Si hace dos años alguien hubiera vaticinado que los países americanos firmarían una declaración que plantea que la droga es un problema de salud y no de seguridad, que celebrarían una cumbre extraordinaria para buscar alternativas a la guerra contra las drogas y que Guatemala con un presidente conservador sería la que lideraría el debate, hubiera sido el hazmerreír del análisis político. Pero ocurrió. Hace una semana. En Antigua Guatemala.

La declaración sobre drogas que hace dos años era imposible

Durante la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se celebró con el lema “Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas”, se respiraba un clima diferente al que se había advertido en la Cumbre de Cartagena, en abril de 2012. 

El país anfitrión era el mismo que inesperadamente había abierto el debate sobre la despenalización un año atrás. De hecho, esta es la primera vez en la historia de la OEA que uno de sus miembros ha sido anfitrión de la asamblea en tres ocasiones.  Christhians Castillo, jefe del área sociopolítica del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC), resalta el hecho de que las tres cumbres se han celebrado en momentos políticos importantes para Guatemala: la primera fue en 1986, reflejando el apoyo de la comunidad internacional a la transición hacia la democracia que vivía el país; la segunda fue en 1999, reflejando el apoyo hacia los Acuerdos de Paz y la tercera, este año, “reconoce que Otto Pérez Molina ha sido el único presidente en funciones que se ha atrevido a levantar el debate en torno a las drogas en foros internacionales”.

En este encuentro, también había dos estudios sobre la mesa, realizados por la OEA en respuesta a la petición formulada por el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina durante la Cumbre de Cartagena. El sólo hecho de que la OEA haya elaborado dos estudios detallados que analizan el estado actual del narcotráfico y con base en esos hallazgos plantean diferentes escenarios para la región, evidencia que el debate sobre la despenalización no se está quedando en lo discursivo. El tema está adquiriendo tal relevancia que el gobierno estadounidense rompió su tradición desde los años noventa de ignorar a América Latina y envió a su jefe de la diplomacia, John Kerry, Secretario de Estado.

Durante la inauguración de la asamblea, Pérez Molina dijo que estos informes constituyen “una herramienta fundamental para el proceso de debate en nuestras naciones” y el canciller Fernando Carrera, a quien el diario El País calificó como el muñidor de la iniciativa, añadió que  “estamos por primera vez reabriendo un debate que parecía estar cerrado y lo estamos haciendo de la manera correcta, dialogando en vez de generando conflictos, generando un debate inteligente con base en estudios en vez de un debate ideológico en base a posiciones”.

El primer estudio, “El Problema de las Drogas en las Américas” cuestiona por qué se sigue destinando una fuerte cantidad de recursos a la lucha contra las drogas sin hacer un alto en el camino y preguntarse si las medidas implementadas han sido efectivas.

En varios países de América Latina, como Argentina, México, Chile, Brasil y Colombia, se están tomando pasos hacia la despenalización de la marihuana, es decir que se están reduciendo las sanciones por la posesión para el consumo. En Estados Unidos, 18 estados permiten el uso de la marihuana como medicamento y en noviembre de 2012, los estados de Colorado y Washington aprobaron leyes para regular la marihuana e imponer impuestos sobre su venta. Sin embargo, hasta ahora, las medidas de despenalización se refieren únicamente al consumo de marihuana, y ningún país de la región está considerando la despenalización o legalización de drogas duras como la cocaína y la heroína.

Uruguay podría convertirse en el primer país del hemisferio en ir más allá de la despenalización. En junio de 2012, el presidente José Mujica envió un proyecto de ley al parlamento que legalizaría y regularía el suministro de cannabis. Bajo esa propuesta –similar a lo que planteó Gutemala internacionalmente-, el estado asumiría el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición, comercialización y distribución de marihuana. Sin embargo, en diciembre del mismo año, Mujica dejó el proyecto en suspenso citando la necesidad de explicárselo mejor a la ciudadanía ya que una encuesta señala que un 64% de los uruguayos se oponen a la legalización.

“El proyecto de regulación del mercado de cannabis que estamos promoviendo tiene pilares similares a la estrategia ya desarrollada para la regulación del tabaco: salud pública, regulación del mercado para estrangular económicamente al narcotráfico”, explicó el canciller uruguayo Luis Almagro, durante su intervención en la asamblea de la OEA.

Si prospera la propuesta de Mujica, ¿podría convertirse en un modelo a seguir para el resto de la región? Uruguay es un país con características muy singulares: es un país pequeño en términos de extensión territorial y población pero ha logrado grandes avances en términos de desarrollo democrático. ¿Sería posible extrapolar su experiencia a países como Guatemala u Honduras, los cuales tienen graves problemas de institucionalidad y corrupción? El mismo Almagro aclaró durante su intervención que “no es un modelo que pretendamos exportar”.

También se menciona el modelo de los coffee shops (cafeterías) en Holanda, el cual equivale a una legalización de facto, y el cultivo y uso privado del cannabis en España en clubes sociales no comerciales donde la sustancia se cultiva y se distribuye para satisfacer las necesidades de consumo personal de sus miembros a la mitad del precio al que se vende en el mercado ilícito, un concepto que ha sido incluido en los modelos de Colorado y Uruguay.

El estudio de la OEA analiza los alcances y limitaciones de cada una de estas propuestas y pone en la balanza los potenciales riesgos para la salud humana versus los beneficios en términos de reducir significativamente la violencia vinculada al narcotráfico.

Por una parte, la OEA señala que regular las drogas con modelos similares a los que actualmente existen en muchos países con relación al alcohol protege al consumidor al minimizar las variaciones de calidad entre las diferentes drogas y evitar la adulteración del producto, pero, por otra parte, como los costos de producción de la droga son mínimos en comparación con el precio de venta en el mercado ilícito y una reducción dramática de los precios promovería un mayor consumo, un modelo de legalización tendría que gravar las drogas con impuestos altísimos (cerca de US$300 por onza de marihuana) para mantener los precios que actualmente se pagan en los mercados ilícitos, lo cual supondría grandes retos en términos del potencial que generaría para una evasión a gran escala como ocurre en muchos países con el tabaco.

Regular el mercado de las drogas implica la necesidad de contar con un marco institucional lo suficientemente sólido para asegurar que se cumplan las restricciones, como la prohibición de vender drogas a menores de edad, lo cual impone desafíos enormes para aquéllos países de la región con estados débiles, desfinanciados y permeados por la corrupción.

En su segundo informe, “Escenarios para el Problema de las Drogas en las Américas”, la OEA analiza cuatro escenarios posibles para la región. El primero concibe las drogas como un problema de seguridad más amplio y le apuesta al fortalecimiento de las instituciones judiciales y de seguridad pública, un modelo que corre el riesgo de generar un “efecto globo”, es decir, combatir el problema en una región y que la actividad criminal se desplace hacia otros lugares con una institucionalidad más débil.

El segundo escenario es el que más se asemeja a la realidad de los países que están tomando pasos hacia la despenalización de la marihuana o hacia una legalización total. Los recursos destinados al combate del narcotráfico se reencauzan en el tratamiento y la prevención de las adicciones pero inevitablemente se tendría que pasar por un período de transición de mercados criminales hacia mercados regulados, durante el cual podría darse un incremento en el uso problemático de las drogas.

¿Y qué sucedería si los países de la región trataran de eliminar las disfunciones sociales y económicas que generan la violencia y las adicciones mediante programas que se enfocaran en mejorar la salud y la seguridad pública a nivel comunitario? Hay casos de éxito en la región que demuestran que estas estrategias pueden funcionar, asegura la OEA, pero son estrategias de largo plazo que requieren una inversión cuantiosa de recursos.

El cuarto escenario es que los países que más están sufriendo a causa de la violencia que genera el narcotráfico abandonaran unilateralmente la lucha contra las drogas. La OEA advierte que si bien podría reducirse la violencia en esos países, una reducción en la aplicación de la ley permitiría la expansión de los mercados ilícitos y sus ganancias.

Aquí cabe señalar que Uruguay, por ejemplo, país que podría convertirse en el primer país del hemisferio en legalizar la marihuana, está rodeado por dos país con una gran extensión territorial que son grandes consumidores: Brasil y Argentina, lo cual significa que la experiencia uruguaya dependerá hasta cierto punto de las políticas que adopten esos dos países.

Un nuevo enfoque para la política antinarcótica regional

A diferencia de la Cumbre de Cartagena, durante este encuentro en Antigua se evidenció un consenso más amplio en torno a la idea de que las políticas de represión para combatir el narcotráfico han fracasado y una mayor anuencia a explorar nuevas alternativas, incluyendo la despenalización y la legalización. De hecho, el borrador inicial de la Declaración de Antigua incluía la propuesta de despenalización, a petición de Guatemala, pero en la versión final quedó eliminada.

Lo que sí quedó plasmado en el documento fue la idea de que la droga no es un problema de seguridad sino de salud pública y debe enfrentarse mediante el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y acciones de prevención, tratamiento y rehabilitación.

Lograr que este propósito se materialice será un reto para los países del hemisferio, ya que los informes de la OEA señalan que los servicios públicos para el tratamiento y la rehabilitación de los drogodependientes son escasos, en muchos casos el paciente o sus familiares tienen que asumir el costo del tratamiento y persiste el estigma social asociado al consumo de sustancias.

El encuentro no produjo una hoja de ruta para la región ni la formulación de políticas específicas pero esto era de esperarse ya que el canciller Carrera había dicho, cuando se inauguró la asamblea, que el objetivo era abrir un proceso de diálogo y que las estrategias se definirían más adelante: “Lo que esperamos sacar es un espacio para continuar el diálogo, un espacio donde tengamos un marco de ideas de por dónde debería de reorientarse la política de drogas, producir los insumos que permitan una renovación de la estrategia hemisférica para el período del 2016 al 2020. Pueden parecer procesos largos pero así son los procesos internacionales”.

Agregó que el debate en el seno de la OEA había avanzado con mayor celeridad desde que se celebró la Cumbre en Cartagena en 2012 de lo que habían vaticinado. “El año pasado creíamos que llegar a donde estamos – una asamblea general de la OEA que discutiera el tema (de las drogas) – iba a tomar cuatro años y aquí estamos un año después. Eso demuestra el interés de los jefes de estado de que se promueva”.

El politólogo chileno Eduardo Vergara, director del think tank Asuntos del Sur, asegura que el nuevo enfoque que propone la Declaración de Antigua es un parte aguas en la lucha contra la droga.  “Hay un avance innegable. Hemos dado vuelta a la página sin mirar atrás y a partir de este consenso se pueden abrir muchas puertas para avanzar en políticas de drogas que sean fiscalmente responsables, con evidencia en mano y basadas en los derechos humanos. Eso es un gran logro para los estados americanos. En comparación con la Cumbre de Cartagena, un año atrás, los avances son sustanciales. Si bien no vemos propuestas específicas de reformas por parte de los estados por lo menos hay un consenso de que el paradigma actual no es el adecuado”, afirma Vergara.

La declaración también contiene el compromiso de “aplicar y fortalecer medidas más eficaces para prevenir la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, así como su desvío, hacia los grupos delictivos organizados, entre otras medidas de seguridad”. Este punto es significativo ya que según cifras del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives estadounidense, el 70% de las 29,284 armas de fuego decomisadas por las autoridades mexicanas entre 2009 y 2010 provenían de Estados Unidos, lo cual ha hecho que las autoridades mexicanas señalen a Estados Unidos de hipocresía, ya que por una parte exige la imposición de medidas represivas para combatir el narcotráfico sin importar que eso genere un elevadísimo número de muertes, y por otra parte funge como un “supermercado de armas” que abaste a los grupos delincuenciales.

Otra novedad fue la inclusión de “una perspectiva transversal de derechos humanos consistente con las obligaciones de las partes de acuerdo al derecho internacional”, un reconocimiento de que en la lucha contra las drogas se han violado derechos y libertades fundamentales como reconocen los informes de la OEA.

En la declaración figura, además, el compromiso de adoptar políticas antidrogas con un enfoque de género, a petición de la mesa redonda sobre mujeres y drogas en las Américas que lideró la vicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti, y durante la tercera plenaria de la asamblea, el canciller costarricense, Enrique Castillo, dedicó una buena parte de su intervención a resaltar la importancia del tema.

La OEA cita en su primer informe una investigación del Transnational Institute, centro de estudios que afirma que un 70% de las mujeres latinoamericanas privadas de libertad han sido encarceladas por micro tráfico no violento en centros penales donde frecuentemente son víctimas de abuso sexual, extorsiones y sicariato.

Un tema sobre el cual fue más difícil llegar a un consenso fue la evaluación sobre las políticas de control de drogas en el hemisferio. Catorce países (El Salvador, Guatemala, Uruguay, Honduras, México, Chile, Haití, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Guyana, República Dominicana, Venezuela, y Santa Lucía) proponían que el Consejo Permanente de la OEA convocara a un período extraordinario de sesiones de la asamblea para avanzar en el debate sobre nuevas estrategias de combate al narcotráfico y diseñar una hoja de ruta que se implementaría de 2016 a 2020.

Bajo esta propuesta, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) realizaría los trabajos preparativos para la reunión, pero los demás países, principalmente Estados Unidos, manifestaron que aunque estaban anuentes a continuar el debate sobre las drogas, estaban en desacuerdo con la celebración de una asamblea extraordinaria y con la intervención del Cicad. 

Como no se llegó a un consenso, el tema quedó en manos de los cancilleres de los países participantes. Finalmente, Estados Unidos, Canadá, y otros países que habían manifestado su inconformidad, aceptaron la celebración de una sesión extraordinaria en 2014, pero no hubo acuerdo sobre el mecanismo de evaluación.

En la asamblea extraordinaria que tendrá lugar en Guatemala, en 2014, se analizarán informes técnicos elaborados por los ministerios de seguridad de los países integrantes y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y posteriormente se llevará a cabo una Asamblea General en la cual los cancilleres iniciarán una discusión que defina una nueva estrategia antinarcótica para el período 2016-2020.

Estados Unidos modera su discurso

Según Eduardo Vergara, director de Asuntos del Sur, la participación del secretario de estado de los Estados Unidos, John Kerry, en el encuentro, refleja, por una parte, el hecho de que Estados Unidos está tomando más en serio a la OEA pero por otra, evidencia una preocupación por “la penetración de China en América Latina tanto como compañero comercial como aliado político”.

Kerry reconoció que su país no ha logrado frenar su apetito por las drogas y admitió que la lucha contra las drogas es “una responsabilidad compartida”. No obstante, dijo que ningún país ha conseguido eliminar la demanda de drogas y manifestó que su gobierno no apoyará ninguna iniciativa de legalización a pesar de que 18 estados permiten el uso de la marihuana como medicamento, y dos estados, Colorado y Washington, aprobaron leyes para regular la marihuana. Nicaragua y Panamá también se pronunciaron en contra de la legalización.

A pesar de que Estados Unidos sigue reiterando su oposición a la despenalización, su postura ya no es la de defender el recurso masivo a la persecución penal como la única estrategia posible. Cuando se inauguró el 51 Período Ordinario de Sesiones de la Cicad en mayo de 2012, el zar antidrogas de Estados Unidos, Gil Kerlikowske dijo que su gobierno le apostaría a una “tercera vía” entre la represión militar y penal y la despenalización, basada en la prevención y el tratamiento.

La postura manifestada por Christian Leffler, secretario ejecutivo de la Unión Europea (EU), uno de los observadores permanentes de la OEA, se asemeja a la “tercera vía” propuesta por Kerlikowske. Según Leffler, aunque algunos países europeos han puesto en marcha procesos paulatinos de despenalización, no existe un consenso único sobre el tema. También advirtió que “las acciones a nivel de despenalización solas no van a solucionar el problema de las drogas” y que es necesario “encontrar equilibrios entre varias acciones judiciales, sociales y económicas”.

Según algunos analistas, Estados Unidos está más anuente a explorar alternativas al enfoque prohibicionista de lo que deja entrever el discurso oficial de su gobierno. Bruce Bagley, docente de la Universidad de Miami, explica que históricamente Estados Unidos se ha opuesto a la legalización del tránsito y consumo de estupefacientes por tres motivos: 1) un consenso ideológico-religioso que tiene sus raíces en el puritanismo norteamericano; 2) el terror que el crack, en particular, infunde en la clase media y el presunto riesgo de que aumente la adicción entre los jóvenes si las leyes se relajan; 3) un Congreso que sistemáticamente bloquea cualquier posibilidad de diálogo.

Sin embargo, Ethan Nadelmann, director ejecutivo del Drug Policy Alliance (DPA), un advocacy group pro-legalización con sede en Nueva York, advierte que una conjugación de factores en los últimos años ha incidido para que un creciente porcentaje de la población deje de satanizar la marihuana.  En 2006, una encuesta de Cid Gallup reveló que el 36% de los entrevistados favorecían la legalización de la marihuana mientras que el 60% se oponían. Cuando la misma encuesta se realizó en 2011, el resultado fue marcadamente diferente: el 50% de los entrevistados estaban a favor de la legalización y el porcentaje que se oponía había bajado a un 46%.

Nadelmann afirma que el hecho de que un creciente número de políticos, entre ellos el Presidente Barack Obama, esté admitiendo que consumieron marihuana en su juventud, está contribuyendo a “normalizar” el consumo. Además, asegura que los medios de comunicación masivos, especialmente la televisión y el cine, están tratando el tema con más naturalidad sin que esto implique que lo estén normalizando.

Pero lo más decisivo, asegura Nadelmann, es el hecho de que 18 estados hayan legalizado la marihuana con fines médicos. Tanto Bagley como Nadelmann aseguran que en Estados Unidos los cambios de paradigma se han gestado a nivel estatal, cambiando la legislación estado por estado hasta que el gobierno federal se ve obligado a ceder, como ocurrió en los años 30 cuando se abolió la prohibición del alcohol.

Aunque la postura estadounidense pueda estarse flexibilizando, para los países latinoamericanos que sufren día con día los efectos de la violencia vinculada al narcotráfico, la necesidad de cambiar de políticas resulta urgente e impostergable. Como señaló el canciller uruguayo, Luis Almagro, “más allá de los discursos es la realidad la que interpela día a día al paradigma de la guerra contra las drogas”.

Por ello, durante la asamblea, algunos países latinoamericanos acusaron a Estados Unidos de hipocresía y señalaron que su gobierno criminaliza a los países productores y no hace nada para frenar la distribución ilícita dentro de sus fronteras y reducir la demanda. “Otra vez la estigmatización de los países del norte a los del sur. Sólo aquí hay carteles. ¿Han escuchado del cartel de Nueva York o el cartel de París? Allá se distribuye la droga y el dinero entre grandes consorcios pero allá no existen los carteles”, dijo el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño.

La búsqueda de un mayor equilibrio en el balance de fuerzas en el hemisferio y el rescate de los espacios de decisión multilaterales, en oposición a Estados Unidos, va ganando terreno dentro de la OEA, algo que se advierte en otros temas además de las drogas. En esta ocasión, por ejemplo, Nicaragua exigió que a Cuba se le permita participar en la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en 2015 en Panamá. La suspensión de Cuba de la OEA fue decidida en 1962 pero Cuba no ha logrado reincorporarse y aunque fue readmitida simbólicamente el año pasado por la mayoría de los países de la OEA, su exclusión de la Cumbre de Cartagena entre Estados Unidos y América Latina en 2012 hizo que Ecuador y Nicaragua se ausentaran en protesta.

No se debatió la despenalización

En sus intervenciones, la mayoría de los países miembros de la OEA se concentraron en describir elevado costo humano y económico de la lucha contra las drogas, los logros alcanzados por sus gobiernos en esta materia y la necesidad de buscar nuevas soluciones que se adapten a la realidad de cada país. La mayor parte de las delegaciones no abordaron directamente ni la despenalización ni la legalización de la droga, lo cual era de esperarse ya que una semana antes del encuentro, el canciller guatemalteco Fernando Carrera ya había advertido que habría un diálogo sobre nuevas alternativas para combatir el narcotráfico pero que no se iba a discutir la despenalización.

Las excepciones fueron Estados Unidos, que reiteró su rechazo a la legalización y fue secundado por Panamá, cuyo canciller, Fernando Núñez Fábrega, dijo: “La despenalización no es la solución más viable para disminuir los niveles de consumo y tráfico de sustancias ilícitas. Muy por el contrario, esto agravaría aún más la situación y nuestra posición es y seguirá siendo de rechazo a la propuesta de delegación de las drogas. El camino correcto es el de reforzar los programas de prevención y atención al adicto”. En marzo de este año, el presidente panameño Ricardo Martinelli, ya se había pronunciado en contra de la despenalización aduciendo que esto suponía derrochar la cuantiosa inversión realizada en seguridad; no obstante, calificó dijo que estaba abierto al debate. Otra excepción fue Uruguay, país que, como ya se mencionó, aludió a la propuesta de legalización del presidente Mujica pero hizo la salvedad de que no propone exportar ese modelo.

A pesar de que no se abordó el tema de manera explícita, los discursos oficiales dejan entrever cuáles son las diferentes posturas en la región y cómo los países comienzan a agruparse en bloques en torno a esas posturas.

México, igual que Centroamérica, es un país de tránsito en la ruta del narcotráfico que ha sufrido enormemente las secuelas de violencia que conlleva el combate al narcotráfico mediante estrategias militares, con un saldo de 83 mil 191 asesinatos durante la gestión de Felipe Calderón (2006-2012). El nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto ha intentado distanciarse de las políticas represivas de Calderón, anunciando, en marzo de este año, que su gobierno atacaría el problema de la droga de manera integral, mediante la implementación de programas sociales que tratarían de minimizar la deserción escolar y las adicciones, entre otras medidas. El plan se aplicará de manera focalizada en 251 municipios y delegaciones, incluyendo los 100 municipios del país donde se reportan los mayores índices de violencia.

Pero el 23 de mayo, durante la cumbre de la Alianza del Pacífico que se llevó a cabo en Cali, Colombia, Peña Nieto dijo que esto no quería decir que México estuviera contemplando la legalización. “Me parece, para algunos ésta puede ser una posición o una forma fácil, quizá y hasta falsa eventualmente de combatir con mayor eficacia al crimen que está muy vinculado al narcotráfico y a la venta de drogas”, dijo a la emisora colombiana Radio Blu.

Para el experto en crimen organizado David Martínez-Amador, del proyecto Criminova México y catedrático de la Universidad Rafael Landívar, “(México y Centroamérica) están juntos en cuanto a que se cuestiona el esquema militarista pero México ha dejado claro que considerar regular el mercado de drogas no es una opción. En México, el planteamiento formal es construir una guardia civil que se encargue de tareas específicas de seguridad y sustituya al personal militar. Guatemala ha propuesto la salida de despenalizar la droga –sin ser específico– pero sigue el peso en lo militar sin un mapa que marque cuando el ejército vuelve a los cuarteles”.

En Centroamérica, Otto Pérez Molina es el único mandatario que se ha pronunciado abiertamente a favor de considerar la legalización como una posible alternativa a las políticas prohibicionistas y hasta la fecha no ha promulgado una iniciativa de ley que concretice su propuesta, como ha hecho Uruguay.

El presidente hondureño, Pepe Lobo, se opone a la despenalización, y una encuesta realizada por Cid Gallup en marzo de 2012 reveló que un 79% de los hondureños estaban en desacuerdo con la legalización porque consideraban que aumentaría la violencia. La intervención hondureña en la asamblea destacó la importancia de reformar las fuerzas policiales y depurar el sistema de justicia.

Daniel Ortega, de Nicaragua, tampoco favorece la despenalización ya que argumenta que esto equivaldría a una capitulación frente al crimen organizado, y Mauricio Funes, presidente de El Salvador, afirma que la  despenalización podría convertir a Centroamérica en “un paraíso de consumo”. Sin embargo, en mayo de este año, cuatro diputados de tres partidos diferentes (incluyendo el FMLN y ARENA) pidieron que se diera un debate sobre los pros y los contras de la despenalización.  El ministro de comunicación costarricense Francisco Chacón, afirma que su país no apoyaba la despenalización pero está dispuesto a escuchar a quienes abogan por esta medida.

“Los apoyos al planteamiento de Otto Pérez Molina son más de países lejanos al área de conflicto, países europeos, empresarios que le manifestaron apoyo en Davos, gente que no está viviendo la problemática. En la región todavía no hay voluntad política ni madurez para abordar el tema”, señala Christhians Castillo, del IPNUSAC.

En los países caribeños existe un creciente movimiento social a favor de la despenalización y durante la última cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM) celebrada en Santa Lucía en julio de 2012, se hizo presente un gran número de organizaciones pro legalización que integran a una diversidad de sectores entre ellos campesinos y académicos. El mismo mes, el gobierno beliceño constituyó una comisión multisectorial para analizar la posibilidad de despenalizar la posesión de hasta 10 gramos de marihuana, la cual aún no ha dado a conocer sus recomendaciones.

En Jamaica, el país caribeño que más exporta marihuana a Estados Unidos, el uso de esa sustancia es socialmente tolerado por factores culturales y religiosos, pero es ilegal y hasta ahora, las propuestas de despenalización en el país no han prosperado ya que su gobierno teme incurrir en sanciones por parte de Estados Unidos. Durante su intervención en la asamblea, el canciller jamaiquino resaltó la importancia de la cooperación bilateral y agradeció a Estados Unidos por sus aportes económicos para combatir la droga proporcionados en el marco de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe.

Entre las naciones sudamericanas las posturas son heterogéneas. El presidente colombiano, José Manuel Santos, dijo en noviembre de 2012 que estaba a favor de la despenalización, pero que no cargaría con el costo político de liderar el debate, cuya estafeta fue tomada por Pérez Molina. La canciller colombiana María Ángela Holguín no mencionó el tema en su intervención. Argentina, Chile, Brasil y Colombia están tomando pasos paulatinos a favor de la despenalización de la marihuana y Uruguay, como ya se ha dicho, podría convertirse en el primer país del hemisferio en legalizar esa sustancia.

Después de la asamblea, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, en declaraciones a la emisora pública Gama TV, se pronunció a favor de la despenalización, mientras que Perú se opone.

En esta asamblea se evidenció, como ocurrió en encuentros anteriores, la configuración de bloques, pero Eduardo Vergara, director de Asuntos del Sur, hace notar que estos bloques están trascendiendo las posturas ideológicas y están surgiendo en torno a un consenso sobre a la urgente necesidad de consensuar una nueva hoja de ruta para la región en el tema de las drogas.

“Estos bloques están evolucionando mucho más de lo que hemos visto en cumbres pasadas. Antes veíamos bloques de quienes estaban y no estaban en contra de Estados Unidos y también emergían bloques que circulaban en torno a Venezuela, Ecuador, y Bolivia, pero creo que Otto Pérez Molina quebró los esquemas y la percepción que muchos países tenían en torno a lo que podrían ser grupos de apoyo y bloques de trabajo. Asumir el fracaso de la política de droga y la necesidad de avanzar en nuevas alternativas es un consenso muy transversal”, afirma Vergara.

Vergara detalló que cuando habla de “quebrar esquemas” se refiere a la sorpresa que causó el hecho de que “un llamado de reforma tan lúcido viniera de un país que hasta ese momento no se había caracterizado por liderar a la región”, entre políticos, académicos e integrantes de la sociedad civil.

Sin embargo, Carmen Rosa de León Escribano, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), quien participó en las mesas de discusión con la sociedad civil, advierte que ahora a Pérez Molina le toca formular propuestas concretas en el ámbito nacional para que su postura resulte creíble.

“Seguirle diciendo a los demás qué hay que hacer está bien pero si lo que estamos buscando es un cambio de paradigma empecemos a plantear un programa nacional que pueda servir de proyecto piloto. Si el presidente está hablando de despenalización, hay que empezar por un diagnóstico de cuál es el efecto de las drogas en el país, cómo se está atendiendo al consumidor y cuál es el número de personas en el Sistema Penitenciario por tenencia para el consumo”, señala De León Escribano.

¿Podemos esperar que eventualmente se formule una política regional basada en la despenalización? “Haber logrado un consenso abre las puertas para que los jefes de estado, pero sobre todo la sociedad civil, estén más atentos a escuchar lo que otros países están haciendo. Pero sería irresponsable poner una  línea de tiempo para estas reformas. América Latina no se caracteriza por el éxito en políticas regionales, es una región donde la mayoría de los países sienten que son islas y no están conectados. Seguir una política regional sobre drogas en este momento es un poco irreal”, argumenta Vergara.

Aborto y matrimonio homosexual

Aunque el enfoque principal de la asamblea fue la lucha contra la droga, éste no fue el único tema polémico que se abordó durante la asamblea. Durante un diálogo entre la sociedad civil, trabajadores y el sector privado con la OEA, las exposiciones giraron en torno al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Los activistas exigieron a los integrantes de la OEA que firmen, ratifiquen e implementen la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

Para Christhians Castillo, del IPNUSAC, esto fue “un distractor que cumplió su objetivo: mover el foco de la atención hacia temas controversiales que no tienen nada que ver con la carta interamericana y que deben ser regulados por la legislación nacional y no regional como sí amerita el tema de las drogas”.

A nivel latinoamericano, siete de 34 países, prohíben incluso el aborto terapéutico y únicamente el Distrito Federal, Cuba, Guyana y Puerto Rico lo han despenalizado en su totalidad, aunque existe un creciente debate sobre el tema. En Brasil, en abril de 2012, se despenalizó el aborto de fetos sin cerebro y en Buenos Aires recientemente se permitió el aborto en casos de violación, pero la medida fue derogada un mes después, lo cual suscitó una polémica. En Uruguay, actualmente se debate una ley que permitiría el aborto hasta la duodécima semana de gestación.

El caso de “Beatriz” en El Salvador, una joven de 22 años que padece de lupus e insuficiencia renal y cuyo bebé era anencefálico, es decir que no se le ha desarrollado el cerebro y moriría al nacer, fue un debate internacional. En El Salvador el aborto en todas sus formas es ilegal y la joven recurrió infructuosamente a la Corte Suprema para que le permitiera abortar ya que su vida corría peligro. Mientras que las organizaciones feministas exigían que se le permita tener un aborto terapéutico, la Iglesia se opuso rotundamente ya que temen que este caso se convierta en la puerta de entrada para legalizar el aborto en el país. Finalmente, Beatriz fue intervenida por medio de una cesárea a las 27 semanas de embarazo, su hijo murió a las cinco horas y ella pasó una semana en cuidados intensivos.

En cuanto al matrimonio entre personas del mismo sexo, Argentina y Uruguay son los únicos países de América Latina que lo han legalizado, mientras que la legislación de algunos países, entre ellos Guatemala, Bolivia y Ecuador, prohíbe la discriminación en base a la orientación sexual.

Varios países centroamericanos tienen posturas muy conservadoras en torno a este tema. Hasta 2008, las relaciones sexuales entre hombres estaban prohibidas en Nicaragua; en Costa Rica, una ley para legalizar las uniones homosexuales permanece congelada en el parlamento y Honduras es uno de los países donde se registra el mayor número de ataques violentos contra integrantes de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual e intersexual (LGBTI).

Frente al Hotel Casa Santo Domingo, donde se llevaba a cabo el encuentro, se reunieron manifestantes de 40 organizaciones en contra del aborto y de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, entre ellas la organización guatemalteca Provida y Profamilia y la Red Familia de El Salvador.

“El aborto es un delito contra la dignidad y la vida de una persona humana en un estado de total inocencia, indefensión y dependencia. La maldad del aborto no se sustenta en credo religioso alguno sino en el derecho inherente de toda persona a la vida, incluso antes de nacer”, manifestó la Conferencia Episcopal de Guatemala en un comunicado de prensa.

Las contradicciones de Pérez Molina

La cancillería ya conocía el contenido de las polémicas convenciones antes de la asamblea. Aun así, durante el discurso inaugural que pronunció frente a la comunidad internacional, Pérez Molina dijo que las firmaría e instó a las demás naciones a hacer lo mismo. Pero después,  frente a los sectores conservadores de la sociedad civil, dio un giro de 180 grados.

“Quiero destacar la importancia transversal de los derechos humanos en los trabajos de la organización. También es oportuno resaltar que en esta asamblea se contempla aprobar convenciones interamericanas relativas al racismo, la discriminación y la intolerancia y Guatemala asume el compromiso de suscribir y promover su aprobación”, dijo Otto Pérez Molina durante el discurso de inauguración de la asamblea. 

Posteriormente, frente a la concentración de manifestantes en contra del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo, dijo: “La base de la sociedad guatemalteca es la familia y vamos a cumplir con los valores y la ética que manda la Constitución”. Agregó que no había firmado las dos convenciones porque “hay cosas con las que no estamos de acuerdo”.

“Nosotros vamos a poner una reserva marcando nuestra posición. Los países tienen la libertad de hacer las reservas del caso y nosotros lo vamos a hacer”, dijo Pérez Molina, a pesar de que el artículo 137 del Código Penal guatemalteco permite el aborto terapéutico, el cual tiene como fin evitar que se amenace la vida de la madre. Según la Fundación Guttmacher, en Guatemala se producen unos 65 mil abortos clandestinos al año.

“Que se puedan hacer cambios de política exterior en 24 horas es un poco increíble. Pareciera que algunas decisiones de política exterior se dan en función de quiénes presionan más. En todo caso era suficiente con haberse hecho reserva de temas específicos y no decir que no se iba a firmar toda la convención. Resulta fuera de contexto tomando en cuenta que Guatemala es uno de los países con mayor población indígena y es preocupante en el contexto de lo último que se ha vivido en el país, que se sigan reiterando por parte del Ejecutivo acciones que van a favor de la discriminación y no lo contrario”, afirma Carmen Rosa de León Escribano, directora de Iepades.