El tema de la reducción de los daños sigue provocando polémica en las negociaciones de Viena para la declaración política que se debe adoptar durante el segmento de alto nivel de la Comisión de Estupefacientes (CND) que tendrá lugar en marzo de 2009. Hay una gran presión sobre los delegados para que dejen de insistir en incorporar los términos y principios de la reducción del daño en la declaración política o para que acepten una versión diluida.

La Asociación Internacional de Reducción de Daños (IHRA) ha preparado un informe panorámico muy útil sobre el respaldo de la ONU a las medidas de reducción de los daños; la legalidad de los servicios de reducción de los daños en virtud de las convenciones sobre drogas; las obligaciones de la legislación sobre derechos humanos para garantizar el acceso a servicios de reducción de los daños y la situación general de este ámbito, incluida una lista de 82 países y territorios de todo el mundo que actualmente apoyan o toleran la reducción de los daños.

El informe, sólo disponible en inglés (International Support for Harm Reduction), demuestra más allá de toda sombra de duda que son los Estados miembro contrarios a los términos de la reducción de daños lo que no están en sintonía con las evidencias científicas, los constantes informes de las agencias multilaterales pertinentes y las posturas políticas de otros organismos de la ONU (incluido el ECOSOC y la Asamblea General, de los que es órgano subsidiario la CND).

Hay pruebas sólidas y coherentes de que las intervenciones para la reducción de los daños –entre las que estarían el acceso a equipos de inyección segura, terapias por sustitución con opiáceos y dinamización comunitaria– son el medio más eficaz y rentable para reducir la incidencia de comportamientos de riesgo asociados al VIH y, por lo tanto, para evitar el contagio de este virus, de la hepatitis C y de otros virus de transmisión sanguínea entre las persona que se inyectan drogas.

En opinión del TNI y del IDPC, permitir que la CND apruebe unas disposiciones que pretendan que la realidad es otra dejará a este organismo totalmente fuera de sintonía con el resto del sistema de la ONU, minando todo concepto de “políticas fundamentadas en evidencias” o de “coherencia del sistema” en lo que respecta a su acción para abordar el problema mundial de las drogas.

El mes pasado, en diciembre de 2008, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes –profesor Manfred Nowak– y el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de las Naciones Unidas –señor Anand Grover– han escrito una carta al presidente de la Comisión de Estupefacientes para “ofrecer orientación” con respecto a cuestiones de derechos humanos que han surgido durante la revisión de diez años de la estrategia de drogas de la ONU.

En lo que respecta a la reducción de los daños, la misiva señala: “La reducción de los daños es una medida fundamental de prevención del VIH aprobada por la Asamblea General en su Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA de 2001 y la Declaración política sobre el VIH/SIDA de 2006.

Hemos revisado el borrador de anexo del presidente con fecha 4 de noviembre de 2008. Teniendo en cuenta el refrendo de la Asamblea General y la pandemia mundial de VIH, sentimos, no obstante, preocupación por que dicho borrador no incluya ninguna referencia a servicios para la reducción de los daños. En nuestra opinión, para que los Estados miembro cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos y para garantizar la coherencia de todo el sistema de la ONU, el anexo se debería enmendar para incorporar términos específicos que apoyen servicios integrales para la reducción de los daños”.

Los Relatores Especiales son expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para tratar determinados temas o contextos del ámbito de los derechos humanos. Su carta se distribuyó entre las delegaciones de la CND en Viena para abordar cuestiones como (1) reducción de los daños; (2) garantía de protección contra la tortura en la aplicación de la ley – extradición y principios de no devolución; (3) garantía de acceso a medicamentos esenciales para el alivio del dolor; y (4) acceso a tratamientos coherentes con los derechos humanos. El objetivo de la carta es garantizar que haya “haya coherencia entre las políticas de drogas y los compromisos y obligaciones internacionales contraídos en materia de derechos humanos” en la nueva declaración política que se adoptará en la reunión de alto nivel de Viena en marzo de 2009.