La publicación de este libro (producto de una investigación de la Universidad de los Andes) representa un hito en la manera de enfrentar el problema de las drogas. Colombia, a lo largo de tres décadas, lo ha hecho de la mano de las políticas prohibicionistas impulsadas por Estados Unidos y que, en general, parten de la guerra contra las drogas que inauguró el presidente Richard Nixon hace 40 años. Ningún país del mundo ha pagado un costo más alto en términos de vidas de sus dirigentes políticos, sus jueces, sus policías, sus soldados, sus periodistas y decenas de miles de inocentes, ni ha recibido un daño más grave a sus instituciones democráticas que Colombia.

¿Es justo que esto ocurra en nombre de una política fallida y desgastada? Le pasa igual cosa a México, que está poniendo decenas de miles de muertos. Nuestro país ha incurrido en un inconmensurable costo económico por cuenta de esta lucha en el período aún no concluido del narcoterrorismo. Incluso en el periodo en que hemos recibido la importante colaboración de Estados Unidos, con el llamado Plan Colombia, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, 9 de cada 10 dólares han sido aportados por el Estado colombiano.

No obstante, ha llegado el momento de evaluar los resultados de esa estrategia, que tan pocos logros tiene para mostrar que no sean en cifras de esfuerzos de interdicción, capturas de drogas y persecución de carteles, muertos, y de presos en las cárceles. Nada se ha logrado en la reducción del consumo en EE. UU., de lejos el principal mercado. Por el contrario, se ha disparado el de metanfetaminas y esta droga tiene hoy más adictos que la cocaína. Allí, el Gobierno acaba de abandonar oficialmente la expresión guerra contra las drogas, porque no permite diseñar políticas eficaces y ha dicho que el control por la vía de una reducción de la oferta no funciona, que la única manera viable es reducir el consumo en 15% en la administración Obama. Más del 70% de los estadounidenses cree que la guerra contra las drogas ha fracasado. El presidente Obama lo dijo en su campaña al Senado. Y es evidente la creciente tolerancia hacia el consumo de marihuana, al punto que muchas personas, aun amigas irrestrictas del prohibicionismo, creen que la legalización es cosa de tiempo.

Estados Unidos hace un extraordinario esfuerzo en la lucha contra todas las drogas ilícitas. El problema es que de los 40.000 millones de dólares gasta más en el sistema judicial, policial y penitenciario y muy poco en prevención y tratamiento. Hay más presos por narcotráfico en Estados Unidos (más de 500.000) que en toda la Europa ampliada por todos los delitos. Cuando empezó la guerra había en prisión 50.000 y hoy tienen 10 veces más, sin resultados en el consumo. Es francamente increíble que se gasten US$ 450.000 para tener varios años en la cárcel a un muchacho que, a lo mejor, apenas probó la marihuana por primera vez. A pesar de eso, el 60% de los prisioneros consume marihuana, como lo señala el último informe del Diálogo Interamericano.

En mis experiencias en la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia aprendí que, en materia de consumo, los europeos, salvo Suecia no meten a los consumidores a la cárcel, porque consideran que este es un problema de salud y no un crimen. De allí parte una política mucho menos lesiva y onerosa para ese continente, con un mucho menor costo social, económico e institucional. Ellos no sostienen que estas políticas sean muy buenas o ideales, pero son las que le hacen menos daño a la humanidad. Las diferencias se originan básicamente en que apoyan a los adictos y a los jóvenes para reducir el negocio clandestino y para sacarlos de las garras de las redes criminales.
Holanda, Suiza y recientemente Portugal han ido bastante lejos por esta vía, con excelentes resultados, pues no se les subió el consumo y se les disminuyó la violencia. Esto, sin menoscabo del esfuerzo de lucha contra el crimen organizado, que nadie quiere ni se propone abandonar.

Es infortunado que se hable tanto de legalización, porque esa es una expresión facilista y libertaria, que puede interpretarse como que las drogas no hacen daño, que no requieren controles o que la gente tiene derecho a hacerle daño a su salud. Ese planteamiento no tiene ningún futuro político, porque genera toda clase de fantasmas y temores. Es una política tan equivocada tan radical, tan simplista y tan atractiva como el prohibicionismo. Están ambas basadas en principios ideológicos y en fundamentalismo y no en investigación, ciencia y experiencias bien documentadas.

Lo que requieren Colombia, Latinoamérica y los Estados Unidos no es legalizar las drogas, sino partir de la definición del consumo como un problema del sistema de salud y no como un delito. Es el punto de partida de una buena política. Hay que investigar qué daño hace cada droga, cómo altera la conducta humana, qué tan adictiva es, cómo deben ser las campañas de prevención, cómo deben ser las campañas de tratamiento, en lo que se ha avanzado muchísimo en otras latitudes.

Hemos llegado a este punto por nuestra pasividad, pero, sobre todo, por la incapacidad del Gobierno, el Congreso y la opinión pública y los medios de Estados Unidos de siquiera abrir el debate y discutir cómo encontrar una alternativa a una política que, después de cuatro décadas, haya mostrado tan pocos resultados.
Varios de los grandes periódicos han pedido una revisión de la política, pero no los escuchan. La falta de coraje de los dirigentes políticos de ese país es inaudita. Están amarrados ciegamente a una política equivocada y costosa en nombre del fundamentalismo que los condujo a prohibir el alcohol y enfrentar a las gigantescas mafias que se desarrollaron. Lo que dicen es que es peligroso siquiera debatir, porque crimen es igual a narcotráfico y no quieren ser suaves contra el crimen, pues eso tiene riesgos electorales. Lo otro que dicen es que no hay alternativa, así tengan a la mano la europea.

Como dice Moisés Naím acerca de un posible debate sobre las drogas en EE. UU.: está prohibido pensar.

Colombia, por su parte, debería revisar su política en los siguientes términos. Primero, que el presidente Santos, ojalá en compañía de presidente Calderón de México, se dirijan a la opinión pública de EE. UU. y le soliciten de manera contundente hacer un debate serio sobre su política y adoptar los correctivos del caso. Segundo, abandonar los criterios tradicionales de medir el compromiso y el éxito de la política estadounidense con los parámetros de cuánta plata gastan, a cuánta gente meten a la cárcel, cuántos muertos genera esa gigantesco negocio, fruto de sus políticas prohibicionistas, qué tanto ha subido el precio de la droga en las calles de Nueva York o Los Ángeles, cifra de muy dudosa veracidad, como muchas estadísticas sobre el tema.

Eso a Colombia y a México no les sirve para nada. Nos deberían contar por qué no pueden hacer un debate y, si lo hacen, qué resultados consiguieron; cuánto de esos US$ 40.000 millones traspasaron a los sistemas de prevención y tratamiento, porque la retórica de la administración no sirve para nada. Que nos cuenten qué tanto reducen cada año el consumo de drogas, con cifras avaladas por una institución independiente.

Colombia y México tienen una autoridad moral incuestionable y yo estoy seguro de que serían escuchados. El presidente Santos no puede seguir esperando la aprobación del referendo de California sobre legalización para darle un giro a nuestra política, como lo ha hecho en tantos otros frentes con singular tino y éxito.