La II Conferencia Latinoamericana y la I Conferencia Brasileña sobre Políticas de Drogas, se concentró en las reformas legislativas en curso en distintos países, en la inefectividad de las respuestas bélicas al narcotráfico y en las alternativas que vienen gestándose en la región. "En políticas de drogas América Latina va por delante de los Estados Unidos", concluyeron los participantes luego de dos días de debate.

II Conferencia Latinoamericana
I Conferencia Brasileña sobre Políticas de Drogas

Conclusiones y Perspectivas:

Con más de 400 asistentes y la presencia de los máximos expertos en políticas de drogas de trece países de América Latina, el 26 y 27 de agosto en el salón noble de la Facultad Nacional de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil) se desarrolló la II Conferencia Latinoamericana y la I Conferencia Brasileña sobre Políticas de Drogas, el máximo encuentro especializado de la región. Organizada a nivel regional por Intercambios, asociación civil clave en América Latina en temas de reducción de daños y políticas de drogas desde hace quince años y a nivel local por Psicotropicus, pionera en sacar el debate sobre drogas de la marginalidad en la que se encontraba y traerlo al centro de discusiones cotidianas en Brasil.  Con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros organismos de Naciones Unidas, el encuentro se concentró en las reformas legislativas en curso en distintos países, en la inefectividad de las respuestas bélicas al narcotráfico y en las alternativas que vienen gestándose en la región. “En políticas de drogas América Latina va por delante de los Estados Unidos”, concluyeron los participantes luego de dos días de debate.

“En América Latina hemos conseguido perspectivas no colonizadas: existe hoy una posición sobre políticas de drogas a partir de América Latina y no sobre América Latina”, afirmó el secretario nacional de Justicia del Brasil, Pedro Abramovay, al inaugurar las jornadas. Del panel de apertura también participaron Paulo Roberto Yog de Miranda Uchoa, secretario nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD); Pedro Gabriel Godhino Delgado, coordinador del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud de Brasil; Luciana Boiteux, coordinadora del Grupo de Investigaciones en Políticas de Drogas y Derechos Humanos en la Facultad Nacional de Derecho de la Universidad Federal de Río; Luiz Paulo Guanabara, director de Psicotropicus, y Graciela Touzé, presidenta de Intercambios.

Fue la primera vez que en Brasil se reunió un número tan importante de expertos y decisores políticos en temas de drogas. En la inauguración, los funcionarios del gobierno de Lula se diferenciaron de las políticas estadounidenses que en los últimos veinte años lideraron el llamado paradigma de guerra contra las drogas. “Hoy en día es imposible hablar de militarismo en nuestra política, si la comparamos con la política de los Estados Unidos”, afirmó el secretario nacional de la SENAD. Uchoa recordó que no se han conformado la mayoría de los Consejos Estatudales y Municipales que impulsa el gobierno del presidente Lula Da Silva para la participación social en la definición de las políticas públicas.

Desde PSICOTROPICUS, organizadora local de la Conferencia, su director Luiz Paulo Guanabara reclamó que todavía hace falta “desmilitarizar la política de drogas y descriminalizar la atención de la salud”, ya que “un sistema económico y bélico nos lleva a niveles de violencia intolerables, como al que asistimos hoy en México y hemos visto antes aquí en Brasil”. Fundada en 2003, Psicotropicus tiene como objetivo reducir significativamente los daños causados por la política de drogas vigente, a través de la movilización, el diálogo, la información confiable, apoyando investigaciones y generando conocimiento para que tengamos una sociedad donde el “problema mundial de las drogas” sea abordado desde otro enfoque.

Desde INTERCAMBIOS, asociación civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas, fundada hace quince años en la Argentina e impulsora de las conferencias, su presidenta Graciela Touzé advirtió que “el cambio discursivo que implica reconocer el fracaso de la guerra contra las drogas aún no se ha traducido en políticas concretas que lleguen a la gente”. Enumeró que falta instalar políticas de seguridad no represivas y políticas de Estado a largo plazo.

Finalmente, Pedro Gabriel Godhino Delgado, coordinador del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud de Brasil, afirmó que “es preciso que la política de salud pública de respuestas en las áreas de inclusión social y de prevención” y señaló que “la actual ley es un progreso importante, porque diferencia usuario de traficante, pero necesita mayor revisión”.

Durante la inauguración, en representación de la universidad y como anfitriona de la casa, Luciana Boiteux recordó que ese mismo salón fue sede del Senado durante el Imperio: “Aquí se firmó la ley que acabó con la esclavitud, esperamos que aquí también hagamos un aporte a concretar medidas para lograr políticas de drogas más humanas y más cercanas a la salud”.

El encuentro apuntó a propiciar “un debate social informado con miras a impulsar políticas no punitivas, fundadas en evidencia científica, que respondan de manera eficaz a los diversos problemas asociados con las drogas” y generar un intercambio a nivel regional para “mantener actualizado el mapa sobre el consumo de drogas, problemas asociados, políticas e intervenciones en la región”.

Un enfoque desde los derechos humanos

En todo el mundo, las personas que  usan drogas ilícitas enfrentan discriminación, rechazo y violencia bajo el argumento de la “peligrosidad” o la “incapacidad”de las y los usuarios de drogas. ¿Cuáles son las políticas de drogas que propician la violación de los derechos humanos? ¿Qué acciones alternativas existen? Estos temas fueron centrales en el panel Derechos humanos y políticas de drogas, que abrió el primer día de la conferencia con  Rubem César Fernandes, director ejecutivo de Viva Rio y secretario ejecutivo de la Comisión Brasileña sobre Drogas y Democracia como moderador.

“La legislación brasileña atravesó el prejuicio pero tiene deficiencias evidentes todavía”, reconoció Pedro Vieira Abramovay, Secretario Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia de Brasil: “Hay un límite entre el tráfico y el consumo. Sin embargo, una persona que será considerada finalmente consumidora, si la policía dice al comienzo que era narcotraficante, tendrá que estar todo el proceso judicial en la cárcel”.

A su turno, Jorge da Silva, miembro de la Comisión Brasileña sobre Drogas y Democracia y ex secretario de estado de Derechos Humanos de Rio de Janeiro (2003-2006), relató su experiencia en la policía militar y cómo fue descubriendo la ineficacia de las políticas represivas. Tras citar el caso de Portugal para explicar “que la despenalización no incrementa el consumo”, manifestó su “apoyo de forma radical” a las campañas de descriminalización de la marihuana porque “por algún lado tenemos que empezar”.

El presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) de Argentina, Claudio Morgado, se manifestó contra el enfoque que toma los aspectos sociales como factores de riesgo y no como parte constitutiva del problema. “El estigma del ´adicto´ desaloja de la persona su identidad: hombre, mujer, amigo, amante. La consecuencia es un abordaje que favorece el rechazo social”. Por último, aseveró que el INADI apoya el proyecto de ley de Salud Mental en debate en la Argentina y que tiene media sanción del Congreso, que en su artículo 4 establece que las personas usuarias de drogas tienen todos los mismos derechos que todas las demás contempladas en la ley. “Es una legislación no discriminatoria que esperamos avance”, afirmó.

Para cerrar la mesa, Kasia Malinowska-Sempruch (Polonia), Directora del Programa Global sobre Políticas de Drogas del Open Society Institute (OSI), se concentró en la salud pública y en las políticas de reducción de daños: “No podemos enfocarnos en políticas basadas en la abstinencia. Si la abstinencia es el único resultado deseado, no tendremos acceso a la metadona, por ejemplo. No importa que el tratamiento con metadona permita que los usuarios de opioides vuelvan a trabajar, no importa que se reduzca el sufrimiento de los familiares, no importa que abra las puertas para el usuario: como la metadona no lleva a la abstinencia, no será ofrecida en tratamientos”, concluyó.

La mirada de los organismos internacionales

¿Qué grado de prioridad tienen en sus agendas? ¿Cómo podría incrementarse la atención? Con estas preguntas el panel “Los usuarios de drogas en la agenda de los organismos multilaterales” reunió en una misma mesa a representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Programa Conjunto sobre VIH/SIDA (ONUSIDA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la agencia de cooperación Alianza Internacional contra el VIH/Sida.

“Las políticas de drogas tienen que ver con pensar en la prevención, la promoción de la salud y el respeto de los derechos humanos, buscando también la seguridad pública a través del combate al crimen organizado”, señaló Bo Mathiesen, representante regional de la ONUDD para Brasil y el Cono Sur. Por su parte, Pedro Chequer, coordinador de ONUSIDA en Brasil, destacó el rol del movimiento social del VIH y drogas y afirmó que “es necesario expandir la oferta de servicios para usuarios de drogas seropositivos”.

Desde la OPS/OMS, Marcelo Vila, coordinador subregional en VIH/ITS señaló que los prejuicios y estigma contra los usuarios de drogas también existen en la salud pública: “Si no hay servicios de salud para usuarios de drogas, y si ven que pueden ser prejuzgados simplemente por usar drogas, no buscarán los servicios de salud." En ese mismo sentido, David Rui Villa-Franca, representante del PNUD señaló que desde esta agencia “se prioriza el desarrollo humano en general y no se restringe a un abordaje de salud exclusivamente”.

Finalmente, Javier Hourcade Bellocq, representante regional para América Latina y el Caribe de la Alianza Internacional contra el VIH/sida, director ejecutivo de Amigos del Fondo Mundial - Latinoamérica y Caribe, afirmó que "en los países donde se encarcela al usuario de drogas, hay mayor prevalencia del VIH".

Descriminalizar y brindar servicios sin condiciones

Evitar la persecución penal de los usuarios de drogas es el primer paso para lograr el protagonismo de las políticas sociales y de salud. Esto quedó claro en el Panel “Políticas socio-sanitarias”, donde se presentaron las experiencias de Portugal y Brasil con una revisión crítica de logros y desafíos.

La primera exposición estuvo a cargo de Manuel Cardoso, miembro del Consejo Directivo del Instituto de Droga y Toxicomanía de Portugal, experiencia citada reiteradamente durante el encuentro por haber despenalizado la tenencia de todas las sustancias en 2001: “El gran marco es tratamiento para todos, sea que vengan o los vayamos a buscar; el segundo es políticas innovadoras, como la reducción de daños”. El funcionario señaló que se guían por “los principios de humanismo y pragmatismo, no negar atención a nadie y usar los métodos científicamente probados”.

Por su parte, Luciana Boiteux, integrante del Consejo Consultivo de la Red Brasileña de Reducción de Daños y Derechos Humanos (REDUC), señaló que el 70 por ciento de las personas detenidas por narcotráfico son varones pobres, detenidos en la vía pública sin armas y con pequeñas cantidades. A partir de estos datos, señaló que las operaciones en Río de Janeiro “son contraproducentes, pues no inhiben el mercado ilícito pero sí traen mucha muerte”. Y concluyó: “Las actuales políticas son inefectivas, pero hay una parte de la burocracia internacional que está acomodada con la situación actual, por eso no cambia”.

El coordinador del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud del Brasil, Pedro Gabriel Godinho Delgado, reconoció que, a pesar del principio básico de la universalidad,”lo cierto es que los servicios de salud se rehúsan a atender a los usuarios que no aceptan la interrupción del uso de drogas”. Propuso dos tareas: 1) atraer al usuario de drogas a partir de terapias que no se basen en condiciones de abandono  total, “porque se convierten en un chantaje” y 2) brindar tratamientos no obligatorios e integrales, “con todas las áreas necesarias para disminuir la vulnerabilidad social”.

El moderador de la mesa, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, Milton Romani, señaló que las estrategias socio-sanitarias presentadas coincidieron en señalar la necesidad de llevar el tema de las drogas al campo de la salud, descriminalizar a los usuarios y atención universal sin estigma ni discriminación como requisitos para lograr respuestas efectivas.

Una guía de buenas prácticas en reformas políticas

Al final de la tarde, Ann Fordham, coordinadora del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) la presentación de la Guía sobre Incidencia Política elaborada por el Consorcio. “En un momento en que en el mundo se comienzan a ver las drogas como un tema de salud, y tenemos los primeros ejemplos de descriminalización de usuarios, con propuestas de alternativas al campo penal, vimos la necesidad de difundir estas experiencias”, afirmó.

El libro busca servir de herramienta para replicar la experiencia y convencer a más gobiernos del mundo sobre la posibilidad de llevar adelante transformaciones que descriminalicen a los usuarios y avancen en la proporcionalidad de las penas en relación al tráfico. La Guía fue comentada por el diputado de Río de Janeiro Carlos Mic, ex ministro de Medio Ambiente de Brasil, quien apoyó los principios sobre los cuales está estructurada la publicación y agregó que “la guerra a las drogas no sólo no cumple con el objetivo de eliminar la oferta de drogas sino que además tiene entre sus efectos colaterales propiciar el control territorial de áreas de la ciudad por parte de los narcotraficantes”.

De la guerra contra las drogas a su impacto en los usuarios

La complejidad de las drogas no puede entenderse si no se abordan, a la vez, sus múltiples caras. Por un lado, producción y tráfico, fuerzas armadas y corrupción política. Por otro, pobreza y desigualdad social, condiciones estructurales de las sociedades latinoamericanas. Entre ambos, las políticas sociales y económicas de cada país de la región. La mesa “Determinantes estructurales de los problemas asociados a las drogas” buscó reunir todas estas caras en un mismo panel. Ethan Nadelmann, de Estados Unidos, Luis Astorga de México y los  brasileros Tarcisio Matos de Andrade y Monica Malta aceptaron el desafío.

Nadelmann,  fundador de Drug Policy Alliance (DPA), señaló que Estados Unidos “ha impuesto durante cien años su visión sobre las drogas, por eso existe la falsa creencia de que hay que cambiar las leyes en Estados Unidos primero, pero esto no es cierto”. Y puso como ejemplo la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, porque “por primera vez ex presidentes se atreven a cuestionar la prohibición, proponen claramente de la descriminalización de la marihuana y promueven las medidas de reducción de daños”.

La situación en México a partir de la llamada lucha contra el narcotráfico, dramática e inédita en términos de muertes, fue analizada por Luis Astorga, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien presentó una línea histórica para demostrar “el vínculo que siempre ha tenido el narcotráfico con los distintos partidos políticos, y esta connivencia es lo que hace difícil cambiar algo”.

A su turno, Tarcisio Matos de Andrade, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Bahía y coordinador del Servicio de Extensión “Alianza de Reducción de Daños Fátima Cavalcanti” se concentró en los condicionantes ligados a la estigmatización. Puso como ejemplo la campaña vigente en Salvador de Bahía que se llama “Crack: prisión o cajón”. “¿Qué nos dice este mensaje? Que la sociedad sólo tiene para ofrecer al usuario de drogas la muerte o la prisión”, señaló. Y advirtió que “si bien el consumo de drogas se distribuye en todas las clases sociales, los tratamientos son sólo para las clases acomodadas”.

Finalmente, Monica Malta, de la Fundación Instituto Osvaldo Cruz (Fiocruz), especializada en investigaciones científicas sobre salud señaló que es una dificultad conocer en profundidad la situación de la población usuaria de drogas debido a la estigmatización y presentó el método Respondent Driven Sampling (RDS), donde el investigador es de la comunidad y llama a otros amigos. Con esta metodología entrevistaron en diez municipios a  3.500 usuarios de drogas y llegaron a la conclusión de que en Brasil los usuarios de drogas inyectables que viven con VIH son una población más vulnerable que otras personas que viven con el virus, porque acceden menos a los servicios de salud. Matos concluyó: “Brasil es conocido mundialmente por su respuesta al VIH/Sida, pero la población de usuarios de drogas no accede a estos beneficios”.

El protagonismo de los usuarios

Puertas abiertas, cercanía y territorio. Estas tres palabras atravesaron todas las presentaciones del panel “Atención integral a usuarios de drogas” en la mañana del viernes 27. En Chile, desde la Escuela Nacional de Estudios y Formación en Abordaje de Adicciones y Situaciones críticas asociadas (EFAD) se realizó un estudio sobre el acceso a servicios de salud de usuarios de drogas que reveló que el 80 % de usuarios que requerían atención no la estaban recibiendo. Maurizio Zorondo, secretario ejecutivo de la institución a cargo del estudio señaló que el problema central era que “el sistema es lejano a las personas, con muchos requisitos para acceder al servicio” y presentó la estrategia actual, centrada en el territorio.

En Colombia, en 2006 se definió la atención a usuarios de drogas como un asunto de salud mental y prioridad de salud pública, “lo que trajo recursos económicos y sociales para ir a las comunidades y ofrecer un tratamiento”, explicó aseveró Inés Elvira Mejía Motta, quien además de coordinar la dependencia a cargo de la asistencia es asesora del Ministerio de Protección Social de ese país. El abordaje es similar al presentado por Chile: respetar la autonomía del usuario de drogas y fortalecer las redes sociales. Una particularidad del país es que, la tenencia para consumo personal, descriminalizada en 1994, volvió a penalizarse a partir del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, “lo que resulta un barrera de acceso a la atención”, concluyó.

¿Por qué falla la atención a usuarios de drogas? Con esa pregunta como eje, el Departamento de ITS, Sida y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de Brasil hizo un diagnóstico que reveló, entre otras dificultades, el pudor de ambas partes, “entre profesional que no se atreve a preguntar y el usuario que no se atreve a decir que bebe alcohol u otras sustancias”, señaló Denise Serafim, representante del organismo.

“Hay distintos puntos de vista sobre el usuario de drogas: la salud ve el uso de drogas como una enfermedad, la justicia como un delito y la religión como un pecado. Mi propuesta es que la ciudadanía vea el uso de drogas como un derecho”, planteó Domiciano Siqueira, representante de la Asociación Brasileña de Reductoras y Reductores de Daños (ABORDA) al abrir su presentación. “El cuerpo es de cada uno de nosotros y todo lo que pasa de la piel hacia adentro es nuestro”, reclamó.

Sobre las exposiciones de sus colegas de mesas, señaló: “He escuchado muchas conferencias hablando de que el tratamiento tiene que ser digno, cercano, pero para mí el tratamiento tiene que tener, en resumen, las puertas abiertas: sin condiciones”.

Una guerra que nadie gana y muchos pierden

El debate sobre si son los factores económicos estructurales de América Latina o los aspectos culturales de sus sociedades los que han permitido que se instale y fortalezca el narcotráfico y el crimen organizado en la región fueron eje de la mesa “Consecuencias de la guerra contra las drogas”. Así lo sintentizó su moderador, el boliviano Diego Giacoman Aramayo, especialista en la problemática de la hoja de coca y narcotráfico.

“Hay factores que propiciaron la instalación de la producción de cocaína en Colombia”, afirmó el colombiano Francisco Thoumi, economista de la Universidad de Minnesota e investigador experto en economía política de las drogas y el delito.  Y enumeró la selva tropical húmeda, el saber refinar la cocaína, acceso a los insumos químicos, capacidad para desarrollar redes internacionales para el tráfico y una sociedad en conflicto. “Son condiciones pero eso no significa que el problema vaya a surgir”, señaló antes de afirmar que “la despenalización no alcanza. Para pensar una política que resuelva el narcotráfico y la violencia hay que armonizar la ley, la cultura y la moral. El verdadero desafío para Colombia no es legalizar las drogas sino legalizar a Colombia; es decir, establecer el imperio de la ley en el país”, afirmó.

Juan Carlos Hidalgo, coordinador de Proyectos para América Latina del Centro para la Libertad y Prosperidad Global (Cato Institute, Washington), hizo un recuento del fracaso de la guerra contra las drogas y citó como ejemplo el precio de la cocaína: “Un kilo en Colombia vale U$S 1600, cuando llega a Panamá ya está en U$S 2500, en la frontera Mexicana sube a U$S 13 mil, en Estados Unidos a U$S 20 mil y en el menudeo en ese país U$S 97 mil el kilo”. De acuerdo a cifras de Naciones Unidas, el tráfico anual de drogas ilícitas mueve U$S 320 mil millones. “En este sentido es un problema económico aunque sus causas tienen diversas facetas, pero es importante pensar una solución al tema económico porque es lo que va a destrabar la discusión”.

A su turno, el boliviano Reynaldo Molina Salvatierra, coordinador General del Programa de Apoyo al Control Social de la Producción de la Hoja de Coca, reforzó esta perspectiva económica: “Si no fuera un negocio productivo no habría alcanzado las dimensiones que alcanzó”. Bolivia está trabajando sobre una nueva política nacional de lucha contra el narcotráfico y de reivindicación de la hoja de coca, que incluye un censo de los cultivadores de hoja de coca y estimular los usos lícitos de la coca, como alimentos y medicina.

El cierre del panel estuvo a cargo de Pien Metaal, de los Países Bajos, miembro del equipo Drogas y Democracia y coordinadora del programa sobre reformas a las leyes de drogas del Transnational Institute (TNI), quien anunció que en breve serán publicados los resultados de un amplio estudio en ocho países sobre drogas y cárceles: “Hemos encontrado una situación endémica: existen violaciones de derechos humanos justificadas por la guerra a las drogas, en las que nadie gana y muchos pierden”.

Nuevas leyes para un nuevo paradigma

En el panel “Reformas legislativas en América Latina” se llegó a un diagnóstico común: la legislación vigente en materia de drogas ha creado nuevas delincuencias, ha hecho trizas el tejido social y ha destruido el medio ambiente. En síntesis, ha generado Estados favorables a la violación de los derechos humanos.  “En la mayoría de los países de la región las leyes sobre drogas son regímenes especiales, lo que quiere decir que son de carácter excepcional y esto va en desmedro de las garantías fundamentales de los procesados, porque las penas son desproporcionada y las prisiones están llenas de mulas atrapadas en el sistema carcelario y no de grandes traficantes”, afirmó Freddy Pavón Rivera, viceministro de Justicia del Ecuador

“Es un desafío diseñar una política de drogas porque es un tema sensible, los estados no tienen libertad absoluta. Llama la atención que el mismo organismo que promueve los derechos humanos promueve la guerra contra las drogas”, señaló el funcionario, en una crítica velada a algunas de las agencias de las Naciones Unidas.

La representante argentina, Mónica Cuñarro, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción, consideró que “debe aprovecharse UNASUR como una ventana para encontrar consensos para avanzar en la defensa de los derechos humanos. porque son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Los derechos humanos no nos los darán los legisladores, hay que pelearlos y construirlos como ocurrió después de la II Guerra Mundial”.

Por su parte, el ministro de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, Jorge Ruibal Pino, advirtió que “una buena legislación sobre drogas no es garantía de justicia ni respeto a los derechos humanos” y recordó que su país desde 1974 tiene una ley en la que el usuario está exento de pena por posesión mínima para consumo personal. “Realmente ha sido un largo proceso de la sociedad construir los mecanismos para garantizar los derechos de las personas”, aseveró.

Finalmente, el diputado federal experto en drogas, Paulo Teixeira, impulsor del primer proyecto de ley que se sancionó en San Pablo sobre el tema, destacó los estudios que fueron presentados a lo largo de la II Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Brasileña sobre Políticas de Drogas, que revelan que las personas privadas de su libertad por delitos asociados a las drogas son en su mayoría las más pobres. “Todo esto da cuenta de que hace falta una reforma de la ley de drogas, que en su espíritu es progresiva pero no basta para diferenciar a los grandes narcotraficantes de quienes consumen o están en el menudeo”, concluyó.

Un camino que ya se ha iniciado

El día viernes, en sesiones paralelas, se realizaron una reunión de Jóvenes y Políticas de Drogas y otra sobre Usuarios de Drogas, quienes leyeron sus conclusiones en el cierre del encuentro. “No somos parte del problema, podemos ser parte de la solución”, afirmaron los jóvenes.

La conferencia se realizó con el patrocinio de Fundación Open Society Institute; el British Foreign and Commonwealth Office; el Programa Nacional de ITS, SIDA y Hepatitis Viral del Ministerio de Salud del Brasil; el Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud del Brasil y Viva Rio.

Además contó con las adhesiones de organismos de Naciones Unidas: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA); Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD); Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y otras organizaciones internacionales y brasileñas: Comisión Económica para América Latina (CEPAL); Secretaria de Asistencia Social y Derechos Humanos de Brasil (SEASDH); Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC); Asociación Internacional de Reducción de Daños (IHRA); Transnational Institute (TNI); Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Drug Policy Alliance (DPA); Coalición Norteamericana de Reducción de Daños (HRC); Federación Internacional de las Universidades Católicas (FIUC); Asociación Brasileña de Reductores de Daños (ABORDA); Núcleo de Estudios Interdiciplinares sobre Psicoativos (NEIP); Red Brasileña de Reducción de Daños (Reduc); Grupo Candango de Criminología (GCCRIM); Colectivo Dar y el Grupo Latinoamericano sobre Políticas de Drogas (GRULAD).

Al finalizar el encuentro, desde la asociación civil Intercambios y la organización Psicotropicus, organizadoras regional y local respectivamente, se destacó el nivel de participación y la relevancia de los aportes “para construir políticas que permitan abordar los problemas asociados a las drogas de forma efectiva y desde una perspectiva que garantice los derechos humanos”. Además, destacaron la importancia de la II Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Brasileña para instalar en la agenda pública el debate social informado sobre drogas y celebraron la posibilidad de, en 2011, realizar un nuevo encuentro en otro país sede de la región.