El nuevo presidente colombiano debería proponer un diálogo sobre las drogas
En junio de 1998, Juan Manuel Santos firmó una carta dirigida a Kofi Annan, por entonces secretario general de las Naciones Unidas, en que se instaba a “una evaluación franca y honesta de las iniciativas mundiales para la fiscalización de los estupefacientes", ya que “consideramos que la guerra global contra las drogas está provocando más daños que el propio uso indebido de éstas." Ahora que se ha convertido en presidente de Colombia, Santos tiene el poder de poner en práctica –en su propio país– las propuestas que se plantean en la carta a favor de un debate significativo y de un enfoque de base empírica con respecto a las políticas de drogas.
La carta –que reunió cientos de firmas de personalidades destacadas de todo el mundo– se entregó con motivo de la apertura de la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre el problema mundial de las drogas en 1998. El grupo también publicó un anuncio a toda página en el diario New York Times coincidiendo con el primer día del encuentro. El hecho de que Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de la ONU, y muchos ex presidentes latinoamericanos también respaldaran la misiva despertó aún más atención. Mientras se celebraban las sesiones oficiales, la carta se convirtió en el principal tema de conversación en los pasillos de la sede de la ONU en Nueva York.
La carta termina con estas palabras:
“Insistir en nuestras políticas actuales sólo se traducirá en un mayor uso indebido de las drogas, un mayor fortalecimiento de los mercados de las drogas y la delincuencia, y más enfermedades y sufrimiento. Muy a menudo, a aquellos que abogan por un debate abierto, un análisis riguroso de las políticas actuales y un planteamiento serio de las alternativas se los acusa de 'rendirse'. Pero la auténtica rendición se produce sólo cuando el temor y la inercia confluyen para acallar el debate, acabar con los análisis críticos y hacer caso omiso de todas las alternativas a las políticas actuales. Señor secretario general, le instamos a poner en marcha un diálogo verdaderamente abierto y honesto sobre el futuro de las políticas mundiales de fiscalización de drogas, un diálogo en que el temor, los prejuicios y las prohibiciones punitivas den paso al sentido común, la ciencia, la salud pública y los derechos humanos."
En aquel momento, Juan Manuel Santos firmó la carta en nombre de la Fundación Buen Gobierno, que creó en 1994 con el objetivo de ayudar a mejorar la gobernabilidad y la eficiencia del Gobierno colombiano. Desde que se firmó la carta, los Estados Unidos han invertido unos 7.300 millones de dólares en el Plan Colombia. A pesar de ello, el comercio de las drogas sigue bien afianzado y “los costos humanos y financieros de la larga guerra no han cesado de aumentar"
Ahora que ocupa la presidencia, Santos debería seguir sus propias recomendaciones y promover un diálogo abierto y honesto sobre las políticas de drogas en Colombia y, además, unas políticas de base empírica que fomenten la salud pública y los derechos humanos. En el marco de ese ejercicio, su Gobierno debería replantear los programas de erradicación aérea y forzosa que han abocado a los campesinos a una mayor pobreza, los han empujado a los brazos de las guerrillas de izquierda y de los grupos paramilitares de derecha, y los han desplazado de sus tierras para añadirse a las filas de los aproximadamente 4,5 millones de desplazados internos del país.
El presidente Santos podría empezar por formar una comisión de académicos y expertos en políticas de drogas con la misión de recomendar políticas más humanas y razonables, tal como propone el director del Centro de Estudios DeJusticia, Rodrigo Uprimny. El debate público sobre las políticas de drogas en Colombia se ha estado sofocando durante demasiado tiempo. El presidente Santos tiene ahora la oportunidad de que ese debate prospere y, con ello, desarrollar políticas de control de drogas más eficaces y humanas.
Véase también: La prohibición como retroceso: la dosis personal en Colombia, Diana Esther Guzmán y Rodrigo Uprimny Yepes, Serie reforma legislativa en materia de drogas No. 4, enero de 2010