La vergüenza de México
México rechaza el reingreso de Bolivia a la Convención sobre Estupefacientes de 1961 con una reserva que permita la costumbre de masticar coca
Uno de los últimos actos políticos de alcance internacional de la pasada administración llamó la atención por el viraje sustancial que implicó con respecto a todo el sexenio: junto a otros dos Estados – Guatemala y Colombia – México propuso una sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre drogas, debido a los pocos resultados positivos arrojados en las últimas décadas por el sistema actual de control para ellas.
“La Organización de las Naciones Unidas debe ejercer el liderazgo que le corresponde en este esfuerzo y conducir una profunda reflexión que analice todas las opciones disponibles, incluyendo medidas regulatorias o de mercado, a fin de establecer un nuevo paradigma que impida el flujo de recursos hacia las organizaciones del crimen organizado”, decía la petición que fue aceptada para 2016.
La propuesta, que parece muy pertinente para un país como México y para una región Latinoamericana profundamente afectada por la llamada “guerra contra las drogas”, fue considerada con buenos ojos por la mayoría de los países de la comunidad internacional, aunque no por los Estados Unidos y algunos aliados que, sin embargo, no pudieron hacer nada para evitarla.
Hasta aquí todo bien. Pero apenas el viernes 11 recibimos una nueva sorpresa de parte del gobierno mexicano: discretamente y sin hacer publicidad alguna, México se unió en Nueva York, mediante documento oficial, a otros 14 países del mundo (EEUU, Alemania, Reino Unido, Rusia y Suecia, entre otros) para rechazar la petición de reingreso de Bolivia a la Convención sobre Estupefacientes de 1961, país que hace un año solicitó una modesta enmienda: diferenciar entre la hoja de coca y la cocaína, para así garantizar el derecho del pueblo boliviano a mascar la planta, una práctica milenaria en toda la región de los Andes. Afortunadamente, los objetores no lograron el número necesario para bloquear a ese país.
México fue el único país de América Latina en rechazar la propuesta boliviana; pero para mayor vergüenza – o tal vez lo más inquietante para nuestra política exterior en materia de drogas – son los motivos oficialmente expuestos : se reitera el reconocimiento de “los derechos humanos de los pueblos indígenas y sus usos y costumbres”, pero se advierte también que “La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes es un instrumento de alcance universal entre cuyos objetivos se encuentra la preservación de la salud humana. México está convencido que sólo manteniendo su integridad se alcanzarán sus propósitos”.
¿Por fin? ¿Creemos que es imprescindible un cambio para adecuar el régimen internacional a las nuevas circunstancias y mejorarlo; o bien consideramos que cualquier cambio pone en riesgo todo el sistema de control?
Al parecer, nuestro actual gobierno tendrá que cantinflear intensa y largamente para explicar a la comunidad internacional, y también a la sociedad mexicana, cómo es que se puede estar a favor del sí y del no al mismo tiempo. Por lo pronto, en política de drogas, los mexicanos ya tenemos un motivo para desconfiar de nuestro propio gobierno.
