Especialistas provenientes de Estados Unidos, México, Perú y Holanda coincidieron en criticar las políticas prohibicionistas. Acordaron en que es fundamental “que cambie la interpretación de los operadores policiales, judiciales y sanitarios”

Buenos Aires | La llamada “guerra contra las drogas” fue implementada desde 1988 en todo el mundo y su continuidad acaba de ser extendida por diez años por las Naciones Unidas. Sobre su fracaso, las violaciones a los derechos humanos que genera y las nuevas posibilidades de cambiar esta política discurrieron en Buenos Aires cuatro especialistas provenientes de Estados Unidos, México, Perú y Holanda. La cita fue en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y se habló sobre situaciones legales y sociales en Latinoamérica, Europa y en Estados Unidos. Los especialistas coincidieron en criticar el prohibicionismo vigente. Entre ellos, la saliente diputada mexicana Elsa Conde fue la más terminante: “¿Cómo alguien cree que se puede acabar con un problema de salud pública utilizando las armas?”, preguntó, sin esperar respuestas.

La charla estuvo coordinada por Horacio Cattani, juez de la Cámara Federal porteña e integrante del Comité Asesor sobre drogas del Gobierno Nacional, y organizada por la asociación Intercambios, cuya presidenta, Graciela Touzé, resaltó “lo candente” del tema, luego del fallo de la Corte Suprema de la Nación a favor de despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal. El público del auditorio fue mayoritariamente académico (sociólogos, sanitaristas e integrantes de ONG) y estuvo mechado por algunos alumnos.

La primera en exponer fue la holandesa Pien Metaal, del Transnational Institute, quien hizo un recorrido por las diferentes posturas dentro de su continente, al que definió como “el más progresista” en políticas de drogas. “Después de la convención de la ONU de 1988, se obligó a todos los países a criminalizar la sustancia, pero no se definió el consumo como delito. Claro, es imposible consumir sin tener la sustancia, por lo que el consumidor está en un limbo. En Europa tratamos de hacer un balance entre el castigo y el tratamiento de las adicciones”, advirtió la especialista. Francia, Islandia, Grecia y Bélgica penalizan la tenencia para consumo personal con penas de seis meses a un año, dijo Metaal. Sin embargo, la tendencia del resto de los países es imponer “penas administrativas” o alternativas como multas, la quita de la licencia para conducir o un tratamiento médico en caso de dependencia a determinada sustancia. “Lo que aún no queda claro en muchas legislaciones es la diferencia entre el usuario y el adicto”, remarcó.

Metaal no habló de Holanda para mostrar los beneficios de la despenalización de la tenencia para uso personal, sino de Portugal. “Solucionó los problemas de sobrepoblación carcelaria, por ejemplo”, dijo. “Pasaron de tener el 44 por ciento de presos por este tema al 28 por ciento y mejoraron el sistema de atención médica.” Algo similar ocurrió en Ecuador, donde el presidente Rafael Correa firmó un indulto para las “mulas” que transportan droga y regularizó la situación procesal de miles de presos por delitos relacionados con la tenencia.

América enrejada

Ricardo Soberón, director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos de Perú, contó que le tomó sólo 10 minutos convencer al taxista que lo llevó a la conferencia de que la despenalización traería muchos beneficios. “Es fundamental, más allá de las reformas legales, que cambie la interpretación de los operadores policiales, judiciales y sanitarios. Hay que convencer al policía de que si encuentra a una persona fumando porro, lo mejor que puede hacer por su salud es no llevárselo preso”, dijo el especialista.

Luego de elogiar lo hecho por el presidente boliviano Evo Morales, quien puso “un parate” a la legislación que trata como delincuentes a los cultivadores de coca, Soberón planteó los problemas que existen en Colombia y Perú. En el país de la cumbia y el vallenato, el mandatario Alvaro Uribe pretende penalizar la tenencia de drogas, “aunque por ahora la Corte Suprema ha sabido detenerlo”. En Perú todavía existe una ley que permite que una persona permanezca encarcelada por quince días por cualquier delito relacionado con drogas. “¿Qué es lo que queremos defender, la salud pública o la seguridad pública?”, preguntó Soberón.

Para este especialista, el caso de Venezuela es uno de los más preocupantes de la región. Según sus datos, la situación carcelaria es “la más grave de Latinoamérica”. El chavismo, agregó, no hizo ninguna modificación de la ley vigente. Su conclusión es que la persecución penal de los usuarios es una distracción: “Es lo que permite que los grandes narcotraficantes puedan seguir operando tranquilamente”.

La mexicana Elsa Conde exhibió, en números, la consecuencia directa de seguir, en sus palabras, peleando por “un mundo sin drogas”. En lo que va del 2009 hubo casi seis mil muertes relacionadas con el narcotráfico en su país. En este momento, según sus datos, hay 40 mil militares en las calles y 50 mil policías federales abocados a la lucha contra las organizaciones de narcos. “En mi país se sigue la lógica de las armas –comentó–, una lógica contraria a los derechos humanos. Nadie quería discutir, hasta ahora, sobre el lavado de dinero, cuando de lo que estamos hablando es de un negocio que deja 13 mil de millones de dólares anuales en ganancias.”

¿Quién termina en la cárcel?

“De las 62 mil personas presas por estos delitos, sólo el 0,05 por ciento, cerca de 337 personas, pertenecen a las estructuras medias y altas de los narcos”, dijo Conde. El dinero del Estado destinado a prevención, acotó, es ínfimo en comparación con lo gastado en seguridad. Sin embargo, en México se sancionó una ley conocida como de “narcomenudeo”, que permite ciertas cantidades de drogas para consumo personal: la cantidad permitida para la marihuana, “una droga de gran arraigo histórico y cultural” según la ex diputada, es de 5 gramos. El último en hablar fue John Walsh, titular del Programa de Políticas de Drogas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola). El especialista expuso los cambios existentes en los nueve meses de la administración del presidente Barack Obama. “¿El Premio Nobel de la Paz tiene intenciones de acabar con la guerra a las drogas? Bueno, hay indicios en los dos sentidos”, dijo Walsh.

Aunque el tema drogas no entró en la campaña electoral de Obama, este especialista señaló ciertos cambios. El más grande ocurrió hace días, cuando se supo que desde la Casa Blanca impulsaron el pedido del fiscal general de no perseguir a los usuarios de cannabis para fines medicinales en los estados en donde está permitido este uso. Esto incluye cesar con los allanamientos a los dispensarios donde los pacientes compran marihuana, como venía pasando, ya que hay una contradicción entre las leyes de algunos estados y las leyes federales.

“Obama no ha querido hacer modificaciones para no concederle temas que le permitan a la oposición criticarlo – afirmó Walsh –; es más, cuando se supo que Joe Biden sería su candidato a vicepresidente creímos, por tratarse de un hombre formado bajo ciertas lógicas militares, que no habría forma de detener la guerra a las drogas. Sin embargo, la elección del director de la oficina para el control de drogas (Gil Kerlikowske) fue positiva, demuestra que Obama está más preocupado por la salud de los consumidores que por su represión.”

Además hay algunos proyectos de ley para mejorar las políticas de drogas en Estados Unidos y también hacia afuera. Las señales hacia el otro lado son, entre otras, las bases militares que Obama planea instalar en Colombia para combatir, supuestamente, al narcotráfico. En ese sentido, Walsh no diferenció entre demócratas y republicanos. “La guerra contra las drogas ha sido un fenómeno bipartidario; sin embargo, se dan pasos pequeños pero reales”, concluyó Walsh.