Después de idas y venidas discursivas, el proyecto de ley de regulación del mercado de la marihuana avanza entre pedidos de encuestas, preguntas mal hechas y sondeos tergiversados. Una comisión ad hoc en la Secretaría Nacional de Drogas estudia recomendaciones de cara a la redacción del proyecto de ley que redactará el Gabinete de Seguridad.

La primera en pronunciarse fue la encuestadora Interconsult. A fines de junio la empresa aseguró que el 60 por ciento de los consultados era contrario a la “legalización de la tenencia y de la venta de marihuana”, una formulación sorprendente puesto que la tenencia de hierba para consumo personal es legal desde 1975.

El miércoles 11 de julio Mujica dijo, palabras más palabras menos, que si el 60 por ciento de los uruguayos no estaba a favor del cambio normativo respecto al cannabis, él se iba “al mazo” con la audaz iniciativa. Al día siguiente se difundió una encuesta de Cifra: 66 por ciento de los 800 encuestados eran contrarios a la “legalización” de la marihuana, lo que obliga a aclarar una vez más que el gobierno no pretende legalizar sino regular el mercado del cannabis.

El lunes pasado, en el Consejo de Ministros, la secretaría de Interior dio a conocer una encuesta telefónica de donde se desprendería que 99 por ciento de los uruguayos conocerían todas o alguna de las medidas de seguridad y convivencia que anunció el gobierno hace un mes, mientras que el 95 o el 97 por ciento (se escucharon los dos números) sería partidario de la internación compulsiva de los adictos. No quedaba tan claro el número de los que estaban a favor de la regulación de la marihuana, pero la enorme mayoría se pronunciaba contra esta posibilidad.

Resulta curioso que el gobierno haya encargado a la consultora Equipos Mori esta investigación cuando todavía no ha definido claramente la iniciativa cuyo apoyo desea conocer. Además, no todas las autoridades interpretan los hallazgos del informe de la misma manera que el Ministerio del Interior. De hecho el estudio no está terminado, y falta justamente la parte que se ocupa de interpretar esas cifras.

Para un sector del gobierno de Mujica las encuestas parecen haberse convertido en la brújula con que orientarse en la cartografía diversa y desafiante de lo social. En el marco de esa reflexión colectiva reclamada por el gobierno parece oportuno preguntarse si una nueva forma de convivencia puede construirse sobre la base de respuestas dadas a preguntas que no atañen a lo que en verdad querría saberse.

La empatía del presidente difícilmente pueda discutirse. Pero la claridad es otra cosa. La impresión generalizada de que tanto Mujica como el Ministerio del Interior dicen una cosa y después otra distinta y luego vuelven al asunto desde otro costado, y además después se ofenden porque los malinterpretan, no parece ayudar a que aquellas personas que no conocen el tema de las drogas más que de oídas puedan formarse una opinión fundada sobre la materia.

Fuentes gubernamentales explicaron a Brecha que en estos días le han mencionado a Mujica la necesidad de “bajar la pelota al piso”, dejando “que el tema navegue por sí mismo”. En realidad el presidente conocería escasamente la materia y esto le ocasionaría inseguridad, haciendo que su prédica no resulte convincente. Sin embargo, ayer Mujica anunció que retornaría a la campaña.

¿Y EL PROYECTO? “El proyecto de ley de la regulación del mercado de marihuana no está muerto ni mucho menos”, aseguraron a Brecha desde la Torre Ejecutiva. El Gabinete de Seguridad se tomó su tiempo para armar los otros proyectos anunciados el mes pasado, y esta semana José Mujica ordenó retomar los trabajos para enviar a la brevedad un anteproyecto referido a la marihuana, que en realidad contendría un marco de principios generales. La pisada del acelerador respondería a la interpretación extendida de que la causa estaba perdida, dados los resultados de los estudios de opinión pública.

Lo que el Ejecutivo propondrá entonces al Parlamento será un marco general. Luego de las correspondientes consultas con organizaciones sociales, autoridades y especialistas involucrados, llegaría la bajada a tierra. Todavía no está claro cómo el usuario se abastecería de marihuana, ni qué entidad sería la responsable de administrar este negocio. Esos y otros detalles serán definidos en la etapa de la reglamentación.

Los dos ejes en los que se trabaja son el sanitario y el combate al narcotráfico, quitándole una porción del mercado con la regulación. Para ello el Estado tendrá el monopolio del cultivo y de todas las etapas del proceso de producción y distribución. Una de las ideas fuerza del proyecto es dotar de transparencia a todos los procedimientos. Los privados también podrán participar de la aventura mediante convenios con el Estado.
En lo que respecta a la salud de los usuarios de marihuana, se trabaja en dispositivos que privilegien la relación médico-usuario, incorporando a este último al sistema sanitario desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños.

Aunque no está claro del todo que la propuesta de la Presidencia incluya la posibilidad del cultivo para autoabastecimiento, son varios los que pujan para que la opción sea contemplada. Alegan que es un dato de la realidad que se planta y se seguirá plantando. Hay organizaciones sociales y cultivadores hogareños organizados presionando para que así sea, y un proyecto de ley que la Cámara de diputados comenzó a elaborar en febrero de 2011 que cuenta con amplio respaldo en el oficialismo y en parte de la oposición. Otros no están tan convencidos, porque estiman que permitir el cultivo para consumo personal podría facilitar la acción de la “viveza criolla”, y lo producido terminaría alimentando redes de tráfico ilegal.

AD HOC. Esa discusión se planteó en una comisión ad hoc creada por la Secretaría Nacional de Drogas y que integran los ministerios de Salud Pública y del Interior, los diputados Sebastián Sabini y Nicolás Núñez, las ong Prolegal y Asociación de Estudios de Cannabis de Uruguay, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Ielsur y técnicos del Portal Amarillo, entre otros. Pros y contras, alternativas, problemas y consideraciones técnicas se discutieron en esa mesa que la próxima semana tendrá su segunda reu­nión para seguir sintetizando los aportes que se integrarían a la redacción del proyecto de ley que comenzaría a rodar la próxima semana.

Algo que parece cada vez más seguro es que habrá un registro de usuarios. Las autoridades consultadas por Brecha sostuvieron que el método para establecerlo será lo menos invasivo que se pueda, pero que el registro existirá. En éste constaría la información fitosanitaria, en caso de que se autorice el cultivo, o de las personas en caso de que se autoricen los clubes de plantadores.

Esta es una figura similar a una cooperativa de producción, que permite a los socios acceder a determinados cantidades de marihuana. En España funcionaron unos cuantos hasta que llegó Rajoy a La Moncloa. El Estado los controlaba como se controla a cualquier sociedad civil sin fines de lucro. Pero si habrá o no clubes cannábicos, cultivo para autoabastecerse o funcionarios públicos especializados en el cultivo del cáñamo todavía es un territorio abierto a la especulación.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y el Transnational Institute (TNI), dos de las ONG más importantes en las arenas globales de las políticas de drogas y derechos humanos, manifestaron en un comunicado de prensa su apoyo a la regulación de la marihuana en Uruguay.

“El gobierno de Uruguay ha sido valiente al proponer la regulación del mercado de marihuana. (…) La propuesta podría convertirse en el gran paso histórico que muchos actores en todo el mundo han venido esperando respecto al estancamiento de las políticas sobre drogas”, manifestó Martin Jelsma, coordinador del Programa sobre drogas y democracia del TNI.

“En comparación con otros países, la propuesta de Uruguay para regularizar el mercado podría abarcar un conjunto de problemas que existen alrededor del mercado ilícito actual, aunque falta todavía mucho por precisar. Ya llegó la hora de que algún gobierno se atreva a romper con la doble moral”, opinó Jelsma.

Las organizaciones también publicaron un video que tiene por protagonista a la escritora e investigadora Alicia Castilla, presa a finales de 2010 en Canelones por tener una plantación de marihuana en su casa. El video y varios estudios sobre Uruguay y el mundo se pueden ver en aqui.