43,3% de estas acciones la cantidad de marihuana incautada era menor a los nueve gramos, mientras que en 434 casos (27,6% ) se encontraron cantidades que iban de los diez a los 49 gramos. En la otra punta del cuadro encontramos seis procedimientos con requisas de cuatro a cinco kilos (0,4%) y 13 entre cinco y diez kilos (0,8%). La tendencia de que la mayoría de los operativos termina con pequeñas incautaciones se mantiene para la pasta base (55,2% para menos de diez gramos), las hojas de coca, la cocaína, las plantas de cannabis y el éxtasis.
No tiene lógica
“Calculamos que en las cárceles uruguayas hay unas 350 personas que están adentro por pequeñas cantidades de marihuana, que pueden ser para consumo o para menudeo. Hablar de narcotraficantes con estas cantidades es un disparate y la ley tiene que contemplar estas situaciones, que involucran, sobre todo, a menores de 35 años que no pueden pagarse un abogado”, señaló el diputado oficialista Sebastián Sabini (Espacio 609).
Sabini elaboró un proyecto para legalizar el autocultivo de marihuana (que modifica el artículo 31 de la ley 17.016, estableciendo un mínimo de 25 gramos para porte y ocho plantas para el cultivo de plantas psicotrópicas), pero tiene previsto impulsar otro para contemplar la situación de los que ya están detenidos. El legislador informó que ya inició los contactos en el Ministerio del Interior para intercambiar información y opiniones al respecto. En el caso de la despenalización del cultivo, también tienen iniciativas los diputados Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), Nicolás Núñez (Partido Socialista) y Fernando Amado (Partido Colorado).
Gritos y prudencia
El director de la JND considera que los procesamientos por cultivo que tomaron estado público hace una semana son “absurdos”. “No parece prudente y desprestigia a las políticas de drogas que una mujer de 66 años, que claramente no representa un peligro para la seguridad ciudadana, esté en prisión. Hay otros jueces que han actuado con otros criterios ante casos similares, recuerdo uno en Salto, que un juez decidió no procesar a un muchacho que tenía unas plantas en la quinta del abuelo”, comparó Romani. A su entender, el sistema político uruguayo no ha sido capaz de agendar estos temas “en toda su complejidad”. “Siempre respondemos al grito, ahora el grito es una situación injusta, bueno entonces aprovechemos eso para legislar”, propuso.
El vecino de Alicia
En la indagatoria judicial que culminó con el procesamiento de Alicia Castilla también se procesó a AQ por encubrimiento. Según surge del auto de procesamiento, AQ vivía en un apartamento al fondo de la casa de Alicia, y en su dormitorio se incautaron elementos que luego se utilizarían como pruebas. También según el texto judicial, AQ negó tener conocimiento del plantío; en cambio, Alicia aseguró que existía un acuerdo entre ella y AQ para mantener ocultas las actividades vinculadas con la marihuana. En la vivienda de Alicia se encontraron 29 macetas con plantas, “balanza de precisión, juguera y licuadora con restos de sustancia vegetal, cajas de hojillas, diversas pipas, tubos de ensayo, frascos de diferentes tamaños para el secado de la sustancia, pequeñas bolsas de plástico, varios morteros, varios productos químicos, semillas varias de marihuana, un frasco y dos envoltorios conteniendo sustancia vegetal”.
Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia, dijo a la diaria que la legislación actual prohíbe cualquier tipo de producción o cultivo, sea de una planta o de 29. “No se trata de una discusión de cantidades ni de finalidad, lo que se castiga es la producción clandestina”, precisó Oxandabarat. El artículo 30 del Decreto Ley 14.294 dispone: “El que, sin autorización legal, produjere de cualquier manera las materias primas o las sustancias, según los casos, capaces de producir dependencia síquica o física [...] será castigado con pena de 20 meses de prisión a 10 de penitenciaría”. La tenencia para consumo está autorizada, pero queda a criterio del juez qué se considera uso personal y qué comercialización. “No hay cantidad estipulada para la tenencia, depende de las circunstancias del caso, eso queda a criterio del juez”, afirmó el vocero de la SCJ.
Hoy corté una flor
Apreciaciones sobre el consumo y el cultivo de cannabis
En Uruguay el uso de esta sustancia no está prohibido, pero sí su comercialización y producción. En base a esa contradicción y solicitando la liberación de dos personas procesadas la semana pasada por autocultivo de marihuana, un grupo de personas se concentró ayer desde las 13.30 en plaza Cagancha, frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia.
Con una llovizna encima y en nombre del Movimiento por la Liberación del Cannabis, un muchacho leyó la carta dirigida a los magistrados. Citó el artículo 31 de la Ley de Estupefacientes (17.016), que establece que una persona puede portar una “cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal”. Y leyó: “Sería ilógico pensar entonces que dicha cantidad tenga que venir elaborada y ser prensada por un traficante, y no pueda venir en forma de planta y ser cultivada por el propio usuario, rompiendo así su vínculo con el narcotráfico. Esta interpretación que hacen algunos jueces de esta ley castiga al usuario autoabastecido y beneficia directamente al narcotráfico”.
A continuación, resonaron el cántico y los aplausos y silbidos que respaldaban la solicitud: “Liberar, liberar a los presos por plantar”.
Legitimidad
Es difícil calcular si en nuestro país el consumo de esta hierba está más o menos legitimado que hace un par de décadas. Para tener una aproximación a esta respuesta, la diaria consultó al sociólogo Agustín Lapetina, coordinador del programa Alter-acciones, de El Abrojo, para quien “en los últimos años la aceptación del consumo ha crecido significativamente en población adulta, y ni que hablar en el mundo juvenil”. Dijo que se trata de “un fenómeno de varios años que se ha ido consolidando en la primera década de este siglo, básicamente por el aumento de la preocupación pública generada por la pasta base”, como camino para reducir el daño y los problemas de seguridad pública que genera la pasta base. “Hay políticos que han llegado a decir, no con mucha evidencia empírica atrás, ‘demos marihuana hasta que achique y con eso reducimos la pasta base’. Es un error técnico, la pasta base es un estimulante del sistema nervioso central y la marihuana es una droga ‘alucinógena’ con efecto depresor, no tiene nada que ver. Pero para muchos usuarios de pasta base lo que hemos visto en la práctica es que la marihuana les permitía achicar la fisura, les da cierta calma transitoria que está buena, pero argumentar que es sustituta es un razonamiento bastante simplista”, ilustró Lapetina.
Por su parte, jóvenes del movimiento Prolegal dijeron a la diaria que continúa presente un estereotipo del fumador de cannabis como un joven de rastas y bohemio que no refleja a los varios tipos de consumidores, que llevan una vida “normal”, con trabajo, estudio y vida familiar mediante. Opinaron que muchas veces se minimiza el tema, y que dentro de la izquierda uruguaya ha habido mucha resistencia a los movimientos de liberación por entenderlos como “una preocupación burguesa, hedonista”. Dijeron que “se desconocen muchas implicancias de la temática, por ejemplo cómo interfiere el narcotráfico en la calidad de la democracia, o la incidencia en la superpoblación de las cárceles”.
Derribando mitos
Lapetina explicó que las drogas “socialmente aceptables” como el alcohol y el tabaco “son las que generan más problemas de salud pública”; mencionó que en nuestro país anualmente mueren entre 7.000 y 9.000 personas por enfermedades vinculadas al tabaquismo y 500 personas por problemas derivados del consumo de alcohol, mientras que las muertes por consumo crónico de marihuana no llegan al 1% de las que provoca el tabaco.
Como principal mito demonizador de la marihuana el sociólogo rebatió el que afirma que es un trampolín para sustancias “más duras”: “Es un disparate, no hay ninguna evidencia empírica en ninguna parte del mundo que señale que quien consume marihuana vaya a escalar a drogas más adictivas como la cocaína”.
Sin embargo, advirtió que “no hay consumo de riesgo cero. Si consumís un café tarde en la noche, vas a demorar en dormirte y capaz que al otro día llegás tarde al trabajo. Todas las drogas tienen sus riesgos físicos, psicológicos, sociales; la marihuana es menos adictiva que el tabaco, pero tiene un riesgo psicológico que el tabaco no”, aunque rechazó aquello de que “mata neuronas”: “Hay muy pocas sustancias que técnicamente provoquen daño neuronal, se podría mencionar la nafta, el querosén, el novoprén, algunos solventes que puedan tener la pasta base o el consumo crónico de alcohol o de cocaína en algunos casos”.
El programa Alter-acciones hace énfasis en educar ya que “la sustancia va a estar siempre, hay que fortificar al sujeto para que pueda discernir y hacerse cargo” de su elección. Dijo que para mantener un diálogo entre padres e hijos es fundamental que los adultos tengan “un mensaje lo más consistente y coherente posible” y que si fuman o toman alcohol no pueden tener un discurso demonizador porque eso lleva a las conductas de riesgo.
Lo podaron
Testimonio de Juan, integrante del movimiento Planta tu Planta, que en 2007 estuvo 11 meses preso por plantar: “Tenía cinco plantas para consumo y 45 esquejes [gajos] para hacer semillas, que tenían cinco centímetros; tenía tantos porque en ese proceso se mueren muchos y tenés que elegir al más fuerte. Caí en el Comcar y tuve problemas, porque caés por drogas y no sos un autocultivador, sos un narcotraficante, y los narcotraficantes pagan peaje. Mis amigos se movieron y hablaron con el comisionado parlamentario y lograron un traslado a La Tablada. La Constitución dice que las acciones privadas de los ciudadanos no son materia de los magistrados, y si en su casa tiene sus plantas y le gusta fumar, ¿qué mal le hace al resto del mundo?”.
Alivia todo
Legalizar drogas para combatir la crisis.
Fue en los años 60 y 70 una de las referencias mundiales por sus políticas de legalización de la marihuana y vuelve a serlo 40 años después. A mediados de 2010 el sistema político holandés encendió un debate sobre la necesidad de legalizar y regular el consumo de todas las sustancias prohibidas, si se quiere, desde una perspectiva liberal: ahorrar en el gasto público y aumentar la recaudación. En plena crisis, figuras tales como el ex ministro de Defensa Frits Bolkestein, del Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), conservador liberal, y la ex ministra de Salud Els Borst Eilers, de los Demócratas 66 (D66), liberales de izquierda, suscribieron la idea de que “la regulación del mercado de la droga ofrece una formidable posibilidad de alivio fiscal”.
Para equilibrar sus cuentas públicas los Países Bajos debían ahorrar 30.000 millones de euros. Todos los partidos hicieron propuestas en ese sentido, entre ellas una reducción de los pagos a la Unión Europea y el recorte de medios para la integración de los musulmanes, como exigió el populista de derecha Geert Wilders. “Todas esas opciones duelen”, afirmaban en un comunicado Bolkestein, de 77 años, y Borst Eilers, de 78, para luego ofrecer “una opción que ofrece alivio”. Los ex ministros calcularon en base a estadísticas oficiales que las operaciones policiales contra fabricantes de drogas contrabandistas y repartidores, penas de prisión, lavado de dinero, caída en los impuestos y muchas otras consecuencias de la prohibición de las drogas le costaron a la sociedad 15.750 millones de euros, es decir, 924 euros por holandés al año.
Pero el debate, que en eso quedó en Holanda, también empieza a tener sus réplicas en otras latitudes, por ejemplo en Estados Unidos, principal “importador” de drogas en el orbe. El Instituto Cato, reconocido en este rubro por su promoción de la “libertad individual, gobierno limitado, mercado libre y paz” -tal su eslogan- publicó recientemente un informe estadístico que concluye que el fin a la “prohibición” del consumo ayudaría a resolver los problemas presupuestales. Si se legalizaran todas las drogas el gobierno ahorraría 41.300 millones de dólares al año en costo de aplicación de la ley y generaría unos 46.700 millones en recaudación tributaria: la marihuana generaría 8.700 millones en ahorros, y otros 8.700 millones en impuestos.
