Cuarenta años después de que el ex presidente estadounidense Richard Nixon declarara la guerra contra las drogas, la Comisión Global de Política de Drogas proclamó el fracaso de la cruzada mundial.

La citada comisión, integrada por ex mandatarios latinoamericanos, un ex secretario de Naciones Unidas, académicos y algunos notables, divulgó ayer jueves un documento en Nueva York, en el que pide a políticos y figuras públicas "tener el coraje de articular públicamente lo que muchos de ellos reconocen privadamente: que la evidencia demuestra abrumadoramente que las estrategias represivas no resolverán el problema de la droga (…) la guerra contra la droga no ha sido, no podrá y no será ganada".

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Rectificar
Uno de los integrantes de la Comisión, el ex presidente colombiano César Gaviria (1990/94), bajo cuya administración, asediada por el terror de las bombas de los cárteles de la droga, se propicio la rendición de narcotraficantes y se persiguió, hasta darlo de baja, a Pablo Escobar, reconoció que “reducir el consumo es sólo parte de la solución”. Además, opinó que los países deben “experimentar con esquemas distintos (…); no estamos hablando de legalizar. Las drogas sí hacen daño”.

Otro ex mandatario del grupo, el brasileño Enrique Cardoso, reclamó creatividad para enfrentar el problema. “No debe ser una guerra sino otra manera más inteligente de combatir el uso de drogas”, afirmó.

Además de Gaviria y Cardoso, integran la comisión Ernesto Zedillo, ex presidente de México, Koffi Annan, ex secretario de la ONU, y otros 15 académicos y políticos.

"Entre la legalización absoluta y la prohibición absoluta hay un campo de acción para regular las drogas. No lo conocemos todavía", comentó el analista venezolano Moisés Naím.

Citando cifras de la ONU, el informe señala el aumento del consumo en la última década en 34,5% para opiáceos, 27% para cocaína y 8,5% para cannabis.

Santos apoya
El miércoles, antes de la divulgación oficial del informe, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se pronunció favorablemente y reclamó un lugar para su país en el debate global. “Van a proponerle al mundo repensar la lucha contra las drogas, un nuevo enfoque en la lucha que aquí en Colombia hemos librado como ningún otro país del mundo. Como ningún otro país, tenemos la autoridad moral para participar en esa discusión global, porque si hay algún país que ha hecho sacrificios en esta lucha contra el narcotráfico, ha sido Colombia”, aseveró el mandatario durante una ceremonia de ascenso de oficiales de la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá.

No es la primera vez que Santos se refiere a la reorientación del combate al narcotráfico. En octubre del 2010, en vísperas de la votación en el Estado de California sobre la legalización de la producción de marihuana, así como en Cartagena de Indias durante la instalación de la Cumbre de presidentes latinoamericanos, manifestó que "si todo lo que se está haciendo es enviar a nuestros conciudadanos a la cárcel, mientras que en otras latitudes, el mercado se está legalizado, entonces tenemos que preguntarnos: ¿no es hora de revisar la estrategia mundial contra las drogas?”

Falta mucho
Desde la óptica de quienes en Colombia siguen el asunto de las drogas con una postura crítica, en una primera consideración el sociólogo, investigador y autor de ensayos sobre el tema, Ricardo Vargas Meza, señala que “es muy cómodo ser flexibles y liberales en el asunto de la demanda, pero muy poco reflexivos para abordar el asunto del tráfico y la producción”.

El investigador señaló inconsistencias y manipulación de cifras, entre ellas la discrepancia en los informes de las autoridades colombianas y estadounidenses sobre las cantidades de cocaína incautadas.

¿Hay realmente un panorama propicio para una revisión a fondo de la política antidroga en Colombia?

En el caso colombiano, generar nuevas políticas de drogas implica crear una metodología de participación civil, porque para poder legitimar reformas interesantes se requiere el concurso de la academia, centros de pensamiento, organizaciones de la sociedad civil, comunidad educativa, y hasta ahora el país no ha tenido esos espacios. Habría que proyectar un proceso a mediano y largo plazo. Esto no puede ser el desarrollo de una iniciativa puramente reactiva, un poco emocional, frente a un informe, pues se deben sentar las bases para que la sociedad colombiana se piense desde el tema de lo que han significado las drogas y la experiencia del gran fracaso a nivel institucional, y sobre esa base, con el compromiso de los partidos políticos, iniciar un debate a fondo de hacia dónde quiere ir el país.

Es un hecho que con la bancada mayoritaria del partido en el poder, el del presidente Santos y del ex presidente Álvaro Uribe, se revirtió en el Legislativo un fallo de la Corte Constitucional del año 2000 que despenalizaba la dosis mínima.

En general, los partidos políticos en Colombia no han incorporado programáticamente el tema de las drogas, en cambio, muchos de ellos se han beneficiado de sus vínculos con el narcotráfico y también de alianzas muy complicadas con el narco-paramilitarismo. Estamos observando una crisis muy profunda de organismos como la Dirección Nacional de Estupefacientes, que indica la participación de partidos políticos que se benefician y facilitan la continuidad del control de los bienes incautados al narcotráfico. El panorama, desde el punto de vista de los partidos políticos e instituciones, es muy grave y, para desarrollar un cambio en términos institucionales, se necesitan excelentes diagnósticos del problema, y el país todavía no los ha hecho. El primer paso debería ser el balance de la institucionalidad creada con respecto a las drogas.

También sería necesario mirar la realidad de la producción de drogas en Colombia, la diferencia entre marihuana y cocaína, que es un asunto crucial.

Volviendo a lo que el informe internacional dice sobre las drogas, se nota que es factible pensar a mediano plazo en un escenario en el cual las políticas le apunten a una mayor flexibilidad frente a la marihuana, y es probable que las legislaciones recojan parte de esta recomendación. Pero Colombia es, antes que nada, un país productor de cocaína y en ese sentido está rezagada del debate mundial sobre este tipo de sustancias, señaladas como peligrosas, frente a las cuales no hay ninguna flexibilidad. Colombia debería tener mejores aporte y estudios sobre, por ejemplo, el tratamiento de los adictos a la cocaína. En el contexto internacional, los avances en relación con la adicción están muy concentrados en la heroína, que es donde más se aplican las políticas de reducción de daños a propósito del intercambio de jeringuillas, incremento del VIH, problemas de hepatitis, etc. En Colombia, país productor de drogas, específicamente de cocaína, las universidades no adelantan ninguna investigación de fondo, aunque el país debería ser una potencia en ese aspecto. Esto para concretar en qué dirección podría avanzar Colombia para incidir en el debate global y no seguir repitiendo el discurso de crítica a la política de guerra a las drogas.

Decía usted que, desde el punto de vista del consumo, es muy fácil ser liberal frente al problema de las drogas, mas muy complejo desde la óptica de la producción, que es el caso colombiano.

Ése es otro sesgo que tiene el informe de la Comisión, en el sentido de que la reflexión está muy puesta sobre el consumo, la demanda. Sin embargo, temas como tráfico y producción están todavía por analizar, y ahí también Colombia tendría muchísimo que decir. Pero, para poder hacerlo, debería mirar críticamente las cifras, los diagnósticos del problema, la complejidad de la relación entre conflicto armado y drogas, las nuevas modalidades de tráfico transnacional y a observar más seriamente la producción.

Operación hielo y fuego
Como una réplica al informe, ayer, desde Boston, el Director de la Policía Antinarcóticos de Colombia, general César Augusto Pinzón, divulgó los resultados de una típica acción de la guerra contra las drogas, la Operación ‘Fuego y hielo, alianza 22 final’, en la que actuaron conjuntamente a lo largo de tres años las policías y fiscalías de Colombia, Italia, Portugal, España y China, y del Estado de Massachusetts. Según el informe oficial, se desarticuló “la red de lavado de activos más grande”, al servicio de las criminales Oficina de Envigado y banda Los Paisas. El saldo, 23 capturados en Colombia, la mayoría nacionales solicitados en extradición por tribunales estadounidenses, y 63 en el exterior, entre ellos españoles, italianos, puertorriqueños y un estadounidense. Además, se incautaron 480 millones de dólares y más de un centenar de empresas e inmuebles en Curazao y Colombia.