Cuando el Informe anual 2007 de la JIFE –que no se presentaría oficialmente hasta el 5 de marzo– comenzó a circular hará aproximadamente un mes, me quedé totalmente perplejo tras leer los peores párrafos escritos sobre la coca en las últimas décadas de la historia de la ONU. La postura adoptada ahora por la Junta se puede caracterizar por el fin del discurso sobre la necesidad de solventar ‘las tradicionales ambigüedades de las convenciones’, ni un ápice de comprensión por las costumbres tradicionales o los derechos de los pueblos indígenas, ni rastro de sensibilidad cultural, un ataque indiscriminado contra la masticación de coca, el mate de coca y cualquier otro uso de la coca en su forma natural en la región andina y en zonas de Argentina y Chile.

Ya quedamos advertidos sobre la nueva dirección que estaba tomando el pensamiento de la JIFE con el informe del año pasado, pero no por eso estoy este año menos indignado después de leer que se exhorta “a los Gobiernos de Bolivia y el Perú a que adopten medidas sin demora con miras a abolir los usos de la hoja de coca que sean contrarios a la Convención de 1961, incluida la práctica de masticarla” y que cada una de las partes “debería tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la posesión y la adquisición de hoja de coca para el consumo personal”.

Desconectados de la realidad

Me preguntó en qué mundo viven estas personas. Es cierto que la Convención Única de 1961 obligaba a los países a abolir la masticación de la hoja de coca en 25 años. Ese período terminó hace ya tiempo y, oficialmente, todos los países que lo firmaron –Bolivia incluido– siguen vinculados a respetar ese artículo. Bolivia y Perú intentaron corregir ese error al negociar la Convención de 1988, que dispone que las medidas de fiscalización de estupefacientes “tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia histórica”. Lamentablemente, los Estados Unidos se aseguraron en esas mismas negociaciones de introducir otro artículo según el cual el tratado de 1988 “serán sin perjuicio de los derechos y obligaciones que incumben a las Partes” en tratados sobre drogas anteriores. Desde entonces, punto muerto y contradicción.

La JIFE ha apuntado a esta contradicción en numerosas ocasiones (especialmente, en el suplemento del Informe anual 1994) y ha solicitado a la Comisión de Estupefacientes que aclare la cuestión y proponga directrices en materia de políticas. ¿Por qué entonces adoptan ahora el triple papel de juez, jurado y verdugo, y exigen arrogantemente al mundo que vuelva al dogma abolicionista de 1961, basado en un ‘estudio’ colonialista y racista publicado en 1950? Llevo una década intentando seguir la dinámica de la Junta; una tarea nada sencilla porque opera con un secretismo que no está en consonancia con las normas de la ONU sobre transparencia y rendición de cuentas. Pero aún no consigo entenderlo.

Dinosaurios de la tolerancia cero

¿Puede que se trate de la influencia de Camilo Uribe Granje, el nuevo miembro colombiano de la Junta? Uribe Granje era antes conocido por sus intentos –sufragados por la embajada estadounidense en Bogotá– de negar los impactos nocivos de la campaña de fumigaciones aéreas contra los campos de coca. ¿O puede que se deba más bien al peso del presidente de la JIFE, Emafo, un verdadero dinosaurio de la tolerancia cero? Emafo también sostiene que los programas de intercambio de agujas y de reducción del daño están en contra de las convenciones sobre control de drogas de la ONU, en un momento en que ONUSIDA y la OMS declaran que estas intervenciones constituyen la única respuesta eficaz a la epidemia de VIH/SIDA que está arrasando en Asia y Europa Oriental.

¿O puede que la Junta sólo esté intentando demostrar a los Estados Unidos de que sigue manteniendo una línea dura con respecto a algunas cuestiones para compensar por la línea más débil adoptada en este informe sobre la reducción del daño y la ‘proporcionalidad de las sanciones penales’? Ése podría ser el quid de la cuestión, porque hay varias cosas positivas que se pueden decir sobre el informe de la JIFE de este año, posturas que seguramente no contentarán a la actual administración de Bush. Sin embargo, incluso los Estados Unidos han dejado de condenar los usos tradicionales de la coca en los Andes, y es posible tomar mate de coca al visitar la embajada estadounidense en La Paz.

¿Desacuerdo con la JIFE?

Tiene que haber habido un importante desacuerdo en la JIFE sobre esta cuestión, ya que no todos sus miembros son tan ignorantes ni están tan desconectados de la realidad como para adoptar una postura tan extremista. Puede que nunca sepamos qué ha sucedido, ya que la política de la Junta no permite mencionar los desacuerdos internos ni las posturas minoritarias. Es muy preocupante que los fragmentos sobre la coca en el informe de este año contaran al parecer con el apoyo mayoritario de la Junta, y los miembros que los han respaldado deberían sentirse avergonzados, especialmente tras la reciente adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que reconoce plenamente el derecho de los pueblos en cuestión a mascar coca y a beber mate de coca.

Incluso la OMS ha llegado a la conclusión de que la coca consumida en su forma natural es beneficiosa. ¿Qué espera conseguir la JIFE con este regreso al pensamiento obsoleto de la Convención de 1961? Todo esto sólo confirma la necesidad de reformar la manera en que está funcionando la Junta. Si la mayoría de la Junta no entra en razón y corrige este error, lo único que lograrán será cavarse una tumba aún más profunda y dejar claro que su comportamiento no es propio de un organismo de la ONU.