En los últimos 30 años, la geopolítica mundial del narcotráfico referido a la cocaína, tuvo en los tres países andinos, Bolivia, Colombia y Perú, a los tres principales productores de la materia prima y del producto final, sea la pasta base o el clorhidrato de cocaína. Así fue dividido el mundo de las drogas de origen natural, por los principales analistas y esto fue replicado en instrumentos jurídicos y documentos políticos de distinta naturaleza, llámese convenios, tratados, Estrategias y Programas.

En algunas oportunidades, los países andinos nos fuimos turnando en “liderar” la lista de principales productores de hoja de coca, según se aplicasen las políticas públicas impulsadas desde el Departamento de Estado norteamericano, las agencias de la ONU/OEA, y otros organismos internacionales: trátese de la Iniciativa Andina anti narcóticos, el plan Dignidad en Bolivia, la ruptura del puente aéreo en la región andina, el Plan Colombia, o, la Iniciativa Mérida en México. En todos los casos mencionados, fuimos condenados como países productores de la materia prima, des certificados en nuestro comportamiento estatal y acusados nuestros gobiernos por diversos casos de corrupción estatal, por violencia social, conflicto armado, o, simple ineficiencia gubernamental.

La constante en este periodo, fue que las rutas de tráfico internacional estuvieron principalmente dirigidas a suministrar la droga hacia los mercados internacionales, principalmente EE.UU. y solo recientemente, los de Europa Occidental, con los intermedios en África Occidental. Así, fue mal entendido el principio de responsabilidad compartida, pues no entendió la comunidad internacional un principio básico de la economía: la demanda de un bien genera la oferta. Sin embargo, esto parece ir cambiando en los últimos años y meses, por lo menos en lo que se refiere a la geopolítica del narcotráfico en América del Sur.

Todos los indicadores parecen indicar que el mercado internacional del clorhidrato de cocaína se está estabilizando en el Norte desarrollado, mientras que el mercado de la pasta básica de cocaína, el ”crack” o el ”bazuco” y otros sucedáneos de la cocaína, parecen irse convirtiendo en la droga de los pobres marginados de la globalización y el crecimiento económico neo liberal, generándose nuevos mercados en las principales ciudades del Sur, llámese el Gran Buenos Aires, Rio de Janeiro o Sao Paulo.

Según los diversos Informes internacionales tales como el de la Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE), los de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), el de la CICAD/OEA, o el U.S. International Matters Report, los países andinos y los del Cono Sur, parecen estar conformando un nuevo perímetro de un extenso y bien definido corredor geográfico que cruza desde las selvas peruanas del VRAEM (Valle del Rio Apurimac Ene) y el Valle de Pichis Palcazu (región de Pasco), pasando por los altiplanos y valles interandinos bolivianos (desde Beni, Pando, Santa Cruz), hasta llegar a las llanuras y extensiones de las principales ciudades brasileñas en donde convergen las distintas favelas, en donde el comercio y consumo de pasta base se constituyen en un verdadero problema de salud pública. Según los referidos documentos, el Brasil ya se ha convertido en uno de los principales demandantes de este sub producto de la coca, y debido a su creciente desarrollo económico (la quinta economía del mundo desde el gobierno de Lula, el 2003), su población ha aumentado su capacidad adquisitiva y por consiguiente, su gasto personal.

En el CIDDH (www.ciddh.com) [1], hemos evidenciado en los últimos meses, el crecimiento de los migrantes peruanos que son objeto de detención policial en las diversas estaciones policiales peruanas, bolivianas y brasileras por donde actualmente fluye el paso de droga en pequeñas cantidades. Este sector poblacional compuesto por jóvenes estudiantes o desempleados ávidos por migrar, es reclutado para llevar medianas porciones de droga dentro o fuera de sus cuerpos, hasta los mercados finales. En ocasiones, la droga cruza el territorio boliviano en su calidad de pasta base; en otras, es cristalizada en los laboratorios existentes en nuestros territorios, para ser re exportada una vez llega a Brasil.

En los últimos meses, hemos tenido oportunidad de compartir estas apreciaciones y análisis con los Embajadores de Brasil en nuestros dos países, sugiriendo la necesidad de diseñar, elaborar y poner en funcionamiento, un observatorio tri nacional sobre los principales indicadores socio económicos, de modo de poder prevenir el crecimiento de estos flujos delictivos. Hicimos esto con la seguridad que es preferible la construcción de modelos preventivos de seguimiento de economías y flujos económicos ilícitos (contrabando, oro, armas, drogas), antes que unilaterales procesos de militarización e interdicción indiscriminada en la frontera. Lamentablemente, hasta el momento, la respuesta oficial brasilera parece estar dirigida a la construcción de un muro interdictivo lo largo de las extensas fronteras con Bolivia y Perú, y estamos convencidos que esa es una respuesta necesaria, pero absolutamente insuficiente si no va a seguida de otros componentes requeridos para entender los flujos migratorios, las variaciones ambientales, entre otras variables.

El corredor geográfico en mención, se ve complejizado porque a través de su territorio fluyen diversos tráficos, lícitos e ilícitos, en territorio donde lamentablemente la autoridad de nuestros Estados es aún muy débil y escasa. Estos comercios fluyen desde armas, insumos químicos, pertrechos militares, drogas, dinero, bienes de contrabando, y, oro ilegal, hasta las distintas formas de trata de personas, prostitución y semi esclavitud, de personas provenientes de nuestras regiones alto andinas más alejadas del desarrollo y del crecimiento económico. Lo que menos preocupa a estas estructuras organizadas, es la presencia de un grueso tejido de población susceptible de caer en las estructuras de transporte hormiga de estos “bienes”; de ser así, la simple respuesta penal no hace sino incrementar la saturación y el hacinamiento en nuestros tribunales y cárceles.

El tratamiento de un problema social y económico tan complejo, resulta de trascendental importancia para el devenir de la política exterior de nuestros tres países, individual o colectivamente. Solamente pongamos en atención, un posible escenario futuro en el que la comunidad internacional, Europa o EE.UU. podrían acusar a nuestros países por ser los impulsores de una nueva dinámica regional de narcotráfico, y por tanto, muestre la incapacidad de controlar sus territorios y fronteras amazónicas.

Los recientes acontecimientos ocurridos en Apolo, deben permitir poner una llamada de atención sobre las principales preocupaciones que acompañan la problemática de los cultivos con fines ilícitos en zonas de frontera, los limites de una respuesta esencialmente policial y la necesidad de construir mejores herramientas para la prevención y el tratamiento de estos problemas con una cooperación horizontal y más efectiva. De no hacerlo, en un futuro podremos ayudar a configurar en América Latina y en América del Sur una región propia de los “Estados fallidos”, cuestión que puede terminar afectando nuestras propias soberanías nacionales.

*    Abogado peruano, experto en Políticas de Seguridad, Drogas y Fronteras. Ex Presidente de DEVIDA, 2011, entidad rectora en materia de política de drogas en el Perú.

1    En el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, ONG peruana dedicada al seguimiento y análisis de políticas públicas sobre drogas, hemos construido la hipótesis sobre la naturaleza y características especificas de este inmenso corredor geográfico.