Documentan en vídeo las heridas sociales de la lucha antidroga en América Latina
Washington - El impacto de la lucha antidroga en Latinoamérica supone un costo social hasta ahora poco conocido, según Transnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), que lo han documentado en vídeo.
Testimonios de madres de familia entregadas a la venta de droga o de personas acusadas de narcotráfico sacan a la luz los "efectos colaterales" que las políticas para perseguir el narcotráfico han dejado a su paso, según el análisis de las dos organizaciones.
Las conclusiones se derivan del estudio de las reformas y estrategias antidroga del continente que intentan mostrar en esos relatos como el "rostro humano" de problemas derivados de políticas "ineficaces".
Esas iniciativas, como sentencias cada vez más duras o más militarización para acabar con el narcotráfico, "causan graves daños colaterales a los sectores más vulnerables de la sociedad", dijo en un comunicado Joy Olson, directora ejecutiva de WOLA.
Según estas organizaciones, los problemas más evidentes son sistemas de justicia penal que están "saturados", cárceles "súper pobladas" con delincuentes de menor grado y sentencias "desproporcionadas" a los delitos cometidos.
Los dos primeros vídeos publicados hoy muestran a dos mujeres que entraron en el mundo de la droga de manera opuesta, una por "engaño" y la otra para salir de la pobreza.
La primera, Rosa Julia Leyva Martínez, es una mexicana que pasó casi once años en prisión cuando portó una bolsa de heroína sin su conocimiento cuando viajó con unos conocidos a Ciudad de México.
En su testimonio, asegura que el aislamiento social y la ignorancia le llevaron a la cárcel, mientras que lo único que les importaba a las autoridades era que ella llevaba la droga.
En cambio, la ecuatoriana Analía Silva vendía drogas para ganar dinero para su familia, pero sus ochos años en prisión dejan a sus dos hijos con pocas más opciones que prostituirse, ser drogadicto o vender droga, denuncia en la entrevista.
Sus casos son parte de una investigación en curso sobre la legislación antidroga y las cárceles en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, que se publicará en otoño.
Para la coordinadora del programa del TNI, Pien Metaal, las políticas antidrogas persiguen "los blancos fáciles", como consumidores o traficantes con un "rol mínimo" en el narcotráfico, y no "aquellos traficantes responsables de la violencia y la corrupción" que amenazan a esos países.
