Precisiones sobre drogas y derecho
Cuatro modelos de regulación jurídica de las sustancias sicoactivas
La polémica desatada por la propuesta del Ministerio de Justicia de establecer una dosis personal para las drogas sintéticas (semejante a la que existe para la marihuana o la cocaína) ha estado llena de equívocos conceptuales. Es bueno entonces hacer algunas precisiones a fin de tener una discusión más sensata sobre este tema, que es difícil y divisivo.
Primero, encontramos la prohibición extrema o “guerra a las drogas”, liderada por Estados Unidos, que se caracteriza por una penalización severa no sólo del tráfico de ciertas drogas (como la cocaína) sino también de su consumo, con la idea de erradicar totalmente su uso.
Segundo, encontramos la política de “reducción del daño”, que ha tenido desarrollos exitosos en Europa, que mantiene la penalización del tráfico de drogas, pero priva el consumo de esas sustancias de sanción penal (esto es, despenaliza su uso) o al menos de sanción privativa de la libertad (esto es, desprisionaliza el tema).
Esta estrategia está inspirada en criterios de salud pública y no pretende erradicar todo consumo, pues lo considera un objetivo irrealizable; su propósito es reducir los daños que ocasionan las drogas, pero también los daños que pueden provocar las propias políticas de control del consumo. Y por ello despenalizan el consumo, para evitar la marginalización de los consumidores, pues ésta agrava sus problemas de salud.
Tercero, encontramos las políticas de “legalización regulada” o “regularización”, que es el modelo actual frente al alcohol o el tabaco. No hay un mercado libre; esas sustancias son consideradas riesgosas para la salud y están entonces sometidas a regulaciones estrictas, como la prohibición de publicidad o de venta a menores. Pero existe una oferta legal de las sustancias, no sólo porque se reconoce el derecho de las personas adultas a consumirlas, sino también para evitar la existencia de mafias violentas que controlen su producción y distribución. Es pues un mercado legal pero controlado y desestimulado por el Estado.
Finalmente encontramos el modelo de “liberalización”, que caracterizaba el mercado de tabaco hasta hace pocos años, en donde esas sustancias son tratadas como cualquier mercancía.
La propuesta del Ministerio no legaliza ni liberaliza el mercado de las drogas sintéticas, pues simplemente aclara que su consumo no está penalizado. Es pues una estrategia de reducción del daño y un paso en la dirección correcta, pues la experiencia europea ha mostrado que la despenalización del consumo, acompañada obviamente de programas de prevención del abuso de drogas y de tratamiento de los dependientes, no aumenta el consumo y tiene mejores resultados en salud pública que mandar a la cárcel a los consumidores.
Rodrigo Uprimny es Director de DeJusticia y profesor de la Universidad Nacional. Este opinión fue publicado origenalmente por El Espectador.
