En los últimos 30 años, América Latina aparece contradictoria frente a las drogas. Una propuesta como la liderada por Juan Manuel Santos y secundada por Felipe Calderón y Otto Pérez Molina, ha recibido el apoyo hemisférico para conducir un estudio sobre alternativas. A pesar de ser el escenario más duro de esta “guerra” y donde Colombia y México parecen ser los casos más agudos y violentos, surge sin embargo, la iniciativa de revisión.

Las historias que arrastramos de los carteles dela droga en los Andes y ahora en el istmo centroamericano, las 50,000 muertes de la guerra en México, el papel jugado por Vladimiro Montesinos en el Perú de Fujimori, son todos capítulos distintos de una misma historia. En Europa, Portugal, Holanda, son capaces de responder con evidencia; 17 estados de la Unión americana permiten el uso médico del cannabis.

Es verdad que en los últimos años se han producido cambios positivos que ayudan en la voluntad de revisión. El propio presidente Santos lo explicó: “Creo que es legítimo tener una discusión sobre el tema”.

Hay varios ejemplos. La forma como la reducción del daño es aplicada en el Cono Sur, para casos de usuarios crónicos. Tuvimos el caso del indulto ecuatoriano (julio, 2008), o el caso más reciente en Chile y que beneficiará a 6,000 internos. La experiencia de las Unidades de Policía Pacificadora en las favelas de Río de Janeiro. También tenemos la iniciativa boliviana de salir para retornar con reservas a la Convención de 1961 por el caso de la prohibición del acullicu de coca. Ejemplos de buenas prácticas y pragmáticas.

El problema más crítico del prohibicionismo, es que a pesar de las enormes cifras gastadas (US$ 25,600 millones el 2012, en EE.UU) no ataca –y mucho menos resuelve- las causas profundas y las asimetrías, que permiten el funcionamiento de este mercado ilegal. Por ejemplo, la pobreza rural y la ausencia de las instituciones democráticas, donde aparece la materia prima y los primeros eslabones ilícitos. Un ejemplo de las groseras magnitudes inherentes al problema: cada año se producen 1,100 tm de cocaína, las policías capturan 700 tm, con lo que 500 tm ingresan al mercado internacional (157 en EE.UU, 120 en Europa Occidental) para ser consumidos por 16/19 millones de usuarios.

Dada la enorme asimetría entre precios de chacra y el precio final (US$ 1,200 versus US$ 50,000 por kilo), siempre habrá un margen grosero de ganancia. El mismo tipo de síndromes observamos con la erradicación de cultivos, la extradición de personas, la lista de delitos y penas severas asociados al tráfico, o el cumplimiento de las obligaciones internacionales sobre lucha antidrogas. En el campo, el narcotráfico responde con el “efecto globo”, sobre la extensión y productividad de los cultivos; en la justicia, la condena a los capos en EE.UU se muestra también como una debilidad de los sistemas de justicia; el hacinamiento carcelario es un grave problema común en toda la región y gran parte por delitos de drogas; por último, debemos destacar la funcionalidad del concepto de “guerra”, para otros fines geopolíticos.

¿Quién y cómo lo hace?

Para los que trabajamos el tema, sabemos de las serias limitaciones que tiene la OEA para revisar lo hecho y explorar las alternativas. La Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD), es la entidad que ha trabajado el tema y su gran limitante es que tiene una fuerte dependencia a las políticas vigentes, hoy predominantes. Algo similar se puede pensar de la Comisión de Seguridad Multidimensional, que podría ser la otra alternativa.

Una posibilidad, es conducir un debate cerrado en los estrechos corredores de las oficinas inter americanas, o encargarle a un grupo de expertos de la región. Se puede tomar en cuenta los Informes Nacionales por país, los Informes Mundiales sobre Drogas (UNODC), los informes periódicos del Departamento de Estado norteamericano. La propia Casa Blanca decía ahora último: “décadas de estudios científicos demuestran que la adicción a las drogas no es un fallo moral de los individuos, sino una enfermedad mental que puede prevenirse y tratarse".

De allí la importancia del proceso de acopio, y sistematización de la información. La otra posibilidad, más abierta y democrática, es permitir que las principales Universidades, Colegios Profesionales y centros de investigación, tengan una fase abierta para conducir, promover y mostrar un elenco de bibliografía y análisis científico sobre los aspectos sanitarios, psicológicos, de desarrollo rural, sobre seguridad y orden público, jurídicos, DD.HH, relaciones internacionales.

Ricardo Soberón es abogado, experto en drogas. Expresidente Ejecutivo DEVIDA (2011/2012). Este blog fue publicado originalmente en El Espectador (Colombia), el 8 de mayo, 2012