Un estudio comparativo sobre el impacto de políticas de drogas en los sistemas carcelarios de ocho países latinoamericanos – Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay – revela que las leyes de drogas han contribuido a la crisis carcelaria que viven estos países porque imponen penas desproporcionadas a los delitos de drogas cometidos, no contemplan lo suficiente el uso de penas alternativas y promueven el uso excesivo de la prisión preventiva. El estudio Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina publicado hoy por el Transnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), encontró que aquellos que están encarcelados por delitos de drogas tienden a ser individuos portando pequeñas cantidades de droga, en muchos casos consumidores, así como vendedores callejeros.

En concreto, el estudio encuentra que en su mayoría las personas encarceladas por drogas no son altos o medianos mandos del narcotráfico, sino los eslabones más bajos de la cadena. Según el reporte, estas leyes han hacinado las cárceles ­– con un alto costo humano – pero no han frenado la producción, tráfico y consumo de drogas. “Encarcelar a ofensores menores con el fin de restringir el narcotráfico es inútil, pues al día siguiente los altos jefes los reemplazan. Pero para los encarcelados, la prisión les destruye la vida”, dice Pien Metaal, coordinadora del proyecto sobre reforma a las leyes de drogas del TNI. “El  enfoque penal hacia estas personas satura los sistemas de administración de justicia, afectando de esa manera al conjunto de la sociedad”, agrega Metaal. El estudio concluyó que en Colombia, el 98 por ciento de las personas privadas de la libertad por delitos de drogas entre 2007 y 2009 eran ofensores de menor grado, o por lo menos, no se les pudo probar lo contrario.

A pesar de las diferencias entre los ocho países, el estudio encuentra muchos problemas en común. Por ejemplo, el estudio identifica que las personas encarceladas por drogas provienen por lo general de los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos con poca educación formal, bajos ingresos y oportunidades limitadas. “La pobreza es evidente en las cárceles de todos estos países”, dice Coletta Youngers, investigadora afiliada a WOLA. “Muchas de las personas entran al ‘negocio’ de las drogas por desesperación económica, pero la realidad es que el transporte, venta y producción a este bajo nivel, no saca a nadie de la pobreza, pero se vuelve una opción porque representa un ingreso constante”, agrega Youngers.

Esta desesperación económica es quizás lo que ha llevado a lo que el estudio identifica como una “feminización” del delito de drogas: La mayoría de los encarcelados por droga son hombres, pero entre las mujeres encarceladas, el porcentaje de aquellas que lo están por drogas es mayor en comparación al de los hombres. Esto es particularmente visible en Argentina y Ecuador. “Muchas de estas mujeres son madres solteras y pobres. El miedo que les puede generar caer en la cárcel o involucrarse en el tema de drogas es superado por la necesidad de sacar adelante a sus familias”, dice Coletta Youngers de WOLA. “Estas madres solteras y otros ofensores similares, deberían ser considerados para recibir penas alternativas a la prisión, sobre todo porque mientras están en la cárcel, los hijos quedan desprotegidos”.

Sin embargo, como concluye el estudio, a las personas acusadas y condenadas por delitos de drogas a menudo se les niega acceso a penas alternativas a la prisión. Incluso, en la mayoría de los países estudiados, las sentencias pueden llegar a ser hasta desproporcionadas a los delitos cometidos. Un ejemplo de esto es Ecuador, en donde una “mula” puede terminar más años en la cárcel que un asesino.

Esta desproporcionalidad en las sentencias se debe en parte a que las leyes de estos países no distinguen bien entre consumidores, pequeños vendedores, pequeños transportistas, y medianos y grandes traficantes, concluye el estudio. “Muchos consumidores de drogas terminan en la cárcel – incluso cuando la ley de su país no contempla el encarcelamiento de consumidores – al ser confundidos con vendedores”, dice Metaal del TNI. “Para reestablecer la proporcionalidad en las sentencias, urge que las autoridades introduzcan lineamientos más claros para identificar los diferentes niveles en el tráfico y tipos de drogas, e impedir que los consumidores acaben en la cárcel”, concluye Metaal.

Otro problema detectado por el estudio es que las cárceles de estos ocho países latinoamericanos, por presupuestos e infraestructuras deficientes, no garantizan estándares mínimos internacionales. Un caso particularmente grave es Bolivia, en donde la falta de recursos ha generado problemas de nutrición y salud entre los reclusos. El presupuesto diario de alimentación en las cárceles de Bolivia es de 80 centavos por preso por día.

Sistemas sobrecargados ofrece varias recomendaciones para conducir a políticas más efectivas y humanas. Entre estas figuran:

• Establecer y ampliar las alternativas al encarcelamiento para aquellos acusados por delitos menores de drogas, incluyendo la eliminación de las sanciones penales por la posesión para uso personal.
• Suprimir las penas mínimas obligatorias.
• Evitar la detención preventiva en el caso de delitos menores de ofensores no violentos.
• Estimular un debate abierto sobre las ventajas y desventajas de avanzar hacia un mercado legal y regulado para la cannabis.

“Este estudio deja claro quiénes son la verdaderas víctimas de la “guerra contra las drogas”, dice John Walsh, coordinador de programa de políticas de drogas de WOLA. “Los problemas señalados suenan una alarma sobre la necesidad de reformar las leyes de drogas en el continente”.

El estudio fue presentado hoy en Buenos Aires durante un evento conjunto con la Universidad de Palermo e Intercambios Asociación Civil, y está disponible en www.druglawreform.info

CAPÍTULOS DEL ESTUDIO POR PAÍS

Argentina | Bolivia | Brasil | Colombia | Ecuador | México | Perú | Uruguay

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El Proyecto de TNI/WOLA sobre Reformas a las Leyes de Drogas promueve políticas de drogas más efectivas y humanas a través del dialogo y análisis