El 1 de julio de 2012 Mexico, tendrá elecciones federales. En ellas, elegiremos a representantes parlamentarios (diputados y senadores), algunas gubernaturas y el puesto más importante de todos: la presidencia del país. Como nunca antes, la política de drogas, vinculada mediáticamente a los asuntos de la seguridad pública, juega un papel importante en las campañas.

Hasta el momento, los dos ex presidentes de México más recientes, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, se han pronunciado por abandonar una política primordialmente punitiva hacia las drogas, y en distintos grados, comenzar con la regulación de cada una, comenzando por la marihuana.

Pero en la contienda actual, ningún candidato con posibilidades de ganar ha fijado, hasta el momento, posición clara al respecto ni han hecho mención al debate internacional, a las recomendaciones de los expresidentes, o a la de los presidentes en funciones Santos y Pérez Molina.

Con todas estas lagunas, y 50,000 muertos asociados directa o indirectamente a la guerra contra el crimen organizado en México, los mexicanos elegiremos entre cuatro candidatos:

Gabriel Quadri, un candidato ecologista externo al partido político que lo propone. Inteligente y el relativamente progresista, es candidato por Nueva Alianza, una fachada para el poder que detenta la líder sindical nacional de los maestros: probablemente la mujer más poderosa, más temida y al mismo tiempo, más desprestigiada del país. El candidato, en su intento por hablar de temas incómodos para el resto, ha mencionado explícitamente la necesidad de regular las drogas en lugar de prohibirlas y dar prioridad a la tratamiento de adicciones. Sin embargo, es visto como un bufón o títere de intereses mafiosos, y la intención del voto hacia él es menor al 2%.

Josefina Vásquez Mota (JVM), candidata del PAN, el partido actualmente en el gobierno, quien se debate entres el segundo y el tercer lugar en las encuestas y cuya mayor definición en el tema ha sido el de afirmar que las cosas serán "diferentes" sin dar mayores detalles al respecto, si bien su identidad conservadora no ha perdido la oportunidad de enviar señales de que "no cejará de combatir con toda la fuerza al crimen organizado".

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien compite por segunda vez, después que hace 6 años estuviera muy cerca de ganar la presidencia. Identificado con la "izquierda" es postulado por una coalición de partidos cuyas divisiones internas y alianzas problemáticas han restado fuerza a su credibilidad como opción de gobierno, a pesar incluso de gobernar la ciudad más importante del país, la Ciudad de México. En el tema de drogas, fiel a su estilo, se ha limitado a decir que cualquier cambio eventual en la política hacia ellas será sometida a una "votación popular". En esos momentos, según afirma su equipo, está pasando del tercero, al segundo lugar en las preferencias electorales.

Y finalmente, Enrique Peña Nieto (EPN) líder indiscutible en las encuestas con cerca del 42% de las preferencias. Es el candidato del PRI, partido que hasta doce años gobernó el país ininterrumpidamente por 75 años y que busca por todos los medios recuperarlo. Para lograrlo, su equipo de campaña evita al máximo cualquier definición concreta de su candidato, en casi cualquier tema. Lo más concreto que ha dicho con respecto a drogas es que está en contra de la "legalización", a la que califica de propuesta “simplista”. Afirma, en cambio, que lo más importante es reducir la violencia.

La lógica mexicana indica que los electores quedaremos esperando definiciones concretas de nuestro siguiente gobernante por seis años. Sin embargo, aún faltan poco menos de dos meses para la elección, y el debate se enciende en la región y amenaza también con ser ineludible para ellos. Se tratará de una batalla sorda entre las presiones norteamericanas y la singularidad de nuestro sistema político electoral, por un lado; con la inevitabilidad de un debate cada vez más democrático e imposible de negar.

El éxito de una estrategia de lucha contra el tráfico ilícito no implica una guerra contra las drogas o ni siquiera su legalización, sino que requiere poner la "casa en orden": crear instituciones fuertes, competentes y eficaces que demuestran su importancia para minimizar la impunidad y, a su vez, generar una cultura de respeto al Estado de Derecho.

Jorge Hernández Tinajero es presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CuPIhD).