Una de las posiciones polémicas en el foro sobre cultivos ilícitos, que, por petición de la mesa de paz de La Habana, organizaron la ONU y la Universidad Nacional y que comienza el martes, será, sin duda, la de Ricardo Vargas, uno de los mayores conocedores de la historia de las Farc en la economía de la coca. (Véase también: Las drogas como economía de guerra y el proceso de paz en Colombia)

Vargas, autor de varios textos sobre cultivos ilícitos, conflicto y política antidrogas, piensa que la inclusión del tema en la agenda de negociación del Gobierno y las Farc partió del “supuesto equivocado” de que sacar a esta guerrilla del negocio contribuirá significativamente a superar el problema de la coca en el país.

Incluso, dice, no llevará a un cambio drástico frente al conflicto. No solo porque otras mafias se disputan con esta guerrilla los territorios donde hay cultivos de hoja de coca, sino porque hace tiempo que las Farc comenzaron a mover sus bases hacia la minería.

Sin contar con que algunas estructuras de esta guerrilla que no se acojan a los acuerdos de paz seguirán con el narcotráfico.

En consecuencia, dice Vargas, la solución no puede ser la sustitución de cultivos de coca en las zonas de colonización. Se trata de sacar de ellas a los campesinos y de reubicarlos en las fincas incautadas a los narcos para que se integren a las zonas de desarrollo.

¿Por qué considera “equivocado” el planteamiento frente a las Farc, los cultivos ilícitos y la paz?

Porque el narcotráfico es mucho más que el vínculo de las Farc con el negocio. El Gobierno tiene que replantear su diagnóstico. Es clara la posibilidad de que en las zonas de influencia de la guerrilla se restablezcan otros actores de la droga, como bandas y los mismos desertores de las Farc.

En todo caso, se trata de desactivar a uno de los actores de la producción de drogas ilícitas…

Sí. ¿Pero van a ser las Farc los guardianes de las zonas para que no lleguen cultivos ilícitos? Se supone que van a estar desarmadas. El presidente Juan Manuel Santos no puede decirles: ‘Háganse del lado de nosotros y ayúdenos a prestar guardia’.

Podría desatarse otro conflicto…

Sí, porque queda el problema no resuelto de otros poderes emergentes. El poder mafioso sigue vivo en Colombia y sobre eso la agenda de paz no contempla nada.

Entonces, ¿qué debería hacerse con los campesinos que han dependido de los cultivos de hoja de coca en zonas de influencia de las Farc?

Hoy el Gobierno no tiene política de sustitución para las zonas productoras. Tomó la decisión desde el 2004 y eso no ha sido replanteado hasta ahora. El país debería saber qué está pasando con los bienes incautados al narcotráfico, porque en ellos está la alternativa para los campesinos.

¿De qué manera?

La idea es que el Gobierno recoja a los campesinos que están en las puntas de las zonas de colonización, donde no hay opciones, y los traiga a esas fincas incautadas para que desde ahí se integren a la economía.

¿En qué bienes está pensando?

Hay muchas fincas en zonas de desarrollo. Por ejemplo, todo lo de ‘Micky’ Ramírez, en Zambrano (Bolívar). Esas fincas las han escondido. Salomón Kalmanovitz calcula en 3 billones de pesos lo que se han robado de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

¿Es un error la sustitución de cultivos ilícitos en zonas de colonización?

Sí. Lo que se debe hacer es traer a los campesinos a los centros de desarrollo y cerrar la frontera agrícola. Sacarlos de esas puntas de colonización, de bien adentro del Guaviare, Caquetá y otros lugares, que están hoy bajo control de las Farc o de otros grupos armados. No tiene sentido pensar en carreteras por allá, que es lo que planteaba ‘Manuel Marulanda’. La alternativa es integrar a los campesinos, pero ahí viene el pulso político con las Farc.

¿Les conviene más al país y a los campesinos su traslado a los centros de desarrollo?

Sí. El cierre de la frontera agrícola es necesario. Si no se da, se repite el círculo vicioso. El campesino tumba monte, siembra y, si no obtiene rentabilidad, cultiva coca y otras cosas. Eso termina controlado por la guerrilla, el Gobierno fumiga, el campesino se desplaza y sigue tumbando monte. Es más estratégico cerrar la frontera agrícola con una distribución transparente del banco de tierras.