Jérôme Mangelinckx señala en este artículo que aunque las estrategias de reducción de la oferta son imprescindibles, también se necesita desarrollar e implementar una estrategia integral que apunte hacia la reducción de la demanda – es decir, el control de drogas desde el punto de vista de la salud pública.

Multilateralismo, lucha contra los grandes narcotraficantes y el crimen organizado, control de insumos químicos, y lucha contra el lavado de activos y la corrupción son parte de una solución integral al problema del tráfico ilícito de drogas a nivel nacional y mundial.

El narcotráfico es un fenómeno mundial que necesita una respuesta basada en la responsabilidad compartida entre países productores y países consumidores. Asimismo, dicha respuesta necesita enfocarse en la formulación de políticas con base empírica, en una diferenciación clara entre usos y patrones de usos, en la reducción de daños y riesgos, en el fomento de la sensibilidad cultural, en el respecto a los derechos humanos y en la proporcionalidad de penas.

Si bien se habla mucho de la erradicación de cocales, sabemos que esta herramienta de lucha contra el tráfico ilícito de drogas no ha dado frutos ya que la audacia y flexibilidad de los narcotraficantes frente al accionar policial en las zonas cocaleras supera de lejos su capacidad de respuesta inmediata. Es por esa razón que se tiene que redefinir las políticas y estrategias actuales en materia de control de drogas. Surge, entonces, la necesidad de investigar a fondo los impactos posibles de herramientas como la erradicación focalizada, el desarrollo alternativo, la lucha contra la pobreza, la educación así como la prevención de la toxicomanía y su reincidencia.

Las estrategias de reducción de la oferta son imprescindibles. Sin embargo, se necesita desarrollar e implementar una estrategia integral que apunte también hacia la reducción de la demanda – es decir, el control de drogas desde el punto de vista de la salud pública.

La reducción de daños y riesgos a través de la prevención y la educación son claves. Asimismo, las escuelas son el foco de aprendizaje más importante para los niños y desempeñan un papel central en la comunidad en general. Se trata de un entorno de desarrollo donde los niños pueden implementar cambios. Es más, las escuelas ejercen una influencia profunda en la sociedad así como en el seno de los hogares a través de actividades de prevención, educación y sensibilización.

Por otro lado, se debe implementar servicios integrales de salud para toxicómanos que puedan acudir a centros de atención médica, psicológica y farmacológica de forma gratuita. Frente a las políticas represivas en materia de drogas y el aumento de la población carcelaria por delitos relacionados, es importante prever estrategias de prevención y tratamiento de toxicómanos en las cárceles y después de la detención.

En esa óptica, es necesaria una reforma de la Ley General de Salud (Ley Nº 26842) a fin de diferenciar consumo no problemático, toxicomanía y delitos relacionados con drogas. La toxicomanía no es un delito, y la privación de libertad en caso de consumo se debe aplicar siempre y cuando exista peligro para terceros o se afecte la tranquilidad pública. En tal sentido, se debe solicitar derogatoria de la Ley Nº 29737 (que modifica el artículo 11 de la Ley Nº 26842) y se debe desarrollar herramientas para la toma de decisiones propias (con apoyo) para toxicómanos e implementar nuevos métodos de identificación de la dependencia física o psíquica a través de centros de diagnóstico especializados.

Finalmente, las nuevas estrategias y políticas deberán basarse en una investigación pertinente y estadísticas actualizadas y sólidas en materia de drogas y salud pública a fin de subsanar las lagunas en los datos oficiales. En ese sentido, las estadísticas deberán enfocarse en una evaluación rigurosa de los usos, costumbres y contextos socioculturales y socioeconómicos propios a la realidad nacional sin importar las convenciones internacionales sobre estupefacientes que adhieren al principio de una solución única para todos.

A modo de conclusión, es importante resaltar que la lucha contra el tráfico ilícito de drogas necesita una respuesta integral que incluye tanto la reducción de la oferta, es decir la lucha contra la pobreza, el desarrollo alternativo, la lucha contra los grandes narcotraficantes y el crimen organizado, el control de insumos químicos, la erradicación focalizada y la lucha contra el lavado de activos y la corrupción, como la reducción de la demanda, es decir la reducción de daños y riesgos a través de la prevención y la educación y los servicios integrales de salud para toxicómanos – en otras palabras, considerar el fenómeno de las drogas desde el punto de vista de la salud pública.