Hace dos años, el intento para legalizar la marihuana en California—Propuesta 19—recibió gran notoriedad en América Latina, pero en última instancia no alcanzó los votos necesarios para ser aprobado. El próximo martes, los votantes en el estado de Washington parecen estar a punto de lograr lo que los partidarios de la Propuesta 19 no consiguieron—una victoria en el Día de Elecciones.

Sondeos de opinión y mercados de predicción sugieren que la Iniciativa 502 de Washington se impondrá el 6 de noviembre. Los votantes en Colorado también podrían llevar a la victoriala Enmienda 64, aunque ésta se configura como una elección mas reñida. Parece improbable que se apruebe otra propuesta para la legalización en Oregón, la Medida 80.

Al interior de los Estados Unidos, se ha derramado harta tinta respecto a estos intentos por legalizar la marihuana a nivel estatal. Pero en América Latina se ha escrito relativamente poco al respecto, y nada de ello ha resonado como lo hizo la Propuesta 19 en California en 2010. Lógicamente, la elección presidencial ferozmente disputada de este año ha sido el foco de la mayor atención internacional. Y California tiene la reputación de marcar las tendencias, así como de ser—de lejos—el estado más  populoso del país. Sólo el Condado de Los Ángeles alberga a más votantes registrados (4.5 millones) que todo el Estado de Washington (3.8 millones).

Pero si hasta ahora las iniciativas para la legalización de la marihuana en Washington y Colorado han pasado casi desapercibidas en América Latina, ello podría cambiar drásticamente cuando se cuenten los votos la próxima semana. Aún cuando sólo un estado de los Estado Unidos aprobase la legalización de la marihuana, tal decisión repercutiría a lo largo del hemisferio, donde el debate de las políticas sobre las drogas ha experimentado una dramática apertura—tal como lo descubrió de manera directa el Presidente Obama durante la Cumbre de las Américas, realizada en abril de 2012 en Cartagena, Colombia.

En cierto nivel, las consecuencias de una votación a nivel estatal a favor de la legalización dependerán de su implementación concreta, y ello a su vez dependerá de cómo responda el gobierno federal a la acción estatal y a las especificidades del nuevo diseño regulatorio a este nivel. El instrumento federal conocido como el Acta sobre Sustancias Controladas prohíbe la producción, venta y posesión de marihuana, y el Departamento de Justicia ha guardado silencio respecto a cómo reaccionaría ante la promulgación de la legalización de la marihuana, estado por estado. La propia naturaleza de la respuesta federal se verá afectada (en mayor o menor grado) por el candidato que gane las elecciones presidenciales el próximo martes. Entre las estrategias que las autoridades federales podrían considerar, la aplicación de la que parecería obvia en primera instancia—un dramático redoblamiento de la aplicación de la ley por parte de agentes federales—no sería probable en la práctica. Respuestas más enfocadas por parte del aparato federal podrían incluir la retención de fondos federales o la amenaza de confiscar los ingresos por impuestos provenientes de la marihuana.

Los impactos prácticos de la legalización a nivel estatal, en caso de que la implementación proceda, no serían meramente domésticos. Por ejemplo, expertos del centro de investigación mexicano IMCO han calculado que la legalización de la marihuana a nivel estatal podría reducir los ingresos de los cárteles de drogas en este país en cientos de millones de dólares cada año.

Pero aparte de cómo se desarrollaría exactamente la legalización en la práctica—la respuesta federal, la estructura del mercado, impactos a través de las fronteras, etc.—una votación a nivel estatal en favor de la legalización de la marihuana tendría una enorme importancia simbólica, tanto en los Estados Unidos como en América Latina.

Dentro de los Estados Unidos, encuestas de opinión a nivel nacional han indicado un crecimiento sostenido del apoyo para legalizar la marihuana. En 2011, Gallup reveló que la mitad de los estadounidenses apoyaban la idea de legalizar la marihuana, un incremento respecto al 34 por ciento que abrazaba esa postura en el año 2001, con los votantes más jóvenes más a favor de la legalización. Incluso en la secuela de la derrota de la Propuesta 19 en California, existe la percepción de que la legalización de la marihuana a nivel estatal es sólo cuestión de tiempo.

Al menos en el caso de Washington, y quizá también en Colorado, ese momento bien puede ser ahora. Las políticas de la legalización de la marihuana continuarán difiriendo por estado, pero una victoria en un estado ayudaría a alterar el cálculo político; en lugar de considerar que la reforma de las políticas referidas a la marihuana constituyen, en el mejor de los casos, un tema que debe evitarse, más políticos pueden empezar a verla bajo una nueva luz—como un tema potencialmente asequible a los votantes y que abarca todo el espectro ideológico.

La importancia simbólica de una legalización a nivel estatal se extendería más allá de las fronteras de los Estados Unidos. El gobierno estadounidense es bien conocido en AméricaLatina por su papel como el principal arquitecto e impulsor de la “guerra contra las drogas”, incluyendo el régimen de prohibición de la marihuana encarnado en las convenciones de drogas de las Naciones Unidas. Incluso si la legislación federal permaneciera incólume, difícilmente podría pasar desapercibida en América Latina una decisión hacia la legalización a nivel estatal en la patria de la guerra moderna contra las drogas.

Ello resulta especialmente cierto en la actualidad, dado que el debate sobre políticas de drogas en América Latina está en su punto más efervescente. Por un lado, el informe de la OEA encargado por la Cumbre de Cartagena plantea incluir un capítulo específicamente sobre “los enfoques jurídicos y normativos alternativos sobre la  problemática de las drogas”. En particular, una vez que un estado de los EE.UU. haya votado a favor de la legalización, sería difícil imaginar cómo el informe de la OEA podría no plantear la legalización de la marihuana como una opción posible de políticas, sin importar la oposición del gobierno federal de los Estados Unidos.

Al mismo tiempo, los líderes de varios países que han sido estrechos aliados de los EE.UU. en la “guerra contra las drogas”—Colombia, Guatemala y México—continúan haciendo llamados por una reconsideración internacional del modelo actual para el control de las drogas. El mes pasado, estos países solicitaron formalmente que las Naciones Unidas empiecen la preparación de una conferencia internacional para analizar todas las opciones respecto a este tema, “incluyendo medidas regulatorias o de mercado, a fin de establecer un nuevo paradigma que impida el flujo de recursos hacia las organizaciones del crimen organizado”.

En una decisión que reviste una significación inmediata mucho mayor, el gobierno uruguayo introdujo este año una propuesta de ley que legalizaría y regularía el mercado de marihuana en ese país. El debate parlamentario sobre esta propuesta está en marcha, y es posible que se produzca una votación en la Cámara de Diputados de Uruguay antes del fin de noviembre. La probación de la legalización en al menos un estado de los Estados Unidos ciertamente daría impulso a los esfuerzos uruguayos.

Dejando de lado los sondeos de opinión pública y los mercados de predicción, los resultados del Día de las Elecciones son, en última instancia, los únicos que importan. Si una de las iniciativas para la legalización de la marihuana fuera aprobada el 6 de noviembre, ello representará un verdadero hito para la reforma de las políticas sobre drogas, no sólo para los Estados Unidos sino para América Latina y el resto del mundo.

Una vez aprobada la legalización a nivel estatal, es posible que el gobierno federal de los EE.UU. no quiera o no pueda mantenerse al margen, de modo que nadie sabe aún qué ocurrirá con la implementación de la medida. Pero las decisiones por parte del gobierno federal para bloquear la implementación no marcarán el final de la historia, sino sólo el inicio de un nuevo capítulo—uno que empieza con la legalización de la marihuana como una realidad política, no meramente una posibilidad distante.

Ver también:

Regulación de la marihuana: “Alguien tiene que ser el primero...” (Martin Jelsma y John Walsh, 2012)

El debate sobre las alternativas a la prohibición de la marihuana llegó para quedarse (John Walsh, 2010)