Consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos. Comisión sobre gestión de cumbres interamericanas y participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA - OEA/Ser.G CP/CISC-688/13 - Recomendaciones del X Foro hemisférico de la sociedad civil y actores sociales. 10º Foro hemisférico con la sociedad civil y actores sociales “Por una Política Integral de Lucha contra las Drogas en las Américas".

El Décimo Foro Hemisférico con la Sociedad Civil y Actores Sociales se realizó el 9 de mayo de 2013 en la sede de la OEA en el marco del proceso preparatorio del Cuadragésimo Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA “Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas” con el objetivo de ofrecerle la oportunidad a la sociedad civil para intercambiar ideas y elaborar recomendaciones sobre el tema de la Asamblea General con énfasis en sus desafíos a la salud, la seguridad pública y el acceso a la justicia. Dicho Foro contó con la participación de 52 representantes de 44 organizaciones de la sociedad civil, trabajadores, expertos y académicos provenientes de 19 Estados Miembros y un Observador Permanente de la OEA.

Este documento presenta las conclusiones y recomendaciones de los participantes, el programa (anexo 1), la lista de participantes (anexo 2) and the report of the Virtual Forum (anexo 3).

DESAFÍOS A LA SALUD PÚBLICA Y EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA INTEGRAL FRENTE AL PROBLEMA MUNDIAL DE  LAS DROGAS EN LAS AMÉRICAS

Consideramos  “Que el consumo problemático de drogas es un problema principalmente socio-sanitario pero también económico, por lo que se hace necesario fortalecer los sistemas nacionales de salud, empleo, educativo  de apoyo e inclusión social, particularmente en las áreas de prevención, tratamiento y reducción de daños y, desarrollar a la vez, una evaluación de dichos sistemas que nos permita identificar las acciones necesarias para responder a los consumos problemáticos de drogas desde un enfoque no represivo en el marco de los derechos humanos.” (Sugerencia al párrafo resolutivo no. 4 del  Proyecto de Declaración de Antigua Guatemala)

Creemos que es necesario separar del campo penal y de la seguridad el uso y consumo personal de las drogas, así como todas las conductas tendientes a esa finalidad. Es imprescindible establecer criterios objetivos que caractericen la destinación de la droga para uso y consumo, de manera que  las agencias de seguridad no involucren a los usuarios en el sistema criminal por razones subjetivas.  Las personas que usan drogas no deben ser penalizadas y criminalizadas por su consumo. Sólo una clara separación entre usuarios de drogas y mercado ilegal permitirá que el esfuerzo de las agencias de seguridad se enfoque en quienes realmente debe hacerlo. Esta medida redundará, además, en un primer descongestionamiento de las cárceles y los  sistemas de justicia.

Consideramos que la participación de la sociedad civil es de gran importancia, ya que puede ofrecer, según sea el caso, experiencia y conocimiento para el desarrollo y la implementación de políticas y programas para enfrentar el problema mundial de las drogas. Al respecto, los Estados miembros deben alentar la participación de los distintos actores sociales, y el fortalecimiento de sus capacidades, para que contribuyan así al fortalecimiento de las estrategias nacionales.

Al mismo tiempo se sugiere formalizar mecanismos de participación social en el diseño de políticas y programas de prevención, atención, tratamiento y programas de reducción de los riesgos y daños. Es necesario involucrar a las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, organizaciones de base comunitaria, la academia, redes, organizaciones y usuarios de drogas, entre otros.

Estamos convencidos que se debe incorporar un abanico completo y diverso de respuestas de salud pública. La atención de las distintas situaciones de consumo problemático de drogas requiere respuestas diversas, especialmente en contextos donde tal consumo se combina con pobreza extrema y vulnerabilidades cruzadas. Debe ponerse especial atención en los dispositivos de proximidad, de intervención comunitaria, como las estrategias de reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas.  Siempre teniendo en cuenta las diversos contextos y realidades locales.

Se debe promover y fortalecer el desarrollo de dispositivos ambulatorios y de base comunitaria que se complementen con los de tipo residencial en una red de abordaje integral a los problemas relacionados  con el consumo de sustancias. Al mismo tiempo es fundamental asegurar que los dispositivos de atención a los usuarios estén basados en fundamentos científicos y evidencia empírica ajustados a principios éticos:, además de sancionar los servicios de salud que se presten por fuera de los marcos legales y no respeten los derechos humanos. Los Estados deben destinar los recursos suficientes para asegurar el financiamiento de estas medidas. 

Los servicios deben evitar la discriminación y favorecer el acceso a los tratamientos de comprobada eficacia.  El Estado tiene la obligación de velar por el cumplimiento, por parte de los dispositivos de atención a usuarios de drogas, de los criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la atención, así como reconocer el derecho de las personas que usan drogas al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

Se debe respetar el derecho de toda persona que usa drogas a elegir el momento y el tipo de dispositivo de atención. No deben ser obligadas a iniciar, suspender o aceptar un determinado tratamiento. El consentimiento informado debe comunicar claramente las alternativas y condiciones de los tratamientos. La atención debe basarse en el principio bioético de autonomía de las personas.

En el caso de las niñas y niños deberá prestarse especial atención para que las políticas públicas sanitarias y de infancia garanticen su atención en base al respeto de la Convención sobre los Derechos del Niño, y también para adolescentes y jovenes velando por su bienestar, protección y su crecimiento como personas independientes.

Se debe facilitar el acceso irrestricto a la atención de la salud de las personas que, estando privadas de la libertad, tienen un consumo problemático de drogas.  La accesabilidad a estos servicios debe darse en iguales condiciones a las garantizadas para el resto de la comunidad.

En ningún caso su situación procesal puede usarse como argumento para impedir el inicio o continuidad del tratamiento.

Es necesario fortalecer los mecanismos de control estatal de los servicios destinados a usuarios de drogas. Es responsabilidad del Estado garantizar la calidad de los tratamientos y el respeto de la dignidad de las personas atendidas.

Es necesario implementar un sistema coordinado de registro, supervisión y control de los servicios públicos y privados destinados a usuarios de drogas, en acuerdo con los estándares y normativas en la materia. Esta responsabilidad del Estado debe alcanzar a todas las iniciativas, aún aquellas que se encuentren fuera de una red integrada de servicios.

Se deben enmarcar las intervenciones de salud pública en un continuum que distingue los tipos de uso, desde el recreativo hasta la adicción y por lo tanto abarque un abanico completo de servicios e intervenciones que van desde la prevención hasta la reducción del daño y el tratamiento.

Se deben distinguir entre los daños asociados al abuso de drogas y los daños asociados a la política de drogas. Es preciso recordar que si bien es cierto que todo consumo de drogas es potencialmente riesgoso, en algunos ambientes donde imperan la criminalización y los enfoques punitivos de control los daños asociados a las políticas pueden incluso sobrepasar a aquellos causados directamente por el mal uso de las sustancias.

Sugerimos reevaluar la posición de los Estados Miembros en materia de drogas psiquiátricas y regulación de otras drogas legales como el alcohol, tabaco y los inhalables con especial énfasis de proteger a niños, adolescentes y jóvenes. En este sentido es preciso priorizar la acción pública, reconociendo que en la actualidad la necesidad de intervención se concentra en reducir los daños asociados al abuso de estas sustancias.

DESAFÍOS A LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA INTEGRAL FRENTE AL PROBLEMA MUNDIAL DE  LAS DROGAS EN LAS AMÉRICAS

Preocupados porque la aplicación de las políticas hasta ahora empleadas para enfrentar el problema de drogas en el hemisferio, ha exacerbado la violencia, debilitado el Estado de derecho, vulnerado los derechos humanos y a las instituciones democráticas, hacemos las siguientes recomendaciones:

Que los Estados formulen políticas públicas para enfrentar el problema de las drogas en cualquiera de sus etapas de la cadena de producción y comercialización, que generen seguridad ciudadana y sean respetuosas de los derechos humanos y del medio ambiente.

Fortalecer el intercambio de información entre Estados que tienen fronteras comunes para detectar los tráficos ilícitos y disminuir la vulnerabilidad.

Recuperar la presencia del Estado en las zonas de frontera y socioeconómicamente deprimidas con un enfoque de inclusión y desarrollo y no de seguridad nacional. Fortalecer el rol y colaboración con los gobiernos locales y la sociedad civil.

Establecer un proceso participativo de revisión periódica con la sociedad civil de las políticas destinadas a tratar los problemas propios y derivados de la producción, tráfico, comercialización y consumo de drogas, así como del lavado de activos.

Instamos a los Estados a implementar un mecanismo periódico de seguimiento y evaluación multilateral y multisectorial a escala hemisférica similar al Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).

Reconocer que los problemas propios y derivados de la producción, tráfico y comercialización de drogas pertenecen al ámbito de la seguridad ciudadana  y de la proteción ambiental y no al de la defensa nacional.

Proveer a los cuerpos policiales y demás organismos del estado del hemisferio con recursos técnicos, financieros, de capacitación y humanos adecuados para hacer frente a los problemas propios y derivados de la producción, tráfico, comercialización y consumo de drogas, así como el lavado de activos.

Adoptar y/o fortalecer las medidas de control eficaces para evitar el desvío, fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego y municiones hacia los grupos delictivos y la población en general.

Instar a los Estados que no lo han hecho aun, a ratificar la CIFTA y demás instrumentos en materia de armas y municiones como el Tratado sobre Transferencia de Armas recién dispuesto a firma. De igual manera instamos a todos los Estados Parte de CIFTA y otras convenciones y declaraciones sobre la materia, a que de inmediato tomen medidas urgentes para su implementación, tomando en consideración medidas nacionales, bilaterales y regionales.

Fortalecer las capacidades de los Estados para el rastreo, investigación, registro y persecución penal del tráfico ilícito de armas de fuego y municiones.

Instar a los Estados adoptar una política co-responsable que regule el comercio de las armas de fuego y municiones a otros países de la región.

Revisar y actualizar la Estrategia Hemisférica de Drogas de 2010 en un proceso participativo.

DESAFÍOS A LA DEMOCRACIA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA INTEGRAL FRENTE AL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS EN LAS AMÉRICAS

Resulta necesario, para que tome lugar una reducción de la violencia generada por las políticas actuales de drogas, que los gobiernos aseguren la proporcionalidad justa de las penas distinguiendo entre narcotráfico y otros tipos de delitos; delitos de droga de menor, media y alta escala; rango y cargo que ocupa la persona en las redes del trafico de drogas; delitos violentos y no violentos; y tipos de drogas.

Urgir el establecimiento y ampliación de las alternativas al encarcelamiento para aquellos acusados por delitos de drogas menores no violentos, y que se tomen en cuenta consideraciones humanitarias para poder hacer frente al impacto devastador que la desproporcionalidad tiene sobre poblaciones vulnerables, como por ejemplo, las madres solteras, jóvenes y quienes menos tienen. Esto también va de la mano con la necesidad de terminar con el uso excesivo de la detencion preventiva, el hacinamiento, sobrepoblación, y las condiciones inhumanas. Esto debe estar ligado a las alternativas de encarcelamiento para los adultos y penas sustitutivas para los jóvenes, excluyendo en ambos casos el uso de Cortes de Drogas.

Reiterar que los Estados cumplan cabalmente con su obligación de garantizar el acceso a la justicia de todas las personas de acuerdo a los estándares establecidos por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Lo anterior implica específicamente, que en todo momento, el consumo se debe separar del campo penal. Dicho esto, bajo ninguna circunstancia un consumidor, por el solo acto o practicar cualquier acto tendiente al consumo, puede terminar en la cárcel o ser víctima de procesos como la detención preventiva. Al contrario, es necesario velar que a los consumidores de drogas nunca se les prive de su derecho a acceso a la salud, participación democrática, acceso a la educación, vivienda y otras garantías básicas, aun cuando existan antecedentes penales de por medio.

Todos los cambios sobre políticas de drogas, tanto actuales y futuras, bajo ninguna circunstancia deben, causar o significar retrocesos en la democracia y el respeto a los derechos humanos. Así mismo y por ejemplo, estos cambios o reformas deben respetar las convenciones y declaraciones de derechos humanos bajo el marco de que exista la total disponibilidad a explorar alternativas menos militarizadas.

Adecuar y profundizar las regulaciones del financiamiento privado a la política para impedir y castigar los paraisos fiscales y el ingreso de dinero ilícito a las campañas y la administración pública.

Abordar una solución transparente y fiscalizada con respecto a la cadena de custodia de la droga, dinero y bienes confiscados del narcotráfico, y que estos fondos sean invertidos en programas de prevención y rehabilitación.

Favorecer la experimentación de modelos normativos de regulación de las drogas, empezando con el cannabis, ya que perseguir a los usuarios y al mercado de cannabis ha resultado ser inefectivo, costoso y contraproducente. Los Estados Miembros deben aprender de mejores prácticas y aplicar formas de regulación de la producción, a fin de arrancar a las organizaciones criminales el monopolio que hoy tienen de esos mercados, con graves efectos de violencia, corrupción y la propia salud de los usuarios.

Reiterando la importancia de la participación de la sociedad civil en estos procesos, ya que pueden ofrecer, según sea el caso, experiencia y conocimiento para el desarrollo y la implementación de políticas y programas relativos a drogas. Al respecto, los Estados Miembros deben alentar un amplio y abierto debate para que todos los sectores de la sociedad tomen conocimiento de los diversos aspectos del fenómeno y contribuyan así al fortalecimiento de las estrategias nacionales.

La proliferación del crimen organizado, vinculado al narcotráfico, es un reflejo de la exclusión social, el estado de derecho y la democracia que lleva a la pérdida de horizontes y proyectos colectivos y hace necesario que los Estados desarrollen políticas públicas por el avance del mismo, que trae aparejado violencia y delincuencia, atacando los grupos vulnerables, especialmente los jóvenes. Por ello es fundamental la centralidad de la educación integral y la cultura del trabajo, generando trabajo decente y con derechos.

La aplicación de las Convenciones de la ONU sobre drogas, debe estar sujeta al respeto de los estándares establecidos en el Sistema Internacional de Proteccion de los Derechos Humanos. En el plano domestico, instamos a los Estados a que formulen propuestas de reforma legislativa que recojan los criterios planteados en este pronunciamiento.

Instamos a los Estados a incorporar un enfoque integral en los programas de desarrollo alternativo frente a cultivos de uso ilícito, que sea sensible a los contextos de pobreza, exclusión social y abandono estatal en los que suelen vivir los campesinos de la región.

Incluir en el punto 21 del proyecto de Declaración de Antigua, Guatemala Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas: “Reconocer los usos tradicionales de las plantas ancestrales como la hoja de coca. Distintos países de América Latina cuentan con el masticado y otros usos cotidianos de la hoja de coca como una práctica ancestral de sus poblaciones. El reconocimiento de estos usos, y el impulso a los mercados integrales de la hoja de coca, deben ser respetados, protegidos e impulsados. Los potenciales usos terapéuticos deberían ser investigados.“

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