Hoy por la mañana, unas 70 personas de la Plataforma de Afectadas por el Cierre de la Asociación Pannagh hemos ofrecido una rueda de prensa, de las cuales 30 no se han atrevido a aparecer en las imágenes, por motivos diversos relacionados con el estigma social que se mantiene en torno al consumo de cannabis. Otro numeroso grupo ha enviado su adhesión por escrito. Estaba previsto que la rueda de prensa la ofreciera la propia asociación Pannagh, pero la suspensión cautelar de actividades de la asociación por parte del Juzgado de Instrucción nº 6 de Bilbao lo ha impedido.

Además, el Ayuntamiento de Bilbao negó a última hora el local que se había reservado para ello, obligando a un cambio de lugar. Martín Barriuso Alonso, socio nº 1 y presidente de Pannagh, y principal imputado en la causa, ha comenzado agradeciendo los apoyos recibidos durante las últimas dos semanas por parte de personas y entidades de numerosos países. También ha informado de que Gorripidea Kultur Elkartea ha abierto una cuenta, con el número 3035-0104-27-1040051014, donde se pueden realizar donativos para pagar la fianza de 15.000 euros impuesta por el juzgado y para financiar los gastos que origine la defensa, dado que la asociación se ha quedado sin recursos económicos.

A continuación, Mikel Isasi, socio nº 71 de Pannagh, ha explicado que estos mismos días se cumplen 50 años de la Convención de Estupefacientes de la ONU, principal cimiento de las actuales políticas prohibicionistas de drogas, cuyo fracaso viene siendo constatado por diversas instancias, entre ellas la propia Unión Europea, en su reciente informe Reuters-Trautman, donde se afirma que las actuales políticas de drogas causan más daño del que pretenden evitar.

Frente a ese fracaso, nuestra asociación intenta promover el modelo de los llamados Clubes Sociales de Cannabis, una propuesta de regulación del cannabis que estamos presentando con gran éxito en toda clase de foros. Isasi ha explicado que, durante los días que permaneció detenido, el presidente de Pannagh estaba invitado como ponente a una conferencia mundial sobre políticas de drogas en la Cámara de los Lores británica, ante una audiencia que incluía varios jefes y exjefes de estado, buena prueba de la proyección internacional de las actividades de nuestro movimiento social, algo que el juzgado de instrucción pretende pasar por alto presentándonos como traficantes.

Pedro Luis Gómez Barrondo, socio nº 120, se ha referido a la indefensión que nos han causado la operación policial y la posterior intervención judicial que, por la vía de las medidas cautelares, ha condenado a Pannagh a la muerte de facto antes siquiera de que exista prueba alguna de delito. Gómez se ha referido después a las ventajas de nuestro sistema de producción y distribución de cannabis en un circuito cerrado de personas adultas (el socio más joven tiene 23 años), sin ánimo de lucro, que nos permite evitar los riesgos del mercado negro y, de paso, crear puestos de trabajo y generar impuestos y cotizaciones. También ha explicado cómo accedió a Pannagh para obtener cannabis para tratar su fibromialgia y la gran ayuda que ha supuesto para él y otras personas socias la existencia de nuestro colectivo.

Al aspecto económico se ha referido José Antonio Tabernilla, socio nº 2 de Pannagh, que ha explicado que el hecho de que tuviéramos unos 108.000 euros en una cuenta a nombre de la asociación es la mejor prueba de que nadie se ha quedado el dinero, porque en tal caso estaría oculto y no en una libreta de “ahorro a la vista”. Por otra parte, si dividimos unos 100.000 euros entre unos 300 socios/as (somos 327) nos dan unos 300 euros por persona socia, una aportación muy por debajo de la que se realiza en multitud de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro fuera de toda sospecha. Tabernilla ha explicado que, en el momento de la clausura judicial, la asociación tenía 5 personas en plantilla y que en la cosecha de este año han participado unas 50 personas, lo que origina gran cantidad de gastos, a los que hay que sumar alquileres, teléfono, viajes, etc. Desde su fundación, Pannagh ha dado empleo directo a 13 personas con sus correspondientes contratos laborales y cotizaciones sociales.

En lo que va de año 2011, Pannagh ha pagado unos 12.000 € a la Seguridad Social y el ejercicio 2010 abonó unos 10.000 € en concepto de Impuesto de Sociedades, además de las declaraciones de IVA. De hecho, Pannagh cuenta con Certificación Positiva de la Hacienda Foral de Bizkaia, certificación que poseen muy pocas empresas y entidades de nuestro territorio y que significa, no solo que estamos al día de nuestras obligaciones fiscales, sino que en ningún momento de nuestra historia hemos dejado de estarlo. En otras palabras, contamos con la Q de calidad en materia tributaria, lo que da idea del rigor de nuestro trabajo.

Txelu Manrique, socio nº 675, ha explicado que el cese en el suministro de cannabis por parte de Pannagh le ha obligado a ingresar cuatro días en el hospital, donde los medicamentos que le han administrado no han logrado eliminar sus dolores y vómitos. Ha manisfestado que la marihuana incautada era de su propiedad y de la del resto de socios, que la necesita con urgencia por motivos de salud y ha pedido que nos sea devuelta, igual que ocurrió tras la anterior intervención policial de 2005, pero sin esperar dos años a que se estropee, como pasó entonces. También ha explicado que buena parte de la marihuana se usa para preparados terapéuticos, como tinturas, alcohol para friegas o tinturas, elaborados por los propios miembros de la asociación y que en muchos casos no se pueden consumir como droga, al ser de uso externo, y que la Policía Municipal se negó a incautarlos para no alterar la imagen de traficantes que pretenden dar de nosotros/as.

Jairo Pérez, socio nº 612, ha expuesto que él es socio de tipo recreativo y que entró en Pannagh a través de un amigo para evitar los riesgos del mercado negro, algo que le ha permitido conocer la calidad de lo que consume y que la intervención policial y posterior cierre le ha obligado, igual que otros muchos socios, a volver a comprar en el mercado negro, donde la falta de calidad es la nota dominante, además de que el dinero pasa a manos de redes mafiosas, con lo que la policía y el juez, en vez de debilitar el mercado negro, lo que están consiguiendo es potenciarlo.

A continuación, Martín Barriuso ha vuelto a intervenir para explicar la manera en que funciona el sistema de cultivo de Pannagh, mediante pequeñas parcelas alquiladas a jóvenes agricultores y agricultoras, miembros a su vez de Pannagh, que se señalizan con carteles y en los que se cultivan plantas que lleva la propia asociación. Estos agricultores, que usan técnicas ecológicas, se encargan del cuidado de las plantas, con participación de otras personas de la asociación, y con cobro mediante factura que incluye horas de trabajo y alquiler de instalaciones y equipos. Estos agricultores (agrupados en 12 explotaciones) obtienen así un ingreso complementario que les ayuda a sobrevivir en un momento especialmente duro para la agricultura. No es una venta, sino una colaboración donde se paga el trabajo realizado, y se pagan impuestos en todo el proceso, sin que nadie viva en exclusiva de ello.

La mayor parte del dinero bloqueado en la cuenta era para pagar el trabajo y alquileres de este año y ahora estas personas se quedarán sin cobrar.

A continuación, Barriuso ha explicado el operativo de la Policía Municipal, que ha calificado de ilegal, innecesario y desproporcionado. Ilegal porque, entre otras irregularidades, los policías accedieron al local mediante engaño y sin orden judicial. Innecesario porque lo que se ha conocido tras la chapucera investigación del grupo antidroga se habría podido lograr sencillamente mediante una citación para declarar y la petición de la documentación pertinente, ya que Pannagh paga todo a través del banco y tiene facturas y contratos de todo lo que hace. Y desproporcionado por la exagerada cantidad de medios desplegados. Baste como ejemplo que uno de los 10 días de vigilancia y seguimiento, hubo nada menos que 9 agentes y al menos cuatro vehículos dedicados en exclusiva a seguir a Barriuso, mientras que el martes 15 de noviembre a la mañana, por ejemplo, para cubrir los distritos de Zorroza, Rekalde e Indautxu solo había un coche patrulla con dos agentes.

Por otra parte, Barriuso ha denunciado que esta intervención desmedida se produce después de años en los que nuestras actividades han sido claramente consentidas. Ha habido multitud de ocasiones de detener nuestras actividades y no se ha hecho. Para empezar, Pannagh está inscrito en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco con unos estatutos en loa que se deja claro que uno de los fines de la asociación es la creación de un cultivo de cannabis para distribuir entre las personas socias y otro es la creación de un espacio privado para el consumo. En segundo lugar, hemos presentado denuncias por robo a la Ertzaintza en cinco ocasiones, en 2009, 2010 y 2011, y ha habido agentes en los cultivos y se han tomado muestras de las plantas. También se ha notificado el emplazamiento de varios cultivos por escrito a la propia Ertzaintza.

Además de lo anterior, Pannagh ha dado a conocer por diversas vías la naturaleza de sus actividades. Cabe destacar el reciente Foro Monográfico sobre cannabis organizado por el Ararteko, donde el presidente de Pannagh dio explicaciones detalladas en presencia del Fiscal Superior del País Vasco y los fiscales jefes de Gipuzkoa y Araba, lo que da idea de la ausencia de clandestinidad. De hecho, estábamos pendientes de una visita del Fiscal Superior al local de la asociación, donde iba a conocer nuestro funcionamiento de primera mano.

Barriuso también ha explicado que Pannagh funciona en la convicción de estar dentro de la ley y que hemos actuado de buena fe. Aparte de diversos informes jurídicos (entre ellos uno del Departamento de Interior del Gobierno Vasco) en los que se dice que nuestras actividades son legales, contamos con un antecedente judicial favorable. En efecto, en 2005 sufrimos una intervención similar de la Policía Local de Bilbao, que afirmaba entonces que se había incautado de 150 kg de cannabis –casi el doble que ahora- y, sin embargo, el caso se archivó por parte de la Audiencia Provincial y la marihuana fue devuelta. Además, Barriuso ya fue imputado en 1997 como presidente de la asociación Kalamudia, con unos 200 kg de marihuana, y el caso se archivó igualmente, con autorización expresa del juzgado para la cosecha.

El todavía presidente de Pannagh ha explicado que él no es el dueño de la asociación, sino un cargo electo destituible en cualquier momento y que debe obedecer los mandatos de la asamblea general. Al cerrar el local y prohibir las actividades, el juez está prejuzgando el caso y dando por sentado que esto no es un colectivo con vida asociativa, sino un negocio particular. De hecho, da la sensación de que nos cierran para impedir que nos defendamos.

Barriuso ha aclarado también que no se enriquece con el trabajo que realiza en Pannagh, tal y como reconoce la juez que ordenó su puesta en libertad bajo fianza, que afirma en su auto que no hay riesgo de fuga, dado que el imputado es funcionario en excedencia voluntaria del Ayuntamiento de Bilbao y no necesita trabajar en la asociación para sobrevivir y que el sueldo que cobra de esta y los bienes que posee (un coche de 14 años de antigüedad intervenido por el juzgado, una vivienda hipotecada desde hace 18 años y valorada en unos 100.000 euros, y una cuenta con 2.000 euros que tuvo que gastarse para pagar la fianza) “no hacen prever que tenga capacidad económica para abandonar España”.

También ha explicado que la forma de trabajar de Pannagh no es para nada la propia de unos traficantes: Se informa de lo que hacemos a todo el mundo –policía y fiscalías incluidas-, comunicamos a la policía dónde están los cultivos, guardamos el dinero en el banco, pagamos todo con tarjeta y factura, los trabajadores están dados de alta en la seguridad social, usamos un almacén de seguridad que pagamos con una cuenta de ahorro “a la vista”, y nuestra marihuana lleva un sello identificativo, que incluye nuestro número de registro. Es decir, damos todo tipo de facilidades para que nos localicen e intervengan. Por eso ha sido tan fácil para paralizar nuestras actividades. ¿Alguien se imagina a un narcotraficante poniendo fotocopias de su carné de identidad en cada paquete de droga?

La intervención judicial deja 5 personas en paro, y 327 socios, de ellos 157 con indicación terapéutica, desabastecidos. Barriuso ha expuesto también que su situación personal es lamentable: le han dejado sin trabajo, sin coche, sin dinero, sin teléfono ni agenda, sin ordenador, y hasta sin llaves de casa y sin la documentación de su madre. De hecho, considera que ha sido condenado sin juicio.

El presidente de Pannagh ha denunciado que la policía y los tribunales les han causado distintas formas de daño, y que se ha gastado una cantidad absurda de dinero público en perseguir a Pannagh, una asociación que realiza aportaciones positivas a la sociedad, entre ellas la creación de puestos de trabajo, el debilitamiento del mercado ilícito de drogas, la asistencia a pacientes que carecen de la atención debida y pago de impuestos y seguros sociales, tan importantes en tiempos de crisis. Ahora bien, se preguntaba Barriuso, ¿a quién hemos hecho daño, dónde están nuestras víctimas? También ha denunciado que se les haya dado tratamiento de asesinos por distribuir en privado y sin ánimo de lucro una planta medicinal.

Finalmente Barriuso ha manifestado estar orgulloso de su trabajo, de la asociación que preside y de la aportación que vienen realizando al necesario y siempre aplazado debate sobre políticas de drogas.

Plataforma de Personas Afectadas por el Cierre de Pannagh

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