Distrito Federal (Proceso) — México vive una de las peores crisis de su historia en materia de seguridad. Así lo señala la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), organización de derechos humanos, y la red mundial de investigadores y analistas Instituto Transnacional (TNI), de acuerdo con el estudio Sistemas sobrecargados: leyes de drogas y cárceles en América Latina, que ambas agrupaciones dieron a conocer el pasado jueves 9.

Según el documento, la estrategia del gobierno de Felipe Calderón en el “combate” al narcotráfico ha resultado fallida desde las leyes. Los altos niveles de violencia no son el único costo de ello: también lo son la cantidad y el perfil de la gente encarcelada como resultado de la legislación vigente.

Aunque el número de detenidos y recluidos ha sido un indicador utilizado por el gobierno para tratar de demostrar que el combate a la delincuencia organizada funciona, el estudio sostiene que “cientos de miles” de detenciones no resultan en consignaciones, menos aún en condenas.

La “detención fácil” que ejercen las autoridades es muestra de abuso y autoritarismo. “Muchas personas inocentes están siendo detenidas”, señala el reporte y remarca la “ineficiencia” o “ausencia” de investigación por parte de los agentes del Ministerio Público.

De los 226 mil 667 detenidos por delitos contra la salud entre 2006 y 2009, cifras oficiales que obtuvieron WOLA y TNI, sólo 33 mil 500 –menos de 15 por ciento– fueron sentenciados.

Esa ha sido una crítica constante y creciente a la “ineficacia” del gobierno de Calderón en su “lógica de guerra” contra el crimen organizado, dice en entrevista Ana Paula Hernández, responsable del capítulo sobre México en el reporte Sistemas sobrecargados.

El documento señala que pese al discurso gubernamental, la legislación antidrogas en México ha servido principalmente para detener y encarcelar a personas cuya peligrosidad y papel en el tráfico de drogas es “mínimo”, así como para criminalizar a los consumidores.

Basado en una muestra “representativa” obtenida en Chihuahua, Jalisco y el Distrito Federal, el estudio revela que la posesión de mariguana genera el mayor número de sentencias por delitos contra la salud. Le siguen la posesión de cocaína, posesión de cocaína con fines de venta y posesión de mariguana con fines de comercio. En términos de consumo el principal narcótico es la yerba. No figuran las sentencias por delitos como tráfico, suministro, transporte, introducción o extracción de narcóticos del país.

“Vimos que no se detiene a operadores significativos para el negocio, sino consumidores y pequeños narcomenudistas que son fácilmente sustituibles: el último eslabón de la gran cadena que es el narcotráfico”, afirma Hernández.

El estudio de WOLA y TNI revela que en 2009, 75 por ciento de los consignados por tráfico de drogas fueron detenidos con menos de 100 dólares en mercancía. En 25 por ciento de los casos no se llegaba a 18 dólares.

México se ha dedicado a llenar cárceles con delincuentes menores, aseguran WOLA y TNI. Una investigación del King’s College de Londres realizada en 2009 ubicó al país en el sexto lugar mundial en total de población carcelaria: 227 mil 21 presos ese año. Se excedió en 33 por ciento la capacidad de los 433 centros penitenciarios de la república.

El estudio Sistemas sobrecargados denuncia que en México se han incrementado las penas y se han concedido más facultades discrecionales a policías, jueces y agentes del Ministerio Público a costa del derecho fundamental al debido proceso.

“Desafortunadamente la visión que se ha tenido, en particular en los cuatro años de guerra del gobierno de Calderón, es pensar que entre mayor represión, mayores penas, mayor uso de la fuerza, va a tenerse como resultado una reducción de la violencia. Estamos viendo que no es así”, dice Hernández a Proceso.

El sistema de impartición de justicia captura fundamentalmente a pobres y marginados. El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) aportó el siguiente dato al trabajo que coordinó Ana Paula Hernández: 21 por ciento de los internos nunca fue a la escuela o no completó la primaria.

“Dejaron una sobrepoblación inmensa, principalmente de gente de bajos recursos, personas que no han tenido acceso a un abogado, que han incurrido en delitos menores”, declara la socióloga a este semanario.

El estudio advierte acerca del uso “excesivo” de la prisión preventiva en México: de su población carcelaria en 2009, 93 mil 128 reclusos no habían recibido sentencia. El problema radica en la falta de criterios, explica Hernández. Cualquier acusado por delitos de drogas deberá pasar el proceso en la cárcel “aunque sea inocente”.

El artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales indica que todos los delitos relacionados con drogas son graves, excepto la siembra, el cultivo o cosecha de plantas “enervantes” que no tenga por objetivo la producción, suministro, comercio, tráfico, introducción o extracción de narcóticos del país. “Sumado a la burocracia, esto retiene a los infractores menores. Hay personas que sólo deberían cumplir un año de prisión preventiva y terminan cumpliendo cinco o más”.

La situación se agrava debido a la corrupción. Explica la especialista: “Los policías reciben bonos por un mayor número de detenciones o cuotas de consignación que llegan a imponer las procuradurías a los agentes del Ministerio Público”.

De los internos del país, casi 40 por ciento lo están por robos menores o narcomenudeo. El costo de mantener a “presuntos” delincuentes de baja peligrosidad e infractores menores en prisión también es material. Las sanciones “cuestan más” a la sociedad que el daño perpetrado por los acusados. “En ningún momento se dice que estas personas no deben ser llevadas ante la justicia por cometer un ilícito, pero debe asegurarse que las penas sean equivalentes al papel que juegan esas personas en el cáncer del narcotráfico”.

Incluidas en el reporte, investigaciones realizadas en 2007 por Guillermo Zepeda, analista del sistema penal mexicano, revelan que en ese año el costo promedio por recluso en México era de 10 dólares diarios. Teniendo en cuenta que en 2007 había 212 mil internos, el costo anual fue de más de 770 millones de dólares. El estudio sugiere que sería “mucho mejor” invertirlos en el combate a la corrupción, la ineficacia y la debilidad de las instituciones de administración y procuración de justicia y de seguridad pública en el país, así como en la prevención y la educación.

WOLA y TNI aluden también a la preocupante alza en la proporción de reincidentes en el sistema penitenciario en México. Entre 2005 y 2009, según el CIDE, el índice de reincidencia creció 17 por ciento. “El estudio denota que (el gobierno) piensa que la prisión va a resolver todos los problemas de seguridad y de violencia de un país y estamos viendo que no es así. El costo de meter a esta gente (los infractores de delitos menores) a la cárcel es mucho mayor que los beneficios”.

El informe dice que los centros penitenciarios del país son en la práctica escuelas del crimen. “Algunos entran como pequeños delincuentes, aprenden y se convierten en grandes delincuentes en la cárcel”.

La readaptación en prisión es utópica. Los presos son marcados. “Por una condena mínima cargan con un antecedente penal toda su vida. Difícilmente serán contratados en algún trabajo y no revertirán el círculo vicioso”, sostiene Hernández.

En lo que respecta a las mujeres, se documentó un incremento en la participación de ellas en los delitos relacionados con drogas. En la última década ese fue el principal motivo de encarcelamiento femenino: 48 por ciento de las presas están en esa categoría; 5 por ciento de las reclusas son indígenas y 43 por ciento de ellas lo está por delitos de la naturaleza referida. Muchas purgan penas “desproporcionadas”.

El reporte indica que la mayoría de las presas por asuntos de drogas son jóvenes, pobres, analfabetas o con bajo nivel de escolaridad, y casi siempre son madres solteras. “Terminan como mulas, trasportando droga, porque es la manera en que pueden alimentar a sus hijos, darles una vida digna que no les brinda el Estado. No estamos hablando de las grandes narcotraficantes, de gente que representa un gran peligro para la sociedad”, asegura Hernández.

‘Impunidad absoluta’

La falta de procesos legales y averiguaciones en torno a los 30 mil asesinatos que ha dejado la guerra contra el crimen organizado, incluidos los de civiles por parte del Estado –los “daños colaterales”–, es otra de las grandes críticas de las organizaciones que elaboraron el estudio.

Ana Paula Hernández reclama:

“Hay una situación de impunidad absoluta. Es muy sencillo para el gobierno decir que cualquier asesinato, ejecución o desaparición forzada está ligada con los narcotraficantes; que tiene que ver con el fuego cruzado, con la lucha por las plazas. Pero no tiene manera de afirmar eso porque no hay ninguna investigación detrás.

“Hay una clara responsabilidad del Estado y tiene la obligación de asegurar que esos asesinatos, como las desapariciones y las extorsiones, serán investigados y que las personas responsables serán llevadas ante la justicia”.

La autora del estudio sobre México lamenta además que la jurisdicción militar siga prevaleciendo en el sistema de leyes del país:

“Cuando un militar viola los derechos de un civil es juzgado por cortes castrenses. La reciente iniciativa de Felipe Calderón al respecto no cambia nada, sólo dice que la jurisdicción militar no será aplicable en tres delitos: tortura, desapariciones forzadas y violaciones sexuales. Sigue dejándole a los militares la determinación de cuáles serán los casos que serán llevados a la justicia civil”.

Otra anomalía que señala Hernández es la ofensiva de las autoridades contra periodistas y activistas de los derechos humanos:

“Se ha vuelto muy fácil para el gobierno decir que los periodistas están siendo amenazados, hostigados, asesinados por los narcotraficantes. Pero también vemos que muchas de las amenazas, el hostigamiento que están recibiendo los periodistas o los defensores de derechos humanos, vienen de las mismas autoridades, de las fuerzas de seguridad, de los presidentes municipales. Es una práctica muy sencilla porque tampoco hay investigaciones detrás”, dice la portavoz de WOLA y TNI.

En su estudio las dos organizaciones ponen la lupa además sobre la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, vigente desde 1996, en la que se estableció la figura del arraigo, incorporada a la Constitución en 2008.

El arraigo, dicen, permite la detención y privación de la libertad de una persona hasta 80 días simplemente por ser sospechosa, sin que medie en ello acusación ni orden de aprehensión, y sin que haya sido detenida en flagrancia.

La responsable de la investigación enfatiza: “El arraigo es el claro ejemplo de que en esta guerra se viola y se pasan por alto los derechos humanos. Es una figura que va contra múltiples tratados internacionales que México ha firmado y que a pesar de ello fue incorporada a la Constitución y ahora es parte fundamental de la estrategia de Calderón”.

A Hernández le sorprende el gran vacío legal en el combate al lavado de dinero. Según la especialista, no se están atacando los problemas estructurales. Los índices de corrupción e infiltración de los cárteles, dice, han alcanzado todos los niveles de la política y los negocios. “Estamos viendo que hay sectores de la sociedad intocables; políticos y empresarios que han tenido un evidente involucramiento con el narcotráfico no son llevados ante la justicia”.

Pugnas entre instituciones

Mención aparte en el documento merecen las cuatro instancias federales en las que recae la estrategia de seguridad y defensa en el combate a las drogas: la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR).

“La coordinación está siendo muy negativa. La problemática en sí misma no es la distribución de las funciones, sino la gente que está ocupando sus puestos. Lo que hemos visto a lo largo de estos cuatro años es que no hay una estrategia conjunta, no hay una buena relación de trabajo entre las cuatro dependencias”, dice Ana Paula Hernández.

Denuncia que a lo largo de su investigación encontró “riñas, competencia, falta de coordinación y peleas” entre esas instancias, lo que califica de fuerte falla en el sistema de control de drogas.

Con las actuales leyes antidrogas el futuro que WOLA y TNI ven para México sigue siendo negro. Ambas organizaciones advierten que si no se aplica “la reforma de justicia que se obtuvo en 2008, vamos a seguir viviendo la situación actual. No vamos a ver una reducción de la violencia. Vamos a seguir con esta tendencia de que quienes están terminando en la cárcel son los que juegan un papel insignificante en el crimen organizado”.