Descriminalización en Portugal
29 de agosto, 2009
Glenn Greenwald, del Instituto Cato de Washington, publicó hace unos meses el estudio Drug Decriminalization in Portugal, Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies, donde se evalúan los resultados de siete años de vigencia de la política de descriminalización de ese país.
Descriminalizar, de acuerdo con la ley, quiere decir que el hecho de tener drogas, por sí solo, no es un delito en Portugal; traficar con ellas, en cambio, sigue siendo una infracción penal grave. Descriminalizar tampoco quiere decir que el Estado es indiferente ante la posesión de drogas por parte de sus ciudadanos. Pero, en lugar de enviarlos a donde un juez o a una cárcel los pone en contacto con una Comisión de Disuasión de la Adicción, integrada por psiquiatras, trabajadores sociales y otros expertos. La idea es que quien consuma droga reciba consejo y apoyo.
La ley de descriminalización establece que nadie puede ser arrestado o castigado si es sorprendido en posesión de una cantidad igual o menor a la de consumo personal de diez días. Este hecho se considera únicamente como una infracción administrativa, semejante, por ejemplo, a manejar sin cinturón de seguridad. No da lugar a que el nombre del infractor se inscriba en los registros de la policía.
Los resultados de esta política están llamando la atención de los expertos y legisladores de todo el mundo. Cuando la ley fue aprobada en 2001, mucha gente, sobre todo de la derecha, pronosticó que se iba a disparar el consumo, que aumentaría el crimen, que se deterioraría la seguridad y que Portugal recibiría una avalancha de turistas consumidores de marihuana, cocaína y heroína. Sucedió todo lo contrario.
Las cifras son impresionantes. El consumo se mantuvo inalterado y Portugal tiene tasas de adicción mucho menores que las de países que sí imponen severas sanciones a quienes consumen droga. Pero esto no es lo mejor.
Las muertes por abuso de drogas y las enfermedades transmitidas a causa del consumo, entre ellas el sida, han disminuido en forma apreciable. Los expertos coinciden en que esto ha sido posible gracias a la mayor capacidad del Estado lusitano de brindarles apoyo a quienes consumen droga. Los consumidores, ya sin el temor del castigo, acuden confiados al auxilio que les brinda el nuevo régimen.
En Colombia las cosas se hacen al revés. Hubo, hace un tiempo, un avance en la dirección correcta: en 1994 la Corte Constitucional tomó la decisión de despenalizar la llamada dosis personal, por considerar que el consumo era parte de las libertades y los fueros del individuo.
En lugar de complementar la decisión de la Corte con medidas enfocadas a la educación de los jóvenes, la prevención del consumo y el apoyo a los adictos, desde hace algún tiempo, el Gobierno de Colombia ha encabezado una colérica cruzada dirigida a volver a penalizar el consumo de droga. En su confuso discurso, el Gobierno no distingue entre tráfico y consumo. Insiste en el castigo y la represión.
Penalizar el consumo de la droga ha sido una de las obsesiones legislativas del presidente Uribe. Se prevé que cuando su Gobierno salga de su tarea principal, su propia reelección, volverá a la carga en su empeño de castigar a los consumidores.
Sería altamente deseable que el Gobierno y los miembros del Congreso leyeran con cuidado el estudio del Instituto Cato.
