Tribunales de drogas: de Obama para América Latina
Se crean atenuantes para la comisión de delitos y agravantes para el consumo de drogas
Los Estados Unidos y otros países, principalmente anglosajones, han incluido tribunales de drogas en su menú legal desde hace dos décadas. México y Chile comienzan a experimentar con ellos. Hasta el momento, sin embargo, es difícil explicar bien a bien, para qué sirven los tribunales de drogas.
Obligados por seguir “la tercera vía” anunciada por el Presidente Obama para tratar los asuntos de drogas y materializada en la Iniciativa Mérida, los funcionarios mexicanos hablan de ellos como de una “alternativa” al encarcelamiento de personas que cometen delitos no graves “bajo la influencia de las drogas”.
Pero para México, estos tribunales encierran una amenaza adicional a la sociedad, y hasta donde se sabe, ofrecerán nada de beneficios.
Las propuestas que comienzan a aparecer en México para instrumentarlos, suponen, sin aportar dato alguno, que una parte importante de los delitos del país son consecuencia directa del uso de drogas, y que ofrecer tratamiento a cambio de cárcel – cuando éste es, en todo caso, un derecho – disminuirá la presión demográfica carcelaria, dará tratao humano a los usuarios y evitará el uso de drogas.
En México el consumo de drogas está permitido. Sin embrago, al ofrecer estos tribunales una “suspensión” de la pena de cárcel a cambio de tratamiento, abstinencia y controles antidoping, el sistema vuelve a la droga el objeto de control y no al delito en si mismo: se crean así atenuantes para la comisión de delitos, y agravantes para el consumo de drogas.
En el caso de México, tales tribunales crearán un régimen jurídico de excepción para el uso de drogas, imitando un modelo originado en países donde, a diferencia del nuestro, el consumo es considerado un delito en sí mismo, y donde las sustancias y patrones de consumo son significativamente diferentes. Los tribunales formalizarán así el castigo al uso de sustancias, y permitirán la injerencia del sistema de justicia y penal en áreas de exclusiva competencia médica, en detrimento del usuario y de sus derechos.
Por todo ello, malas noticias para México son, en este sentido, la presentación de una propuesta de resolución conjunta con los Estados Unidos – aprobada, por supuesto – en la Comisión de Estupefacientes de marzo de 2012 para avanzar en sistemas de “justicia alternativa”, y la confirmación mexicana de esta convicción política en diversas reuniones recientes de la Organización de Estados Americanos como ésta.
Y mientras las elecciones suceden, los tribunales avanzan.
Jorge Hernández Tinajero es el presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD).
