Mientras en Colombia seguimos sumergidos en el debate sobre las elecciones presidenciales y la segunda vuelta, el acuerdo al que llegaron en La Habana en el punto tres de las negociaciones  de paz  ha pasado relativamente desapercibido. Salvo algunas fuertes críticas a su contenido, y algunos análisis sobre su alcance, las posibilidades que abre han sido poco estudiadas.

Una de dichas posibilidades es abrir aún más el debate sobre la necesidad de modificar las políticas de drogas existentes y los enfoques que las orientan. En el tema de consumo, por ejemplo, el acuerdo le apuesta a que las políticas públicas en la materia fortalezcan la atención en salud y reduzca los componentes punitivos.

Esta apuesta va en la dirección correcta pues se fundamenta en la evidencia empírica más reciente sobre consumo y es compatible con un enfoque de derechos humanos. Además, es importante en el actual contexto colombiano, ya que las políticas existentes todavía distan de tratar el consumo de drogas de uso ilícito como un asunto de salud pública.

Como lo muestra el más reciente estudio del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) sobre las políticas de drogas en materia de consumo en América Latina, la respuesta de los Estados a este fenómeno ha sido fundamentalmente represiva, deficiente en materia de salud, e incluso discriminatoria. En el estudio, que se lanzó ayer a nivel internacional, se analizan las respuestas de 8 Estados de América Latina al consumo de drogas de uso ilícito y se identifican sus principales tendencias. Estos resultados pueden ser útiles para repensar  nuestras actuales políticas y avanzar en su modificación.

Un acuerdo emergente: más salud, menos represión

A nivel internacional existe un acuerdo emergente en torno a la idea de que el consumo de drogas es un fenómeno que no puede ser abordado con medidas punitivas. Y la razón es sencilla, aunque no deja de ser controvertida. En Estados de Derecho, de carácter democrático, el derecho penal debería ser la última alternativa para regular el comportamiento de las personas y, de hecho, solo debería ser usado frente a conductas que claramente afecten derechos de terceros.

En el caso del consumo de sustancias controladas, cuando el usuario es una persona adulta que decide consumir de manera libre, su conducta solo podría afectar eventualmente su propia salud. Por eso, el Estado no debería penalizar a los usuarios de drogas. Criminalizarlos no evita que consuman, y por el contrario los marginaliza y estigmatiza, al tiempo que puede generar afectaciones más profundas a su salud.

Ahora bien, dadas las potenciales afectaciones que puede producir el consumo de drogas en los usuarios, el Estado no debería ser neutral ante esta actividad. Es legítimo que desarrolle políticas destinadas a disuadir el consumo y es además clave que ofrezca una amplia gama de medidas destinadas a proteger la salud de los usuarios. No garantizar este derecho sería tanto como excluir del sistema de salud a las personas con sobrepeso y enfermedades relacionadas, porque subieron de peso por sus decisiones nutricionales.

Por estas y otras razones es que los expertos en el tema abogan por adoptar un enfoque de salud pública y de derechos humanos, en el que se privilegie la prevención, reducción de daños y atención en salud.

El panorama general de las políticas frente al consumo en América Latina

A pesar de que hay un acuerdo emergente a nivel internacional sobre la importancia de ver el consumo desde una nueva perspectiva, basada en evidencia empírica y no en prejuicios moralistas, los Estados de la región están en general lejos de desarrollar sólidas políticas de salud. Como lo muestra el estudio reseñado, los gobiernos de América Latina le siguen dando prioridad a combatir la oferta, e invierten muy poco en la demanda. En Argentina, por ejemplo, la proporción es 82% del presupuesto antidroga para disminuir la oferta, y solo 18% para enfrentar la demanda.

Como reflejo de este desbalance, el grueso de la respuesta de los Estados al fenómeno del consumo se ha centrado en medidas represivas, dejando de lado el desarrollo de medidas de salud para los usuarios. Aunque buena parte de los 8 países analizados han despenalizado el consumo, en la práctica los usuarios siguen siendo criminalizados. En algunos casos porque la definición de las dosis permitidas es muy baja, y en otros por interpretaciones restrictivas de los jueces. En Colombia, por ejemplo, si un usuario es sorprendido con una cantidad levemente superior a la dosis personal, podría ser penalizado por el delito de porte y tráfico. En Perú la tendencia a la represión se ve acentuada por prejuicios sociales. De hecho, de acuerdo con una encuesta citada en el estudio, la mayoría de la población considera el consumo como una actividad ilícita.

Por eso es posible encontrar todavía personas privadas de la libertad por el simple hecho de ser consumidores de drogas de uso ilícito. En Ecuador, por ejemplo, entre 2007 y 2014 fueron detenidas 5.103 personas por el delito de tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

Además, la tendencia represiva también ha dominado las medidas que adoptan los Estados en el ámbito de la salud de los usuarios. En algunos países de la región se mantienen los tratamientos compulsivos o semi- compulsivos. Por ejemplo, la Ley de Narcomenudeo en México establece que si una persona es detenida con cantidades de droga superiores a los umbrales en más de dos oportunidades, puede ser sometida a tratamiento obligatorio.

La oferta en salud para los usuarios de drogas de uso ilícito es fundamentalmente limitada. En la mayoría de los países se reduce a programas de rehabilitación brindados por prestadores particulares y con poca vigilancia de parte del Estado. Muchos de estos centros ofrecen tratamientos que no se fundan en evidencia científica y en los cuales es incluso posible encontrar situaciones de violaciones a los derechos humanos. Además, el sistema de salud brinda pocas medidas de atención especializada para los usuarios.

Dado que Colombia no escapa a esta tendencia regional, debería seguir en el camino de reformar sus políticas frente al consumo, y reforzar sus componentes más democráticos y respetuosos de los derechos humanos. En este sentido, todavía está en deuda de ampliar la oferta en salud para los usuarios y de profundizar el seguimiento a los centros de rehabilitación pues la mayoría de ellos son clandestinos e incluso los habilitados oficialmente no son controlados en su funcionamiento por el Estado. Esperemos que el acuerdo logrado en La Habana sea un primer paso hacia la descriminalización real de los usuarios de droga y la ampliación de la oferta de servicios de atención en salud y reducción de daños, que sean de calidad y respetuosos de los derechos de los consumidores.