Cuando los líderes del hemisferio terminen sus conversaciones sobre política antidrogas, nadie debe esperar que anuncien un consenso. Pero Cartagena sí puede ser el trampolín de un proceso sostenido, estructurado y cada vez más específico de consideración de una serie de opciones prometedoras.

En 1998, una sesión especial de la Asamblea General de la ONU llamó a las naciones a lograr "un mundo libre de drogas". En esa época, Juan Manuel Santos agregó su nombre a los de otros cientos de figuras públicas en una carta abierta en la que se llamaba a reconsiderar la "guerra contra las drogas", argumentando que esta producía más malestar que bienestar.

Impulsada por el miedo y enmarcada en la lógica del bien contra el mal, esta guerra ha evadido por largo tiempo las cuestiones básicas que rodean la política pública en cualquier democracia.
Pero, ahora, el presidente Santos y otros líderes en América Latina están en posición de jugar un papel clave en el proceso de asegurar que la política antinarcóticos, que se necesita con tanta urgencia, sea sometida al escrutinio detallado y al debate serio.

El solo hecho de que la política antidrogas esté en la mesa cuando los líderes del hemisferio (o, al menos, la mayoría) se reúnan en Cartagena constituye un avance significativo. Si el primer paso para resolver un problema es admitir que existe, entonces al menos esto está claro: el mundo tiene no solo un problema de drogas, tiene un problema mayúsculo de políticas de drogas, y América Latina está pagando un precio particularmente alto.

En el momento justo

La discusión de la política antidrogas en Cartagena representa la convergencia de dos movimientos: una pequeña, pero perceptible, apertura de EE. UU. y una mayor independencia y confianza de parte de los líderes latinoamericanos.

Hace tres años, la secretaria de Estado de EE. UU., Hillary Clinton, dio un crudo diagnóstico de la guerra contra las drogas que se libra en México. "Claramente -dijo-, lo que hemos estado haciendo no ha funcionado". Nada de lo que ha ocurrido desde entonces garantizaría un diagnóstico más positivo. Y ahora que líderes latinoamericanos, incluyendo a aliados de Washington y a partidarios históricos de la lucha contra las drogas, afirman abiertamente estar de acuerdo, EE. UU. no puede negarse al llamado por un nuevo debate.

Queda por ver hasta qué punto la administración Obama está, de hecho, "lista, dispuesta y capaz" para asumir un debate genuino sobre alternativas del estado presente de la guerra contra las drogas. Washington puede estar más interesado en desactivar la discusión que en asumirla. Los resultados de las elecciones de noviembre determinarán si al menos esta modesta apertura se mantiene.

Por otro lado, los líderes latinoamericanos parecen determinados a asegurar que las decisiones en materia de política antidrogas respondan primero a intereses y problemas de sus países, con o sin la aprobación de Washington.

Entonces, ¿qué pueden hacer los presidentes que se reunirán en esta cumbre para que sea excepcional? La guerra contra las drogas ofrece una lección sobre la insensatez que nace de las falsas premisas y las metas inapropiadas. Si los mandatarios son cuidadosos, si parten de premisas sólidas y se enfocan en metas realistas, pueden hacer de Cartagena el punto de partida del debate y la evaluación cuidadosa que se requieren para modernizar la política antidrogas en las Américas.

Premisas sólidas

La búsqueda de un "mundo libre de drogas" fue una fantasía peligrosa. Afortunadamente, un grupo de premisas más realistas ha ganado terreno. Las drogas pueden causar daño y dolor -y lo hacen-, pero también las políticas para su control. La meta es minimizar ambas clases de daño. No hay un solo "problema de drogas", las drogas son distintas, como también los desafíos que plantean; los riesgos que supone el consumo de marihuana, por ejemplo, son diferentes a los riesgos del uso de cocaína, que a su vez difieren de los de la heroína.

En resumen, la producción, distribución y consumo de drogas son fenómenos sociales complejos y que ocurren en una variedad de escenarios locales, nacionales y regionales. No hay soluciones perfectas, solo alternativas mejores y peores, con intercambios y dilemas genuinos por todas partes. Así que es razonable creer que políticas distintas pueden lograr mucho mejores resultados y es legítimo demandar que todas las alternativas estén sobre la mesa en Cartagena.

Muchas de las opciones que ameritan una consideración seria no requerirían alcanzar un consenso regional y encajarían sin problemas en el marco de los actuales tratados internacionales de control de drogas, por lo que países individuales pueden buscarlas ahora y beneficiarse de las experiencias en otras partes.

Por ejemplo, enfocar el uso de la fuerza contra la violencia que genera el narcotráfico -en lugar de contra los mercados per se-, despenalizar la posesión para consumo personal y reformar las sentencias desproporcionadas son formas de reducir el enorme impacto negativo de las políticas actuales, tanto en América Latina como en EE. UU.

Otra opción significativa, la de moverse hacia mercados legales, regulados, para la marihuana, representaría un desafío a los tratados, pero un desafío inevitable y saludable. De hecho, el creciente apoyo público a la marihuana legal en EE. UU. sugiere que, tarde o temprano, el propio Washington quedará con una postura distinta a la de los tratados con respecto a la clasificación de esa sustancia.

Las lecciones aprendidas de modelos implementados de mercados regulados para la marihuana también podrían nutrir el debate a largo plazo sobre el tema más difícil de encontrar mejores maneras de controlar o regular el mercado de la cocaína. Sin consenso en el horizonte sobre un modelo alternativo de control para la cocaína, los líderes latinoamericanos deberían asegurarse de no dejar que esa cuestión domine -y polarice- la discusión en Cartagena y más allá.

Se requiere de cuidadosa consideración, tomando en cuenta los esfuerzos de Bolivia para hacer reconocer los usos tradicionales de la hoja de coca, los crecientes problemas de salud en la región asociados con el consumo de cocaína fumable (basuco, paco, crack), y el hecho de que llevar cocaína a mercados de EE. UU. y Europa es el negocio ilegal más rentable para los grupos del crimen organizado responsables, en mayor medida, de la explosión de violencia en Centroamérica y México.

Metas realistas

No debería esperarse que en la Cumbre emerjan consensos sobre políticas particulares de lucha antidrogas (de hecho, incluso una declaración que reconozca la necesidad de continuar discutiendo el tema podría ser más de lo que EE. UU. esté dispuesto a apoyar). Pero con o sin EE. UU., los líderes de América Latina pueden comprometerse a mantener y profundizar el debate en la región. Lineamientos para ese plan serían un bono: la clave es reconocer la necesidad de discusiones estructuradas, informadas y cada vez más específicas sobre las alternativas.

El marco formal para la guerra antidrogas de hoy data de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. El enfoque punitivo adquirió fuerza durante décadas y tiene aún enorme inercia en lo ideológico, geopolítico y burocrático. Así que la guerra contra las drogas no será abandonada ni rediseñada en un simple y decisivo golpe. Va a tomar tiempo. Para los presidentes que se reúnen en Cartagena, no hay momento como el presente para comenzar.