El pasado 19 de junio, la asociación Ganjazz Art Club de Donostia, uno de los clubes sociales de cannabis más veteranos del estado español, recibió una visita que nadie habría imaginado hace unos años. Se trataba de un grupo de miembros del Parlamento Vasco en misión oficial. Su objetivo era conocer el funcionamiento de una de estas asociaciones de personas usuarias de cannabis que han proliferado en los últimos años.

El grupo estaba formado por miembros de la ponencia del parlamento autónomo que estudia desde el pasado 24 de abril la posible regulación de las actividades de los clubes cannábicos y contaba con representantes de los cuatro principales partidos de la cámara (PNV, PSE, PP y Aralar). Además de visitar la sede social de Ganjazz y conocer cómo se realiza el reparto de los derivados cannábicos entre los socios, la delegación recorrió también una de las instalaciones donde se cultiva la marihuana.

Hubo bromas y sus señorías acabaron haciéndose la foto con unas plantas de cannabis a sus espaldas, todo ello en un ambiente de total normalidad, reflejo de la sorprendente unanimidad con la que se aprobó en la cámara regional la creación de la ponencia. En efecto, en las pocas ocasiones en que el debate llega a la agenda política, el cannabis y su posible legalización suelen ser objeto de polémicas tan encendidas como inconcretas, algo que no ha sucedido en este caso.

Quince años de debate social

Para llegar a este resultado, han hecho falta quince años de una mezcla de lobby político y movimiento social de calle. La primera vez que el movimiento cannábico acudió al Parlamento Vasco fue en 1997, a través de una delegación de la asociación Kalamudia, que acababa de llevar a cabo con éxito su primera plantación colectiva y pública de cannabis. La asociación reclamó una mayor concreción en la legislación, que consideraba ambigua, para que se pudieran llevar a cabo actividades de cultivo individual y colectivo dirigidas al consumo personal, algo teóricamente despenalizado en España.

En aquella primera comparecencia no se llegó a nada concreto. Los miembros de la Comisión de Drogodependencias confesaron sentirse sorprendidos por la seriedad de los planteamientos del aún incipiente movimiento cannábico (tal vez porque esperaban un grupo de majaras), pero las reclamaciones de los antiprohibicionistas aún eran inconcretas y el debate estaba verde. Kalamudia llevó a cabo otras dos plantaciones públicas de marihuana y, visto que no hubo reacción oficial, acabó por disgregarse en 2001, dando lugar a asociaciones de ámbito local que empezaron a cultivar para sus miembros en un formato que acabaría convirtiéndose en el modelo de los Clubes Sociales de Cannabis.

Durante la década siguiente, los primeros clubes vascos (en realidad, los primeros en funcionar en toda España) fueron tomando forma y resolviendo las mil cuestiones prácticas que se les iban planteando, entre ellas la inseguridad provocada por la falta de regulación, traducida en intervenciones policiales recurrentes. Para hacernos una idea, cuando se creó en 2011 EUSFAC, la sección vasca de la FAC, de las diez asociaciones fundadoras, nueve habían sufrido una o más intervenciones judiciales desde su fundación.

	Martín Barriuso, a la izquierda, y miembros de Pannagh muestran la marihuana devolvida / P. URRESTI

Durante el proceso de crecimiento y profesionalización de las asociaciones hubo que afinar los sistemas de control de la producción y distribución, y se acabó generando un diálogo informal a múltiples bandas, donde participaron desde policías deseosos de tener criterios claros para su trabajo, hasta municipios que veían con buenos ojos las actividades de los CSC como alternativa al mercado negro, incluyendo una larga lista de entidades e instituciones. También hubo un importante debate en los medios de comunicación, especialmente tras la primera intervención contra la asociación Pannagh, entre 2005 y 2007, cuando por primera vez se devolvió a su propietario, en este caso un club cannábico, la marihuana incautada con anterioridad.

Un modelo de fiscalización pública

El resultado fue que la siguiente visita del movimiento cannábico al Parlamento Vasco, en noviembre de 2010, fue mucho más concreta y provechosa. Casi quince años de cultivos colectivos, campañas mediáticas y resoluciones judiciales favorables dieron sus frutos, de forma que los clubes cannábicos ya sabían qué pedir y a los grupos parlamentarios el debate ya no les pillaba de sorpresa.

Las peticiones fueron muy concretas: Creación de un apartado en el Registro de Asociaciones para este tipo de clubes, con mecanismos de control económico que garanticen la ausencia de lucro; inspecciones por parte de las autoridades (policiales, sanitarias o agrarias) para controlar el volumen y destino de los cultivos; y autorizaciones para el transporte controlado desde las plantaciones a los puntos de distribución. En resumen, una mezcla de instrumentos de verificación que ya se usan para el control de actividades como la venta de objetos de segunda mano o el transporte de mercancías peligrosas.

Desde luego, entre las peticiones realizadas al parlamento, se echan de menos las relativas al consumo y cultivo individual, pero ello es debido a la falta de competencias de un parlamento autonómico para tratar tales cuestiones. La fiscalización de las drogas ilícitas es competencia del gobierno central, que es quien puede modificar el Código Penal o la Ley de Estupefacientes. Sin embargo, dado que el Gobierno Vasco tiene un cuerpo de policía bajo su mando, la Ertzaintza, con competencias en la lucha contra el narcotráfico, lo que sí puede hacer es crear una regulación propia para desarrollar determinados aspectos de la ley estatal.

En este sentido, el Parlamento Vasco, en el texto de la proposición de ley que dio lugar a la creación de la ponencia, reconocía textualmente que “la ausencia de una regulación de su actividad hace que esas asociaciones se muevan en la alegalidad y carezcan de seguridad jurídica, una situación que es necesario corregir”. De forma que lo que se pretende es aclarar aquellas cuestiones de la legislación que causan dificultades a los encargados de aplicarla en Euskadi.

Contradicciones en evidencia

Sin embargo, la comparecencia de 2010 no bastó por sí sola para lograr que el parlamento moviera ficha. Para ello fue determinante la convocatoria por parte del Ararteko, el defensor del pueblo vasco, de un foro para debatir sobre esta cuestión . El foro tuvo lugar en octubre de 2011 y a él acudieron diversas instituciones, como las fiscalías, policía autónoma, policías locales, Gobierno Vasco, jueces, etc., además de varios académicos y una representación de las propias asociaciones. La mayor parte de la reunión fue a puerta cerrada, lo que permitió profundizar en el debate hasta llegar a abordar aspectos muy sensibles de la cuestión.

Otro elemento clave parece haber sido la operación policial contra la asociación Pannagh en noviembre 2011, en la que fueron detenidas tres personas, entre ellas el autor de estas líneas, apenas tres semanas después de la celebración del Foro. La asociación fue clausurada, sus cuentas bloqueadas, y sus casi trescientos miembros tuvieron que volver al mercado negro. Como el que suscribe acababa de ser el portavoz de las asociaciones en el citado foro, y dado que en mi intervención se hablaba expresamente del riesgo de que ocurriera algo así, la noticia de la detención acabó de despejar las dudas de algunos grupos políticos y a los pocos días se presentaba la iniciativa para crear la ponencia.

	El ararteko, Iñigo Lamarca, avala que se regulen las asociaciones de consumo de cannabis.

La comisión ya ha escuchado a los primeros comparecientes de una larga lista con unas 60 personas, entre las que hay representantes de instituciones locales, estatales y europeas, fiscales, jueces y diversos expertos del ámbito jurídico y médico, además de las propias asociaciones. Sin duda, el debate será exhaustivo, pero también existe el riesgo de dispersión y de que se acabe debatiendo del cannabis en general y no de la cuestión concreta de los clubes.

Sin duda, esta iniciativa encontrará resistencias en diversas instancias. De momento, el Fiscal Jefe Anti Droga, José Ramón Noreña, ya hizo unas declaraciones en las que dejaba claro que en su opinión no existe vacío legal alguno, que las asociaciones se financian con el narcotráfico, y que el parlamento Vasco no es competente en esta materia. Queda por ver la reacción del gobierno de Rajoy, pero el hecho de que la ponencia vasca esté presidida por un destacado miembro de su partido hace concebir esperanzas de que se deje un cierto margen para encontrar alguna fórmula de regulación que resulte aceptable para convencer a los sectores más prohibicionistas, que hoy por hoy son mayoría en el PP. De hecho, no es descartable la posibilidad de una involución, traducida en una regulación más clara, pero más prohibicionista.

Un modelo más para un debate inaplazable

La iniciativa ha tenido un gran eco mediático dentro y fuera del País Vasco, y ha generado un importante debate. Algunos responsables en materia de drogas en varias comunidades autónomas ya han expresado su rotundo rechazo a la posibilidad de regular los clubes cannábicos, pero en otras ha habido movimientos, como en Cataluña, donde parece que, en el momento de escribir estas líneas, los partidos podrían haber alcanzado ya un acuerdo para llevar a cabo allí un debate similar. También ha habido muestras de interés por el debate desde la Comisión Europea y la ONU.

Aunque todavía es pronto para saber si la ponencia tendrá algún resultado concreto, más ahora que el Gobierno Vasco ha quedado en minoría y se habla insistentemente de elecciones anticipadas, es indudable que la polémica que se ha generado irá más allá de la misma. Ahora que el debate sobre la prohibición de las drogas está candente, y con otra iniciativa de regulación ya en marcha en Uruguay , hay sobre la mesa tres posibles modelos de regulación: El comercial, similar al de los coffee-shops; el estatal, promovido por el gobierno uruguayo; y el asociativo, que se debate en Euskadi. Ya no se puede hablar de falta de alternativas concretas. En breve podríamos tener ocasión de comparar las ventajas y desventajas de tres modelos legales que no pasan por la prohibición y la represión. No está mal para empezar.

Martín Barriuso Alonso es representante de la Federación de Asociaciones de Personas Usuarias de Cannabis (FAC) y el autor del informe Los Clubes Sociales de Cannabis en España - Una alternativa normalizadora en marcha, Serie reforma legislativa en materia de drogas no. 9, enero de 2011.