La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha condenado recientemente el uso de la pena de muerte por delitos relacionados con drogas. Hace tiempo estábamos esperando que la JIFE diera este paso. La pregunta ahora es si las consideraciones de derechos humanos de la JIFE se van a extender a todo el régimen de control de drogas de la ONU.

En palabras de Raymond Yans, presidente de la JIFE: “… teniendo en cuenta los convenios internacionales pertinentes sobre derechos humanos…, alentamos a los Estados… que aún contemplan la pena de muerte por delitos relacionados con drogas en su legislación nacional y la practican, a considerar la abolición de la pena de muerte por delitos relacionados con drogas”.

Hasta ahora, la JIFE se había negado categóricamente a tomar una posición, no sólo sobre la pena de muerte, sino también sobre cualquier violación de derechos humanos, con el argumento de que las sanciones penales son de la “competencia exclusiva” de los Estados. Hace dos años, el entonces presidente de la JIFE, presionado sobre la cuestión de la pena de muerte, dijo que esas cuestiones no hacen parte del mandato de la JIFE ya que los tratados de drogas no especifican cuáles sanciones son aceptables y cuáles no. Como señalara entonces un conocido experto en temas de reducción de daños, “Antes de hoy la única sala de inyección supervisada que la JIFE no tenía interés en condenar era la sala de ejecución con inyección letal”.

Yans también dejó en claro que esta postura en contra de la pena capital por delitos de drogas no era sólo su propia opinión sino la nueva posición que la JIFE acordó en su último período de sesiones de febrero. Yans señaló igualmente que el único lugar en las convenciones internacionales de derechos humanos en el que se mencionan las drogas es el artículo 33 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que busca proteger a los niños contra el uso ilícito de drogas. Y aprovechó para citar este artículo con el fin de criticar la creación de los regímenes regulatorios de cannabis en Estados Unidos y Uruguay, según él, no sólo porque “contravienen el texto, el objetivo y el espíritu de los tratados”, sino también porque “tendrían un impacto mayor en la salud de su población, especialmente de los jóvenes”.

En el caso del Uruguay, Yans dijo que el diálogo sobre la regulación del cannabis había sido “difícil” y que esperaba ir pronto a Montevideo para “explicarles mejor los convenios” a las autoridades uruguayas. En el prólogo del último informe de la JIFE, Yans dice que tales políticas son “equivocadas”, luego acusa a Uruguay de tener una “actitud pirata” y pide a Washington y Colorado “dejarse de tonterías”. Aun así, una cosa es destacar la tensión legal con los tratados, para lo cual la JIFE tiene un mandato, y otra es especular sin evidencias sobre las consecuencias sanitarias y sociales, y acusar a un Gobierno de descuidar el bienestar de su pueblo.

¿Qué puede hacer el presidente de la JIFE para detener la tendencia hacia la regulación del cannabis? En tanto que organismo de supervisión, la JIFE presenta al Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) un informe sobre lo que pasa en los países, y si la conclusión es que existe una grave amenaza para el funcionamiento del sistema de control internacional, el ECOSOC podría decidir imponer sanciones al comercio de sustancias controladas. Para un país como Uruguay las sanciones podrían significar que se dificulte el acceso a analgésicos esenciales, aunque este tipo de sanciones no se han aplicado nunca y serían muy controvertidas.

Cuando se le preguntó si es el momento de revisar el régimen de tratados y si la Convención de 1961 era anticuada, Yans respondió: “Es posible, pero eso es responsabilidad de los Estados, no de la JIFE. Nosotros recibimos el mandato de supervisar el cumplimiento de los tratados tal como son ahora”. Y añadió: “Si los países piensan que las disposiciones del tratado son muy estrictas tienen la libertad de cambiarlas, pero la gran mayoría de los países no está dispuesta a reformar los convenios”.

A pesar de que es tema de “competencia de los Estados”, la JIFE ha condenado el uso de la pena de muerte por delitos de drogas. ¿Se atreverá ahora la JIFE a extender a todo el régimen de control de drogas de la ONU las consideraciones de derechos humanos?