En los últimos meses, el gobierno del Presidente Humala de Perú ha sido anfitrión de dos grandes conferencias internacionales sobre drogas y narcotráfico. En junio se tuvo la cita de cancilleres y jefes de más de 70 organismos nacionales especializados en el tema de drogas; y recientemente se produjo la reunión de alto nivel sobre Desarrollo Alternativo a la que asistieron representantes de 73 países y de la cual se produjo la Declaración de Lima que agrupa los principios rectores del Desarrollo Alternativo.

La Declaración de Lima deja de lado la autocrítica de los múltiples errores cometidos en las últimas décadas por la cooperación internacional y los Estados comprometidos en trabajar en el desarrollo rural en zonas de producciónde plantas de las que se extraen drogas. En el caso peruano y particularmente el caso de San Martín, se centra en las relaciones conel actual modelo de desarrollo basado en la producción intensiva de losmonocultivos (café cacao, palma, palmito) y la agro industria, y noconsidera los intereses de comunidades y los pueblos originarios.

Ambas conferencias, a decir de periodistas y otros actores presentes, se caracterizaron por su poca transparencia –antes y durante-, y por los obstáculos a la prensa para realizar su trabajo, la escasa negociación de los documentos y la nula participación de los actores sociales. Los dos instrumentos alcanzados son genéricos, avalan las políticas fracasadas y son reacios al cambio que se está dando en los escenarios regionales.

Es importante contextualizar ambos eventos, a la luz de la situación doméstica y mundial en materia de drogas y narcotráfico. Solo así podremos entender los cambios políticos producidos en el gobierno peruano y lo que nos espera, ahora que hemos sido considerados primeros productores mundiales de drogas cocaínicas.

Reafirmamos nuestra convicción que la política ha sido secuestrada para evitar las reformas y mantener al Perú dentro de la esfera de influencia de los EE.UU; ello explica las visitas de la Secretaria de Estado Hillary Clinton y del Secretario de Defensa León Panetta .

Mientras tanto, se producen una serie de cambios de políticas sobre drogas en América Latina y en Estados Unidos. A nivel de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA, siguen trabajando un grupo de expertos buscando dar respuesta a la solicitud de los mandatarios asistentes a la VI Cumbre de las Américas en Cartagena (abril 2012), de explorar alternativas a las políticas sobre drogas. El Centro de Investigación “Drogas y Derechos Humanos” como parte del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), ha presentado un documento al respecto.

Por un lado, los presidentes de México, Guatemala y Colombia, principales afectados de la guerra y su fracaso solicitan cambios urgentes a nivel global, hemisférico y regional. Por el otro lado, los gobiernos de Uruguay, Bolivia, Colombia impulsan sustantivos cambios domésticos que van desde un marco regulatorio para la cannabis, la denuncia y posterior retorno con reservas a la Convención Única de 1961 para permitir el acullicu de coca (que acaba de ser reconocida en la Cumbre Iberoamericana de Cádiz) e, incluso la discusión a nivel municipal (alcaldía de Bogotá) sobre el establecimiento de centros de atención a usuarios. En el caso de EE.UU. los electorados de Washington y Oregon acaban de aprobar el uso recreativo de cannabis, contraponiendo la posición federal.

En el escenario doméstico las cosas van por otro rumbo. Primero, se confirma la abdicación del gobierno de Humala a cualquier posibilidad de reforma en el tema. Segundo, se confirma el rol secundario de la Cancillería frente a un tema que ha sido asumido por el despacho de la Primera Dama y la actual jefa de DEVIDA junto con el tinglado de agencias, sub contratistas y analistas que defienden mantener las cosas como están, a pesar del fracaso anterior, sin tomar en cuenta la situación del VRAE, la violencia en Trujillo, Puno y Piura, la crisis carcelaria y la militarización progresiva en el campo.