El pasado 18 de mayo, en la sesión de la ONU-ECOSOC en Nueva York se llevó a cabo la elección de seis miembros de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). La Junta cuenta solamente con 13 miembros, de modo que esta elección involucró a casi la mitad de este cuerpo de la ONU. Si se le da una mirada a la sección sobre la JIFE en nuestro sitio web rápidamente se apreciará nuestra historia turbulenta con esta entidad ‘quasi-judicial’ y supuestamente independiente encargada de monitorizar el cumplimiento de los tratados de control de drogas de Naciones Unidas.

Con frecuencia el TNI se ha referido a las posiciones de la JIFE en su informe anual y ha criticado su actitud obstaculizadora al frenar toda tentativa de modernización del sistema de fiscalización de la ONU. De manera particular nos hemos referido una y otra vez a la oposición ideológica de la JIFE para permitir la introducción de medidas de reducción del daño y a su absurda insistencia para ponerle fin al uso tradicional de la hoja de coca en la región andina. Esta vez teníamos la esperanza de que se produjera un cambio en la composición de la Junta, un cambio que alineara a la JIFE con el resto de organismos de la ONU, y suavizara las crecientes tensiones que tiene con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONUSIDA. Esperábamos que con la nueva elección se pudiera superar finalmente la naturaleza obsoleta de esta oscura entidad dentro del sistema de control de drogas de la ONU.

Pero en vez de cruzarnos de brazos para esperar a ver qué pasaba, esta vez – por primera vez – nos metimos en el proceso electoral a observar cuidadosamente los antecedentes y experiencia de los 18 candidatos que presentaron los Estados miembro y de los tres candidatos propuestos por la OMS. Hablamos informalmente con funcionarios cercanos a miembros de ECOSOC con derecho de voto sobre los potenciales beneficios que traería un fortalecimiento de la independencia y de las capacidades de la Junta, de acuerdo con su mandato sobre los tratados.

Nosotros creemos firmemente en los méritos del sistema de la ONU cuando éste funciona bien y muchos de nuestros esfuerzos apuntan a que mejore. Cuando nos enteramos de los resultados de la elección, tal como nos citaron en el comunicado de prensa del Consorcio Internacional para Políticas de Drogas (IDCP) del cual el TNI es miembro, expresamos nuestra “… consternación al ver que los países, entre los cuales algunos que apoyan un enfoque más humano en el control de drogas, han tratado estas elecciones como parte de un juego de poder de la ONU en vez de centrarse en los asuntos reales relevantes de la política global para las drogas. Ahora se ha perdido la oportunidad de poner a la JIFE a tono con principios básicos de derechos humanos que promociona la ONU y en concordancia con la política de drogas del sistema en su conjunto. Los países que negociaron sus votos son responsables de la politización de un cuerpo de Naciones Unidas que supuestamente debe estar constituido por un grupo de expertos independientes”.

Nuestras conversaciones con funcionarios de gobierno y el conteo de votos el pasado 18 de mayo revelaron que, en efecto, muchos países intercambiaron votos por posiciones en la ONU sin preocuparse por las consecuencias de este toma y daca para el correcto funcionamiento del sistema de la ONU. Especialmente para un organismo como la JIFE, que por naturaleza y mandato debe estar por encima de intereses políticos, es esencial que las elecciones se basen en una evaluación de las habilidades de los candidatos y no estén sujetas a un juego de poder político de la ONU.

Para muchos de los funcioanrios con quienes hablamos fue también frustrante observar que los intereses de los ministerios de asuntos exteriores tendientes a lograr el acceso a determinados cargos en la ONU, invalidaron fácilmente las genuinas inquietudes de los ministerios de salud para enfrentar las inconveniencias y contradicciones en Naciones Unidas en el campo de políticas de drogas y de prevención del VIH/Sida.

Tatyana Dmitrieva

El ejemplo más obvio fue la reelección de la candidata de Rusia, Tatyana Dmitreva, famosa por su activismo anti-metadona sirviéndose de su afiliación a la JIFE y su cercanía a las posiciones del gobierno ruso contra la reducción del daño. Su mandato en la JIFE fue extendido por otros cinco años al haber obtenido 27 votos, justo uno más por encima de la mayoría requerida de 26 votos. Si unos pocos países más hubieran asumido el tema de las políticas de drogas de manera más seria en vez de negociar sus votos a cambio de otras posiciones en la ONU, el resultado de las elecciones habría sido diferente.

Entre los seis miembros recién elegidos hay indudablemente algunos con la capacidad y experiencia para contribuir al desarrollo de un sistema de control de drogas de la ONU con base en las evidencias, pero no tendrán una labor fácil dado el ambiente politizado en el que tienen que operar. El mandato de la JIFE es por naturaleza difícil, puesto que la misma existencia de este cuerpo está ligada al mandato de defender un sistema de tratados internacional plagado de inconsistencias.

La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes dice que se debe terminar con el mascado de la coca y trata el cannabis exactamente de la misma forma que la heroína (poniéndolo en una lista sujeta a un régimen de control más estricto que la cocaína). El Convenio sobre sustancias sicotrópicas de 1971 inventó una categoría aparte para las llamadas drogas ‘psicotrópicas’ que nadie ha sido capaz de explicarnos de manera científicamente convincente durante nuestra década de intensiva interacción con el sistema de control de drogas de la ONU. Hasta que esto no suceda, esta categoría más parece una pura invención para acomodar los intereses de la industria farmacéutica.

La Convención contra el tráfico ilícito de 1988 forzó a los países a introducir sanciones penales por la posesión de drogas para el consumo personal y otras ofensas menores, introduciendo leyes desproporcionadas y llenando las cárceles de todo el mundo de manera descontrolada e irracional, lo que ha ido en detrimento de las obligaciones internacionales hacia los derechos humanos.

No es una posición envidiable la de ser elegido miembro de una junta de monitoreo de la ONU que se ocupa de defender un sistema de tratados plagado de tales inconsistencias. Aunque potencialmente es un cargo que conlleva sus retos dado que las políticas de drogas en todo el mundo están cambiando rápidamente.

La epidemia de VIH/Sida ha forzado a los países a adoptar políticas de reducción del daño como la única vía comprobada para contrarrestar la amenaza. No le falta razón a Bolivia cuando cuestiona la condena a antiguas tradiciones de la coca. Cada vez son más los países que están descriminalizando el consumo y posesión de pequeñas cantidades. El conflicto entre la protección a los derechos humanos y las medidas represivas contra las drogas es ahora un tema prominente en la mesa. El escaso e inadecuado acceso a medicinas esenciales para el control del dolor y los tratamientos de sustitución está ganando atención debido a las excesivas regulaciones al control de drogas. El debate sobre los méritos de tratar el cannabis de manera similar al alcohol ya se ha puesto en marcha, incluso en Estados Unidos.

Dados todos estos desarrollos, se necesita más que nunca en Naciones Unidas un grupo de expertos que acompañe esos debates y cambios en las políticas con una buena consejería. Una consejería que vaya más allá de los estrechos comentarios legalistas por los que se conoce a la JIFE, a pesar de su intento excepcional de poner en la agenda asuntos controvertidos como el de la proporcionalidad de las sentencias. Lo que el mundo necesita hoy con urgencia es una orientación bien argumentada que ayude a guiar a la comunidad internacional a adaptar el sistema de control de drogas de la ONU de modo que pueda afrontar los actuales desafíos. 

Por eso fue que resultó tan deprimente ver los resultados de las elecciones de la JIFE y haber sido testigos del tira y afloja sobre las posiciones de la ONU que influyó tan fuertemente los resultados. Quedó claro que la lucha contra el problema mundial de las drogas y la búsqueda de políticas más efectivas no son de hecho puntos prioritarios en la agenda política. En contraste con la retórica que se le suele dar al tema de las drogas, y la cantidad de recursos que se le dedican, cuando se trata de elegir en la ONU a las personas más adecuadas para ofrecer una buena guía, las oportunidades de mejorar el sistema de la ONU en este campo parecen muy fáciles de negociar a favor de otros intereses políticos.

Esta decepción de la JIFE la sufrimos poco después de la muestra de incompetencia de la Comisión de Estupefacientes de la ONU para tratar seriamente los 10 años de revisión de la UNGASS y adaptar las guías de la fiscalización de drogas de la ONU de modo que puedan enfrentar los desafíos globales de hoy. Como TNI, continuaremos comprometidos para contribuir a mejorar el funcionamiento del sistema de control de drogas de la ONU, y trabajar con la JIFE, la ONUDD y la Comisión de Estupefacientes, pero tememos que muchas ONG que nos acompañaron en estas iniciativas en los últimos años han perdido la fe en las perspectivas de cambio y podrían volverle la espalda a la ONU como un potencial aliado en el diario esfuerzo de reducir los daños relacionados con las drogas. Después de estas últimas decepciones, no nos quedan muchos argumentos para convencerlas de que hay que seguir intentándolo.

Martin Jelsma
TNI