El último Informe global sobre la droga 2016 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) presenta un análisis extenso sobre producción, incautaciones y consumo, que lleva a una conclusión sorprendente: el negocio de la cocaína parecer estar cayendo. El informe plantea una pregunta que tiene implicaciones importantes para el crimen organizado de Latinoamérica: ¿hay contracción en el mercado global de la cocaína?

A pesar de que la legalización del cannabis medicinal está avanzada en la región, todavía hay muchas trabas que impiden su producción y comercialización. Así lo reveló el estudio realizado por Alfredo Pascual y publicado por el Marijuana Business Daily International, titulado ‘Cannabis en América Latina: regulaciones y oportunidades’. El estudio revisa el estado del marco legal del cannabis en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Por ahora Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay ya tienen regulada la ley para el cannabis medicinal, mientras que Perú tiene implementada una ley, pero no hay acceso a ningún producto. (Véase también: Hay 386 licencias para producción y transformación de cannabis en Colombia)

La Fundación para el Desarrollo de Cannabis en Europa (Eurofucann), reportó que en países latinos como Colombia y Perú, el año pasado cada uno dejó de recibir inversión extranjera de por lo menos US$300 millones, ya que las empresas que trabajan con el cannabis medicinal tienen problemas en la relación con entidades financieras no solo para pedir créditos, sino para guardar los dineros. En el caso de Colombia, donde entre 2017 y 2018 creció 34% el número de empresas con licencia para la explotación de la planta (y hoy va en 94 entidades con el permiso), el presidente de Pharmacielo, Federico Cock, señaló que solo BBVA “está ofreciendo oportunidades para que las compañías del sector puedan solucionar temas como monetización y el fondeo”.

There is no shortage of people willing to plant and harvest coca; and there is no shortage of cocaine. According to the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), global production hit a record 1,982 tonnes in 2020. That number is up by 11% on the year before, and nearly double the amount produced in 2014. Plenty of Latin American presidents have said the war is not working—though they tend to do so only once they have safely left office. Now some of those in power are beginning to speak up, too. In an interview with The Economist, Gustavo Petro, Colombia’s new president, talked of leniency for repentant gang members, decriminalising coca-leaf production and creating places where Colombians could consume cocaine in a supervised environment.

Hasta seis años de cárcel contra las personas que posean una cantidad de marihuana para su consumo propio mayor a la permitida, planteó en un proyecto de ley el congresista de Somos Perú Jorge Luis Pérez Flores. La iniciativa legislativa 5012/2020-CR, que lleva, además de su firma, la de otros 8 parlamentarios de Somos Perú, propone modificar el artículo 299 del Código Penal, y con esta modificación, establecer la punición de la posesión de marihuana y, en general, de drogas para consumo propio, invirtiendo así la naturaleza de la actual normativa. A la fecha, el artículo 299 del Código Penal no contempla la punición de esta circunstancia, según lo indica el mismo texto de la norma.

Many myths surround coca. Every day press accounts around the world use the word coca in their headlines, when they refer in fact to cocaine. TNI's Drugs and Democracy Team expose the myths and reality surrounding the coca leaf.

See also: Fact Sheet: Coca leaf and the UN Drugs Conventions

La Ley N° 30681 que regula el uso medicinal del cannabis fue aprobada hace dos años y su reglamento salió publicado el 23 de febrero del 2019. Sin embargo, las condiciones para que se aplique la importación y producción aún avanzan lentamente. Para Ana Álvarez, de Buscando Esperanza, la Ley del Cannabis Medicinal no favorece a los pacientes, pues este dispone un límite de THC y con la importación se tendrá una medicina estandarizada. “Con este reglamento vamos a ser perseguidas. Necesitamos variedades de cepas, pues cada organismo es diferente”. Pidió que se dé una ley para el autocultivo o cultivo asociativo con un registro de pacientes y regulado por el Estado. (Véase también: Minsa aprueba documento que orienta sobre el uso medicinal del cannabis y sus derivados)

The criminalisation of people who use drugs compounds drug-related challenges and worsens health and welfare outcomes. Across the world, there is a growing number of jurisdictions where the possession of scheduled drugs for personal use has been decriminalised. In some countries and federal states, this has been extended to the cultivation of cannabis for personal use or the sharing of substances where there is no financial gain (also known as ‘social sharing’). In some legal systems criminal penalties are replaced by civil sanctions, while in other systems no penalties are applied – please see our glossary for more detailed definitions. Some form of decriminalisation has been adopted in 30 countries – with significant differences and levels of effectiveness. This interactive map provides an overview of these models, offering insights into decriminalisation laws, their implementation and impact.

Drug Decriminalisation Across the World

El consumo de esta planta ancestral en Perú se incrementó en 29% con relación al 2013. Sin embargo, la mayoría de la producción cocalera (más de 120 mil toneladas) sigue siendo comprada por el narcotráfico. Solo el 10% tiene fines legales. Según el Informe sobre la Demanda de Hoja de Coca para Fines Tradicionales e Industriales 2019, en el país hay casi 6 millones de personas que consumen la hoja ya sea de forma tradicional o industrial. Esto es 29% más con relación al número de consumidores (5,1 mlls.) del 2013. El consumo de hoja de coca ha sido mayoritariamente en la sierra (71,5%) y en áreas rurales (57,3%). Sin embargo, ya desde el 2003 se observa un incremento en las áreas urbanas, incluyendo a Lima Metropolitana.

An elderly cleaning lady enters the huge empty UN aula in New York with her polishing cart, to get the venue spic-and-span for an important upcoming meeting. A voice in the background explains: "Here, in this room, on the 8, 9 and 10 of June world leaders will join forces to confront the drug problem". As the lady dusts off a globe, in the swaying movement, a roaring helicopter appears spraying herbicides, followed by a fast sequence of images like burning drug crops, heavily armed soldiers and a farmer processing coffee. The voice ends with the slogan: "A drug free world - We can do it!"

After years of increasing numbers of retreat centers and ayahuasca processing facilities opened, reports are starting to surface disclosing the apparent scarcity of harvestable ayahuasca vine in the Iquitos wilderness. A cry of alarm resounded throughout the online psychedelic communities with the publication of an article “We Are Harvesting the Ayahuasca Vine at an Alarming Rate” written by Carlos Suárez Álvarez, which discussed the “excessive” levels of vine harvesting due to increasing global demand. The article claims in foreboding language: “Over-harvesting ayahuasca is putting the sustainability of the medicine, the communities, and several branches of industry in question.”

Expertos e informes en América y Europa coinciden en este punto: los carteles-monopolio al estilo Pablo Escobar, que organizaban toda la operación desde la plantación a la distribución, no eran estructuras preparadas para sobrevivir en el tiempo. Desde que los grandes carteles colombianos se empezaron a fragmentar en los años noventa, el negocio del tráfico se fue dislocando y tercerizando. A partir de entonces, campesinos, fabricantes, empresarios, transportistas, aduaneros, pilotos, marineros, buzos, policías, militares, peones y vendedores al menudeo forman los eslabones de una cadena que, al cerrarse, hacen que la cocaína de los Andes llegue a cualquier destino del mundo. Y lo hacen de forma compartimentada, autónoma.

El estado colombiano lleva décadas tratando de eliminar los cultivos ilícitos, pero la extensión del cultivo de coca continúa cerca de sus máximos históricos. Las 169,000 hectáreas cultivadas en el 2018 ubican a la coca entre los 10 cultivos no-transitorios más grandes del país, según el censo nacional agrícola. Esto significa que los billones de impuestos gastados en erradicación y glifosato, la degradación ambiental en zonas de mega-biodiversidad, y la pérdida de incontables vidas, no han bastado para reprimir ni el cultivo de cocani el narcotráfico que lo alimenta. El camino hacia el cambio de estrategia es la investigación e innovación de los usos de la coca en asocio con las comunidades cultivadoras e indígenas: las que más han sufrido los flagelos del narcotráfico y la política de drogas.

Doce parlamentarios de distintas fuerzas políticas anunciaron que trabajarán conjuntamente para formular una política de drogas desde el enfoque de la salud pública y la regulación del consumo. Este grupo está de acuerdo en que el paradigma con el que se ha enfrentado esta problemática debe cambiar y su primer proyecto será reglamentar el uso de la marihuana recreativa en Colombia. El objetivo es ambicioso: cambiar una política de drogas que ha reinado en Colombia y el mundo por más de 30 años; desarrollar el punto de drogas del Acuerdo de Paz, que implica garantías de sustitución de cultivos ilícitos; asegurar las inversiones de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y combatir la política prohibicionista, basada en la penalización del consumo.

"El pacto social es para acordar una erradicación voluntaria, pacífica y progresiva de los cultivos de coca y el compromiso de no resembrar", señala el nuevo jefe de la política antidrogas del Perú, Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas (Devida). “Este pacto social tiene tres niveles: un acuerdo con los cocaleros y sus organizaciones, un segundo nivel con las municipalidades locales y gobiernos regionales, y un tercero con la población de esos lugares. A cambio les ofrecemos a los agricultores un programa de desarrollo alternativo que llegará oportunamente, asistencia directa a través de la entrega de bienes, insumos, equipos, asistencia técnica, asociatividad, gestión comunal, y también daremos transferencias financieras a los municipios locales."

When Peruvian government forces began eradicating coca leaf, the raw material for cocaine, without warning in a remote corner of Peru’s principal coca growing region last November, they were met by growers armed with sticks and rocks. The security forces backing the eradication brigades responded by firing bullets and tear gas, seriously wounding five farmers. For 40 years, policies in Peru have prioritised forced eradication of coca leaf under intense pressure from the US government. Weak economies, farmers turned into outlaws, and human rights violations are the result of this militarised crop and drug control strategy.

The coronavirus outbreak has upended industries across the globe. The international narcotics trade has not been spared. From the cartel badlands along the U.S.-Mexico border and verdant coca fields of the Andes, to street dealers in London and Paris, traffickers are grappling with many of the same woes as legitimate businesses. On three continents, Reuters spoke with more than two dozen law enforcement officials, narcotics experts, diplomats and people involved in the illicit trade. They described a business experiencing busted supply chains, delivery delays, disgruntled workers and millions of customers on lockdown. They also gave a window into the innovation - and opportunism - that are hallmarks of the underworld.

Across the world, the state of environmental stress is unprecedented. As scholarship and activism on ‘environmental justice’ points out, poorer and marginalised communities face particular exposure to environmental harms. This holds particularly true for populations in the global South. The role of illicit drugs in relation to these environmental stresses is an underexplored terrain. Yet, as this report will argue, drugs, as well as the policy responses to them, are an environmental issue.

Download the report (PDF)

As a farmer eking out a living in Peru’s central jungle, Rubén Leiva grew one cash crop that seemed immune from global cycles of booms and busts. But the coronavirus pandemic has accomplished what neither other international crises nor a U.S.-backed “war” ever could: a collapse in the price of coca leaf, a natural stimulant that is the building block of cocaine. The great coca crash of 2020 — prices for the leaf in some regions of South America have fallen as much as 73 percent — illustrates the extent to which the pandemic is disrupting every aspect of global trade, including the traffic in illegal drugs. Lockdowns have sealed regional borders and sharply curbed domestic and international transit, challenging the ability of cartels to move product by land, air or sea.