El modelo prohibicionista que aplican países como España sobre la marihuana no sólo no ha servido para reducir su consumo, sino que ha fomentado un mercado negro que ha generado graves consecuencias sociales, judiciales y de salud pública. Es una de las conclusiones de Auge y caída de la prohibición del cannabis, un informe elaborado por Transnational Institute (TNI) y Global Drug Policy Observatory (GDPO) que concluye que la regulación del sector es la única solución posible, además de ser "irreversible". (Véase también: Martin Jelsma: "Regular el mercado del cannabis no significa facilitar el acceso")

El documento, publicado por la revistaCáñamo y presentado por Martin Jelsma, uno de los expertos en política dedrogas más prestigioso del mundo, asesor del gobierno uruguayo y coautordel informe, destaca que el actual modelo tan restrictivo de la mayoríade países "ha generado una importante carga para los sistemasjudiciales penales, causado impactos sociales y de salud públicaprofundamente negativos, y creado mercados delictivos que fomentan ladelincuencia organizada, la violencia y la corrupción”.

Una de las muchas críticas que se recogen en el informe es que el marco internacional que desde los años sesenta clasifica a la marihuana como una droga peligrosa ha quedado obsoleto. Por eso insta a la ONU a actualizar su sistema de control de drogas para darle más base científica y adaptarlo a las necesidades del siglo XXI. “Existen buenos motivos para poner en tela de juicio el modelo prohibicionista para la fiscalización del cannabis impuesto por los tratados. La inclusión original del cannabis en el actual marco internacional fue el resultado de procedimientos cuestionables y pruebas discutibles”, remarca el texto.

Esta legislación represiva contrasta, a juicio del informe, con la regulación de facto que han tenido que aplicar algunos países donde el uso tradicional y religioso del cannabis está muy extendido, así como con el aumento del consumo de marihuana en el mundo en los últimos cincuenta años, sobre todo como alternativa terapéutica pero también recreativa. “Décadas de dudas, deserciones blandas, hipocresías jurídicas y experimentos normativos han llegado ahora al punto en que la regulación de jure del mercado del cannabis está ganando cada vez más aceptación política”, argumenta.

Las federaciones cannábicas catalanas han aprovechado la presentación en español del informe internacional para exigir al gobierno de Mariano Rajoy que aproveche que las leyes van a cambiar en muchos países, como es el caso de algunos países de América Latina y de algunos estados de Estados Unidos, y “deje de ir a la contra apostando por un modelo prohibicionista que no se ha asentado”. Así mismo, le reclaman que tenga en cuenta el trabajo de autoregulación que las entidades llevan haciendo desde hace más de veinte años para profesionalizar el sector y acabar con la inseguridad jurídica y la persecución policial.

En el caso de Catalunya, tanto la Federació d’Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya (FEDCAC) como la Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya (CATFAC) han criticado a la Generalitat por la falta de avances. En este sentido, han lamentado que mientras que desde la consejería de Salud se apuesta por establecer un protocolo claro para regular el consumo de marihuana, desde Interior se actúa con mano dura hasta el punto que actualmente hay más de cien imputados en procesos judiciales por supuestos delitos contra la salud pública. Aun así, aseguran que a partir de septiembre continuarán las conversaciones con el gobierno catalán.

Respecto al llamado turismo de porro que últimamente se ha puesto de moda en Barcelona coincidiendo con el aumento de clubs cannábicos y la falta de rigor a la hora de admitir socios, las dos federaciones catalanas asumen que algunas asociaciones han realizado “malas prácticas”, pero han coincidido en responsabilizar a la administración del fenómeno por la falta de una regulación clara. “Los principales responsables del turismo cannábico son las administraciones porque no han regulado el sector”, explica Jaume Xaus, portavoz de CATFAC.

Mientras tanto, la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de prohibir durante un año la apertura de nuevos clubs de marihuana con el objetivo de elaborar una normativa específica es bien acogida por estas entidades. “El Ayuntamiento ha dado un primer paso hacia la regulación que agradecemos”, sostiene Oriol Mayol, portavoz de FEDCAC. En este sentido, desde hace un mes se están realizando inspecciones a los centros para comprobar si tienen la licencia correspondiente y cumplen la normativa vigente sobre evacuación de humos.