Eduardo Blasina es un agrónomo que se hizo empresario en 2010, cuando el gobierno de Uruguay dio señales claras de que la regulación de la marihuana iba en serio. Era el primer país del mundo en abrir la producción y el consumo de las flores de cannabis y había que corresponder la audacia. En 2017 fue uno de los cultivadores que dio vida a una de las dos empresas autorizadas a producir este enervante con fines recreativos y venderlo en unas cuantas farmacias distribuidas en el territorio. El entusiasmo se enfrió por un problema de costos. El precio en los puntos de venta es fijado por el gobierno a través del Instituto de Regulación del Cannabis: un dólar por gramo, cuando lo óptimo sería de cinco a seis dólares por unidad de medida. “No hay margen”, dice Blasina.