Tribunales de Drogas: ¿Funcionarán?
Los tribunales no demuestran un impacto positivo en tratar el tema de drogas y tienen limitaciones fundamentales porque siguen criminalizando a los usuarios
Cuando alguien es detenido y le preguntan «¿quieres ir a la cárcel o tratamiento?», le dan opciones falsas. Se supondría que recibir tratamiento es la mejor opción, pero cuando el delito es posesión simple u otro vinculado al consumo de sustancias legales o ilegales, sin daños a terceros, es difícil justificar el tratamiento, y más cuando se logra de manera supuestamente «voluntaria».
Empecemos con la primera premisa: no todos los usuarios de sustancias legales o ilegales son usuarios problemáticos. Gracias a las Naciones Unidas sabemos que la mayoría de las personas en el mundo que usan drogas legales o ilegales no se ven afectadas de manera negativa en su vida personal o profesional por dicho consumo. Igual que no todas los que toman alcohol son alcohólicos, no todos los que usan drogas ilegales son dependientes. Los tribunales de drogas o tribunales para el tratamiento de adicciones (TTA’s) empiezan con la falsa premisa de que todo usuario necesita tratamiento. Una política pública basada en esta premisa no enfrenta el tema de drogas de forma real, comprensiva y fundada en evidencia.
Los tribunales de drogas empezaron en Estados Unidos durante los años ochenta para afrontar el problema del uso de crack. La política fue justificada como una alternativa a la cárcel, una manera de despresurizar el sistema judicial y un ahorro de costos. Sin embargo, varios estudios, incluyendo uno de la Drug Policy Alliance, han encontrado que no se consigue ningún ahorro de costos porque las cortes escogen casos que van a demostrar éxito y pueden tener los resultados esperados. Las personas que son recomendadas a los tribunales de drogas y en el proceso tienen alguna falla —como no haber llegado a una cita o haber reprobado una prueba de drogas— pueden ser sentenciadas por más tiempo que si hubieran ido a la cárcel desde el principio. Pero no le dicen esto al detenido cuando le hacen la pregunta: «¿Cárcel o tratamiento?»; no le informan que si el programa no funciona para él podría pasar más tiempo en la cárcel.
Este modelo se ha exportado a varios países y ahora América Latina es terreno fértil para implementar este tipo de cortes especializadas que no son las adecuadas para nuestro sistema judicial. El Estado mexicano, con apoyo del gobierno estadounidense, ha implementado tribunales de drogas en tres estados: Nuevo León, Chihuahua y Morelos. Los TTA’s son solo para delitos no graves, cometidos bajo la influencia de drogas legales o ilegales, o con la intención de obtener recursos para adquirir sustancias. Supuestamente el delito no puede ser por consumo o posesión, pero sí por narcomenudeo. Mientras el gobierno habla de los éxitos del programa, la sociedad civil destaca que de las 103 personas admitidas, solo 18 han concluido su tratamiento. En entrevistas privadas funcionarios públicos reconocen que la mayoría de los egresados tenían uso problemático de alcohol y su delito era el de violencia doméstica.
La gran pregunta con cualquier política pública es ¿cuál es el impacto que quisiéramos tener y cuáles son sus posibles efectos? Los tribunales aún no demuestran un impacto positivo en tratar el tema de drogas y tienen limitaciones fundamentales porque siguen criminalizando a los usuarios.
Como bien dijo la Comisión Global de Política de Drogas en su último informe, «los tribunales de drogas tienen problemas conceptuales y son insuficientes». Cárcel o tratamiento no son dos opciones, sino solo una nueva manera de cooptar a usuarios de drogas legales e ilegales.
Zara A. Snapp nació en Coatepec, Veracruz, creció en Estados Unidos y actualmente vive en México, DF. Obtuvo la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Colorado, en Denver, y una Maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Es la encargada de política y comunicación para la Comisión Global de Política de Drogas e integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
