Con una mayoría que le aseguraba la aprobación de un modelo de regulación estatal del mercado de cannabis, el Senado de Uruguay votó ayer para que este pequeño país del Cono Sur se convirtiera en el primero en el mundo en controlar la producción y comercialización de la marihuana. Habla John Walsh, coordinador de Políticas de Drogas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. 

El histórico paso de Uruguay coincide con la llegada de expertos a Bogotá, que asistirán a reuniones hoy y el viernes durante el 54º período de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad). Entre los asistentes está John Walsh, coordinador del programa de Políticas de Drogas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, siglas en inglés). Para Walsh, el avance uruguayo demuestra que la transformación de la política global de drogas comienza por las iniciativas de cada Estado.

¿Qué futuro le ve al modelo de regulación en Uruguay?

Por ser un país pequeño, con instituciones fuertes y una confianza relativa de la sociedad en el Estado y el Gobierno, tiene muchas posibilidades de éxito con esta nueva ley. Es probable que haya continuidad del proyecto político del Frente Amplio, eso es muy importante para dar seguimiento por parte de un gobierno que sabe cuáles son las finalidades del proyecto y no quiere frustrarlo. Así va a tener la posibilidad de ir construyendo una base de apoyo social, con el que aún no cuenta mayoritariamente. El próximo presidente probablemente va a ser Tabaré Vázquez, quien también apoya la iniciativa.

En todo caso, aparecerán problemas en el camino, va a ser una cuestión de ensayo y error. Las reglas del juego sin embargo están claras: tomar el mercado de cannabis de las manos de los criminales y asegurar que los usuarios puedan acceder a la droga más sanamente y al mismo tiempo evitar que haya una producción que vaya por otro lado.

¿Cómo este modelo inspirará a países más grandes y complejos en materia de drogas?

En unos dos años se verá cómo pueden aplicarse las lecciones uruguayas a problemáticas distintas. El hecho de que Uruguay tome esta ruta crea un espacio político. Nos dice que es un camino legítimo, que un gobierno puede hacerlo, que el fin no es una utopía sino un mejoramiento de la situación de los ciudadanos.

El modelo uruguayo viola la Convención Única de Estupefacientes de la ONU, de 1961. ¿Es hora de actualizar la convención o condenar el modelo?

Uruguay ha escogido no retirarse de la Convención, aunque la letra y el espíritu del tratado claramente no permiten el modelo uruguayo. Lo que dice Uruguay es que va a seguir su ruta porque es la correcta, y esto implica reconocer que la Convención es la incorrecta y hay que corregirla, porque si no, otros países también van a dejarla atrás. Si no se permite una reforma de la Convención, va a quedar en desuso. Uruguay está dando el primer paso. Además, lo hace con una especie de protección contra la presión política, porque EE.UU. da pasos parecidos.

¿Por qué Estados Unidos?

Hace 10 años, intentar lo que hace hoy Uruguay era imposible, las presiones políticas en contra hubieran sido enormes. Estamos en otro momento porque EE.UU., que fue el arquitecto del sistema y defiende aún en términos generales los tratados internacionales, ya está en otra posición con respecto al cannabis y no reprime a cualquier país que quiera hacer algo distinto. EE.UU. también figura entre los países que buscan otras rutas. Por los sistemas de legalizar y regular el cannabis que se han aprobado en algunos de sus estados, no está en posición para prohibir que otros países hagan algo parecido. Por eso, Uruguay toma el liderazgo en un momento muy preciso.

Al hablar de legalización, muchos presidentes argumentan que sólo harán reformas en sus países cuando se alcance un consenso global. ¿Uruguay está tumbando ese argumento?

Mire a EE.UU.: no es que el gobierno federal vaya a llegar a un consenso distinto. Es la presión desde los estados la que produce el cambio. Para lograr en el tiempo tener un grupo de países con el interés común de cambiar, la cosa tenía que empezar por alguno y ese es Uruguay. Para esperar un consenso hay que construir realidades, mediante experimentos que enriquecen el debate, producen información y dejan precedentes. Son los estados los que tienen que mostrar su desacuerdo e insatisfacción con los resultados de lo que proponen los tratados . Ellos no están en contra de las metas de las convenciones, que son promover la salud y el bienestar del ser humano. Uruguay quiere lograr los fines pero con otros métodos, a su parecer mejores que el antiguo sistema.

Hay países avanzados en política de drogas, pero que por atenerse a las convenciones internacionales viven una contradicción.

Holanda es un buen ejemplo de cómo los estados han trabajado para quedar adentro de las convenciones, en cuanto a no regular la oferta de cannabis. Eso les acarrea problemas para tener el sistema de tolerancia en los coffee shops, porque deben adquirir el producto ilegalmente. Eso trae criminalidad y problemas con el mercado negro.

¿Qué tan abiertos están organismos como la Junta de Fiscalización de Estupefacientes para impulsar reformas de las convenciones?

La JIFE no ve su papel como el de observar y dialogar con estados para ver cómo reconciliar sus tensiones con los tratados. Se encarga más bien de reprimir y criticar. En el caso de EE.UU., ven que este país ha pasado los limites de las convenciones y lo que debe hacer a nivel federal es no permitir a los estados avanzar en sus nuevas leyes. Eso no va a suceder. Con Uruguay es lo mismo. Lo que le falta a la JIFE es entender que los estados miembros son los que pueden cambiar las convenciones. Los tratados no son para siempre, se pueden cambiar.

El narcotráfico es el punto actual en la agenda del proceso de paz en Colombia. ¿Cuál cree que es la salida más inteligente?

Esta es una oportunidad para tener una lectura más avanzada de la problemática de las drogas no sólo en Colombia, sino en la región, en particular con respecto a la coca y la cocaína. Lograr un acuerdo sobre estos puntos sería fantástico, pero mi inquietud es que se vaya a plantear de una manera muy difícil de cumplir por ambas partes. Hablar de una Colombia sin cocaína, o sin coca, no es muy real. En Colombia, además de las Farc, hay muchos otros actores en la industria de la cocaína. Lo mismo con la coca. Hay posibilidades para lograr acuerdos sobre puntos básicos en el desarrollo alternativo y la no criminalización, pero hay que tener cuidado de no construir metas muy difíciles de lograr, para que en pocos años no haya una política fracasada. Se necesitará más tiempo para un programa integral de desarrollo alternativo rural. Mejor hablar en términos realistas.

¿Qué propósito tiene la reunión de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas que se realizará en Bogotá?

Profundizar en una política de drogas basada en la salud pública: cuáles son las políticas que hay que fortalecer y cuál debe ser la perspectiva de los gobiernos para cumplir en términos de tratamiento para adicciones y de no criminalización de usuarios. Se trata de pensar cómo cumplir con tratar el asunto como una cuestión de salud pública y no de justicia criminal.

¿Y cómo ve el modelo uruguayo desde esa perspectiva de la salud pública?

Uruguay tiene aquí también una ventaja. Ha tenido un enfoque integral de prevención, tratamiento, un sistema de salud pública bastante desarrollado y unas instituciones fuertes. Empiezan este proyecto con una ventaja en comparación con muchos otros estados donde, si existen, son muy débiles los sistemas de ayuda y la cultura es más de rechazo, demonización y criminalización. Uruguay ha tenido una experiencia más larga y un planteamiento de no reprimir el consumo sino buscar ayudar y evitar que crezca. En todo caso, Uruguay todavía tiene sus problemas grandes y esa es en parte la motivación de su famoso proyecto de regulación.

Daniel Salgar Antolínez