Según el gobierno colombiano, los consumidores de cocaína ignoran el desastre ecológico que representa la producción de este alcaloide. Si supieran que la cocaína está generando un ecocidio en el principal país productor del mundo de esta droga, Colombia, entonces dejarían de consumirla. Sobre este principio, el gobierno ha organizado una campaña informativa titulada Responsabilidad Compartida para difundir a través de imágenes y cifras la destrucción que genera la producción de coca y de cocaína en el país. La campaña, que cuenta con el apoyo, entre otros, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), se ha expresado básicamente a través de una exposición itinerante por diferentes países de Europa.

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Aunque los cultivos de coca son responsables de un porcentaje de la deforestación que ocurre en el país, tal como lo describe este informe preparado por el ecólogo colombiano Germán Andrés Quimbayo Ruiz, la coca no es la principal responsable de la deforestación en Colombia. Un informe de 2005 de la FAO, señala el crecimiento de las explotaciones ganaderas como uno de los principales responsables de la destrucción de los bosques tropicales en América Latina, -y en Colombia- con un daño irreversible para los ecosistemas de la región. También el modelo de explotación extractivista para la exportación atenta contra la megadiversidad de Colombia. Dentro de este modelo, los cultivos de coca, adormidera y marihuana son uno más entre cientos de otros productos y formas de explotación irracional.

Pero además, la deforestación y otras consecuencias graves para el ambiente por motivo de los cultivos de coca, y la producción de cocaína son consecuencia de las políticas de drogas que aplica el gobierno colombiano con el apoyo de EEUU, y que han propiciado la expansión y desplazamiento de los cultivos cada vez más adentro en las selvas.

Una adecuada política para abordar el problema de los cultivos ilícitos, y en general de la producción de drogas, el narcotráfico y el consumo, podría lograr que se evitara el tremendo impacto que está teniendo ahora la producción de coca y adormidera para opio sobre el ambiente. Un auténtico debate en vistas a una reformulación de las actuales políticas de drogas sería mucho más útil que las estrategias de señalamiento y repartición de culpas.

RECOMENDACIONES

• La actual política antinarcóticos es también gran responsable del ecocidio porque ha incentivado el desplazamiento de los cultivos. Una nueva política para las drogas que obtuviera al menos la estabilización de las áreas productoras representaría ya de por sí un éxito en la lucha contra los cultivos de uso ilícito en cuanto a sus repercusiones ecológicas.

• La fumigación de herbicidas que se viene practicando en Colombia desde hace décadas es otro importante factor de destrucción ambiental. Una política de drogas que se pretenda responsable con el ambiente debería desechar inmediatamente las aspersiones aéreas.

• El gobierno debería llegar a acuerdos con las comunidades rurales para crear condiciones socioeconómicas, ambientales y éticas, no sólo para delimitar las áreas destinadas a plantas para narcóticos, sino para evitar una monodependencia de la economía ilegal.

• Hay que eliminar el ámbito de marginalidad en el que se desarrolla la vida del campesino dependiente de una economía considerada ilícita. La descriminalización del pequeño y mediano productor permitiría una mejor interlocución con las instituciones del Estado.

• Dentro de una perspectiva de reducción del daño ambiental, debería brindárseles a las comunidades rurales vinculadas en la producción de cultivos ilícitos y fabricación de narcóticos, la información y capacitación necesaria para el uso correcto de herbicidas y productos químicos requeridos en el proceso de elaboración de la droga, de modo que se proteja la salud y el entorno. El problema no radica en la coca ni en su cultivo. Si existieran alternativas para una producción sana, ésta se llevarían a la práctica reduciendo el impacto al ambiente.