El presidente de Colombia ha dicho ahora que la actual política represiva es "una bicicleta estática" que exige muchos esfuerzos, pero no avanza. Santos se ha atrevido a decir en Colombia y fuera de su país lo que muchos líderes en ejercicio piensan pero no dicen en voz alta: que la política de drogas ha fracasado y por tanto se requiere un cambio. Y ha sugerido la despenalización. A lo que Santos aún no se atreve es a dar el paso siguiente, es decir – y valiéndonos de la figura que él mismo utiliza – a ponerle ruedas a la bicicleta para echarla a andar. En vez de esto dice que prefiere que otros lo hagan con el argumento de que ese tipo de decisiones obedecen a acuerdos internacionales. 

Es cierto. Como también lo es que los acuerdos internacionales se originan en iniciativas de un país o un grupo de países. Ese país podría ser Colombia. Los golpes que ha sufrido el país por el narcotráfico y la inutilidad de las políticas para combatirlo le confieren a Colombia la suficiente autoridad para poner el tema sobre la mesa e invitar a otros países con situaciones similares, o países interesados en el cambio, a buscar alternativas.

A raíz de las primeras declaraciones de Santos a este respecto, diversos comentaristas y analistas de temas de drogas reaccionaron ofreciéndole al presidente algunas sugerencias de medidas posibles de llevar a la práctica desde su Gobierno. Hubo también algunas voces críticas que prefirieron ver la postura de Santos como una movida política para ganar imagen entre sectores progresistas sin necesidad de comprometerse a actuar en consecuencia con lo expresado. Y aunque en el mundo de la política nada está excluido, preferimos destacar los análisis y sugerencias positivos, los que parten de que, independientemente de que el presidente lo diga o no de manera honesta –en principio no hay razón para creer que no es así- lo importante es haberlo dicho. Y sobre esta base, los analistas lanzaron una serie de recomendaciones.

Rodrigo Uprimny le recomienda a Santos dar los pasos necesarios para que en los próximos años Colombia logre incluir en la agenda mundial una reformulación efectiva de la actual política internacional de prohibición absoluta. Si bien el Gobierno de Santos no puede optar por estas políticas unilateralmente, sí podría liderar la discusión nacional e internacional del tema. Para avanzar en este sentido, el Gobierno podría comenzar ya a dar algunos pasos en el nivel doméstico y regional.

En primer lugar, promover una reformulación de la política interior frente a las drogas. “El proyecto de nuevo estatuto contra las drogas, que hizo público hace algunos meses el ministro del Interior, debería entonces ser debatido y rediseñado profundamente. Su versión inicial resulta problemática, pues mantiene el más clásico esquema de la guerra a las drogas”. Segundo, crear una comisión académica [hay suficientes y excelentes expertos en el país que podrían conformar esta comisión] encargada de hacer recomendaciones para una política razonable y humana frente a las drogas. Tercero, trabajar en asocio con otros mandatarios latinoamericanos susceptibles de compartir estas posiciones (que los hay) para presionar en la comunidad internacional la reformulación de la guerra a las drogas.

También Francisco Thoumi le hace a Santos una serie de propuestas a las que el Gobierno no debería prestar oídos sordos. Thoumi propone que Colombia se sacuda la camisa de fuerza institucional que mantiene el status quo internacional que es lo que no deja avanzar hacia políticas más eficaces e inteligentes. “Hasta ahora Colombia ha aceptado pasivamente la camisa de fuerza que constituyen las tres convenciones internacionales sobre drogas psicoactivas y las políticas prohibicionistas de muchos países, principalmente las de Estados Unidos. La coyuntura actual ofrece la posibilidad de que Colombia asuma una posición proactiva en lugar de la pasiva tradicional”.

Thoumi es un conocedor de vieja data sobre cómo funcionan las agencias de drogas de la ONU, lo que le da autoridad para afirmar que “las agencias que conforman el Régimen Internacional de Control de Drogas de la ONU tienen un sesgo profundamente prohibicionista y con frecuencias sus propias metas están por encima de las convenciones sobre derechos humanos o sobre protección del medio ambiente”.

La reforma del régimen de control de drogas de la ONU debería ser una meta real del Gobierno colombiano, pero para ello se necesita “tener un centro de discusión y acción dentro del gobierno”, en el que participen expertos de diferentes disciplinas y con diferentes enfoques y que cubra todos los temas asociados con las drogas.

Por otro lado, como señala Thoumi, quien se ha dedicado durante décadas a investigar sobre drogas y criminalidad, el problema de las drogas hoy día no es el mismo que era a comienzos de la década del sesenta cuando se fijó la Convención Única sobre Estupefacientes (1961). “El punto es que las drogas son cada vez menos importantes en la lucha contra el crimen y éste tiene cada vez más formas de socavar la gobernabilidad y la estabilidad de los Estados parte de las convenciones. […] el problema fundamental es el poder de las organizaciones criminales que afectan la gobernabilidad y estabilidad de los Estados y cada vez menos las drogas mismas”.

No obstante, las actuales políticas de drogas no toman esto en cuenta debido a que cuando fueron diseñadas, las otras actividades criminales no se veían como amenazas. De modo que aunque el mundo ha cambiado, aún “se insiste en aplicar políticas diseñadas para una situación del pasado muy distinta de la actual”. “Por eso, muchas de las políticas prohibicionistas contribuyen paradójicamente a fortalecer la criminalidad y a socavar la gobernabilidad de los Estados. Por ejemplo, las grandes ganancias generadas por el prohibicionismo terminan financiando movimientos subversivos, contra-subversivos y otras organizaciones criminales, que corrompen los sistemas políticos. En países como Colombia, México y en Centroamérica facilitan que grupos criminales controlen muchos pueblos, ciudades enteras y territorios aun más grandes”. Teniendo en cuenta esta realidad, Thoumi propone también que un grupo de gobiernos lideren un movimiento para subordinar las políticas de drogas a la necesidad de mejorar los niveles de gobernabilidad en los países.    

En este mismo sentido, el escritor mexicano Carlos Fuentes, otro opositor explícito de la guerra a las drogas, ha dicho recientemente, “… estamos ante un problema global y no se puede arreglar de un plumazo. Debe haber una consonancia mundial para que lo que hace un país tenga resonancia en otro y de esa forma se vaya legalizando el tráfico de drogas”.

Juan Manuel Santos, como presidente activo, bien podría liderar iniciativas como las propuestas por los mencionados analistas y otros sin temor a que los ‘crucifiquen’ ni a que sospechen que se ha aliado con el narco. Santos se lo podría permitir dada su reputación internacional, y al reconocimiento que ha recibido por los esfuerzos que viene emprendiendo desde comienzos de su administración dentro del país con su política agraria, la restitución de tierras, el reconocimiento a las víctimas de las décadas de conflicto, etc.

Decirlo en voz alta ha sido un primer paso importante, pero el Gobierno colombiano no debería llegar hasta ahí. Ponerle ruedas a la bici sería un gesto que contaría con una simpatía, en medio nacionales e internacionales, cada vez más grande. Después de todo, la promoción del debate a nivel de los Gobiernos y de los Estados miembros en el ámbito de la ONU no es nada del otro mundo.